Perú: un Estado que reprime y no escucha

La muerte de 60 personas, desde que empezó la represión de la protesta social en Perú el 7 de diciembre de 2022, ha sido causa de un gran dolor en las familias que han tenido que despedir a sus seres queridos. Cientos de familias han sido afectadas por la grave situación que se vive en el país, que no puede mantenerse ni debe agudizarse más. Por eso, desde Amnistía Internacional insistimos en el fin de la impunidad y el acceso a la justicia.

En esta lamentable crisis hay historias y proyectos de vida que se han truncado como el de David, una de las primeras víctimas. Èl tenía solo 15 años cuando murió al recibir un disparo mientras participaba en las protestas sociales, o el de Marco Antonio Samillán Sanga, un estudiante de medicina que auxiliaba heridos en la ciudad de Juliaca, quien falleció también a consecuencia de un disparo.

En lugar de promover el diálogo para resolver la crisis política, las autoridades optaron por la represión, lo que agudizó la espiral de violencia que derivó en una grave crisis de derechos humanos. Desde que empezaron las protestas en Perú se han decretado ya tres estados de emergencia, una medida que permite a las fuerzas armadas apoyar a la policía nacional en el control interno del país. Esto claramente no es la solución, pues tan solo 24 horas después de empezar el primer estado de emergencia, el 14 de diciembre de 2022, el número de víctimas mortales se duplicó. Además, a la fecha, se registran aproximadamente dos mil personas heridas.

Desde Amnistía Internacional demandamos el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza, así como una investigación exhaustiva, imparcial y oportuna de los hechos, que no permita la impunidad de las fuerzas del orden ni de aquellas personas, hasta el más alto nivel, que pudieran ser responsables por ordenar o permitir violaciones de derechos humanos. Esto es fundamental para que las familias accedan a la justicia, pero también debe ser una garantía de que estos hechos no se repitan.

Amnistía Internacional envió una misión a Perú

Sin embargo, algunos aspectos ya generan preocupación sobre la idoneidad de las investigaciones que se han iniciado. El equipo de respuesta de crisis de Amnistía Internacional, que ha visitado en estos últimos días Apurímac y Ayacucho, ha corroborado que la Fiscalía Nacional (FN) no ha realizado todas las diligencias necesarias, como el levantamiento de medios de prueba o la toma de declaraciones en algunas de las zonas donde se registró la represión de la protesta y donde murieron al menos 16 personas y decenas sufrieron lesiones graves.

Ante esto, demandamos a la FN cumplir con la debida diligencia para esclarecer estos trágicos hechos que no pueden repetirse. A nivel internacional hemos lanzado una Acción Urgente para que el gobierno peruano ponga fin de inmediato a todas las formas de fuerza ilegítima por parte de las fuerzas de seguridad.

Cabe destacar que durante los últimos dos años no hemos dejado de manifestar nuestra preocupación por la vigencia de Ley de Protección Policial (Nº 3110), que deja abierta la posibilidad para que el uso excesivo de la fuerza, por parte de la policía, quede en la impunidad. Por ello, pedimos a las autoridades judiciales no aplicar esta norma que contraviene el principio de proporcionalidad, y al Congreso de la República hemos solicitado que la derogue. La rendición de cuentas de las fuerzas del orden y la investigación por el uso desproporcionado de la fuerza son elementos esenciales para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Discurso oficial que estigmatiza la protesta

Esta impunidad se refuerza con el discurso oficial que estigmatiza y criminaliza a las personas que protestan. El respaldo de la presidenta Dina Boluarte a las fuerzas del orden, cuya actuación catalogó como “inmaculada”, después de la muerte de 60 personas en el marco de las protestas, ilustra la falta de sintonía de las autoridades con el dolor de numerosas familias.

En contraste, a las personas que protestan se les tilda de “vándalos”, “azuzadores” o “terroristas”. El “terruqueo” –que consiste en llamar o vincular con terroristas a las personas que protestan– ha llegado a tal punto que el Ministerio del Interior ha creado un correo electrónico oficial para recibir denuncias de “apología del terrorismo” en las redes sociales, lo cual puede ser una forma de querer silenciar a las voces críticas.

Aunado a estas narrativas, las medidas oficiales son también discriminatorias. Es importante señalar que la gran mayoría de las personas que han muerto en las movilizaciones son del sur andino del país, cuya población es mayoritariamente indígena y donde se registran los mayores índices de pobreza.

Un ejemplo claro de esto es lo que sucedió el 21 de enero en la Universidad Mayor de San Marcos, donde se alojaban personas provenientes principalmente de regiones del sur andino del país y que participarían en las protestas en Lima. La policía ingresó al campus universitario utilizando la violencia de manera innecesaria, tiró al suelo a quienes allí se alojaban, detuvo a unas 200 personas y las sometió a tratos inhumanos y degradantes.

Otro aspecto que es de gran preocupación para Amnistía Internacional es la falta de atención a las personas heridas en el marco de la represión de las fuerzas del orden. Nuestro equipo en el terreno ha recibido numerosos testimonios de víctimas de escasos recursos, que no cuentan con atención médica o que se les dio de alta sin haberse recuperado completamente.

A otras personas que fueron trasladadas de emergencia a Lima, para recibir atención médica, no se les dio apoyo (pasajes de regreso) para retornar a sus lugares de origen. Y lo más grave, hay quienes han manifestado que no se han acercado a los centros de salud para recibir atención por temor a represalias.

En los hechos la escucha y el diálogo, elementos primordiales en toda negociación, son las grandes ausentes en la agenda del Estado peruano que, en cambio, al privilegiar el uso de la fuerza ante las demandas sociales conduce al país por una vorágine de violencia interminable.

Desde Amnistía Internacional no dejaremos de insistir en que haya una respuesta adecuada a la crisis política y social que se vive en el país, así como en un ejercicio de rendición de cuentas que acabe con la impunidad y lleve ante la justicia a las autoridades responsables de ordenar o tolerar el uso excesivo de la fuerza y con ello las muertes arbitrarias y lesiones graves sufridas por decenas de personas en el contexto de las protesta social.

¡Nuestro movimiento ya se ha puesto en marcha por el respeto irrestricto de los derechos humanos en Perú y la defensa del derecho a la protesta!

* Marina Navarro Mangado (@mnavarromangado) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú (@amnistiaperu).