Lo que piden las personas refugiadas es un acto de justicia, no de caridad

Cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Más allá de los discursos oficiales y las campañas institucionales, esta fecha nos obliga a mirar de frente a quienes han huido de sus países por violencia, pobreza o desastres climáticos y han encontrado en la migración no una solución inmediata, sino otra serie de barreras, abandono institucional y muchas veces, rechazo.

México ha pasado de ser un país de tránsito a un país de destino para miles de personas refugiadas. En 2024, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) registró más de 80,000 solicitudes de asilo, una cifra que, aunque representa una disminución del 40 % respecto al año anterior, sigue posicionando a México entre los 10 países con mayor número de solicitudes de asilo a nivel mundial. Las principales nacionalidades de origen siguen siendo Honduras, Haití, Cuba, El Salvador y Venezuela, cuyos contextos de violencia estructural, crisis económica o inestabilidad política siguen expulsando a sus habitantes.

A pesar de contar con un marco legal sólido y de que la COMAR ha hecho esfuerzos valiosos —como resolver 40 % más solicitudes que en 2023 y mantener una tasa de reconocimiento de personas refugiadas superior al 60 %—, el sistema se encuentra desbordado. Esta sobrecarga no es accidental ni inevitable: es producto de una política migratoria cada vez más compleja y restrictiva, de una reducción presupuestal severa y de una lógica de contención dictada, en muchos casos, por presiones externas y acuerdos bilaterales con Estados Unidos.

El ejemplo más grave de estas restricciones es la reducción del 97 % en la emisión de Tarjetas de visitante por Razones Humanitarias (TVRH) por parte del Instituto Nacional de Migración. Esta decisión y la continua falta de documentación deja a decenas de miles de personas —incluidas niñas, niños y adolescentes— en un limbo legal, sin posibilidad de acceder a servicios básicos como salud o educación, sin protección ante actos de violencia, extorsión o trata de personas y sin la oportunidad de trabajar formalmente.

No tener papeles es, en México, es sinónimo de ser invisible y vulnerable. Sobre todo para la niñez y adolescencia refugiada o en búsqueda de serlo, quienes viven esta realidad con un costo altísimo. En 2024, el 25 % de las solicitudes de asilo fueron presentadas por niñas y niños, y más de 700 de estas fueron de menores no acompañados. Esta niñez enfrenta múltiples barreras para continuar su educación, para acceder a atención médica o incluso a condiciones mínimas de vivienda y alimentación. En ciudades como la CDMX, los albergues llegaron a operar al 500 % de su capacidad, lo que no solo compromete la dignidad y la seguridad de las personas refugiadas, sino que también pone en riesgo a poblaciones especialmente vulnerables como mujeres embarazadas, personas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad.

Ante este escenario, organizaciones de la sociedad civil hemos acudido en ayuda para intervenir por las y los más vulnerables. Desde Save the Children activamos nuestra respuesta humanitaria para mitigar el impacto de estas condiciones en la vida de miles de niñas, niños, adolescentes y sus familias: desde la promoción del acceso a la salud y la educación, hasta la atención psicosocial, la gestión de casos, el establecimiento de clubes comunitario y la capacitación en habilidades para la vida. En Chiapas, Oaxaca, CDMX, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas —entidades clave para el fenómeno migratorio— nuestras acciones han marcado la diferencia, pero no es suficiente para seguir sosteniendo el derecho al refugio.

En este Día Mundial de las Personas Refugiadas no podemos seguir tolerando que el refugio en México dependa del esfuerzo heroico de unas cuantas instituciones desbordadas o de organizaciones no gubernamentales. El derecho al asilo es un derecho humano consagrado en tratados internacionales, en la Constitución y en nuestras leyes nacionales. Sin embargo, el cumplimiento de ese derecho está condicionado a una estructura que prioriza el control migratorio, la criminalización del migrante y el abandono presupuestal.

Hay que asumir de una vez que no se puede hablar de derechos humanos si no se garantiza una integración digna, segura y sostenible para quienes solicitan protección. Nuestro país ya no solo es la última parada en la ruta migratoria, sino un lugar de acogida; por lo tanto, abrir las puertas no es suficiente, es urgente cambiar la narrativa y dejar de ver a las personas refugiadas como una carga, y reconocerles como lo que son: sobrevivientes.

Las personas refugiadas —en especial las niñas, niños y adolescentes— no son invasoras ni simples estadísticas, son víctimas del abandono global, son pupitres vacíos en su lugar de origen, son familias separadas, son historias que merecen ser atendidas  con humanidad y dignidad.

La forma en la que México trata a las personas refugiadas no solo debe depender de las instituciones, también es responsabilidad de la sociedad y las comunidades a las que llegan huyendo de del miedo, la inseguridad y la falta de acceso a sus derechos, con la intención de aportar, crecer y vivir en paz. La historia nos juzgará por cómo tratamos a quienes llegaron a nuestras fronteras buscando refugio. En un mundo en crisis, ser refugio es un acto de justicia, no de caridad.