Día mundial de la persona refugiada: la crisis del sistema de asilo en México y Estados Unidos

“Solicitamos la cita con mi familia hace nueve meses. Somos siete. Mi esposo, mis tres hijos, mi hermana y mi suegra. Solicitamos la cita y desde entonces estamos aquí. Esperando”, relata Sonia, venezolana solicitante de asilo en Estados Unidos a través de la aplicación CPB-One, tras la cancelación de prácticamente todas las vías para ingresar legalmente al país desde el 20 de enero de 2025 con el comienzo del segundo mandato presidencial de Donald Trump.

Tras la cancelación de la aplicación CPB-One, miles de personas como Sonia y su familia, —incluso aquellas que ya tenían programada una cita para presentarse en uno de los puertos de entrada– quedaron varadas en México, sin alternativas para ejercer su derecho a solicitar y recibir asilo por partida doble, ya que una restricción administrativa mexicana establece un plazo de 30 días desde su ingreso al país para realizar dicha solicitud, lo que deja afuera a personas que se encuentran en tránsito prolongado y eleva la probabilidad de que sus condiciones de vulnerabilidad se agraven.

A cinco meses del inicio del segundo mandato de Donald Trump, el gobierno de México no ha implementado cambios sustantivos en sus políticas de asilo, a pesar del impacto que ha tenido la emisión de más de 22 órdenes ejecutivas tan sólo el primer día —con un claro enfoque restrictivo y anti-inmigratorio– sobre el sistema de asilo y la política migratoria. Estas medidas han provocado, además, una clara reconfiguración de los flujos y rutas migratorias internas. Tal vez uno de los efectos más visibles, paradójicamente, ha sido la disminución de personas alojadas en los albergues socios de la Redodem, una tendencia que comienza a observarse en distintas regiones del país.

Sonia y su familia no han podido —y tampoco quieren— continuar su ruta migratoria hacia el norte, porque su familia no cuenta con los recursos económicos ni con redes de apoyo que les permitan pagar las cuotas que exigen los grupos criminales a lo largo del camino. Conforme han ido avanzando, cuenta, la violencia que han experimentado se ha intensificado, aunque de momento uno de sus mayores temores es verse expuesta nuevamente a un traslado al sur del país por autoridades migratorias. “Para nosotros sería como empezar de cero”, dice.

Las medidas de gestión migratoria de Estados Unidos también han influido en la actuación del gobierno mexicano, que ha reforzado las prácticas de contención –como el despliegue de 10,000 efectivos militares en la frontera norte del país– y de disuasión –como el traslado forzado al que fue sometida la familia de Sonia–,  generando preocupaciones graves desde una perspectiva de derechos humanos, debido a las afectaciones psicosociales que enfrentan las personas en movilidad, las restricciones en el acceso a derechos básicos de subsistencia, así como al asilo y la no devolución, la separación familiar, y los riesgos a su integridad y seguridad al verse expuestas a redes criminales en cada traslado forzado.

Cuando le preguntamos a Sonia qué imagina para el futuro de su familia, nos dice que le resulta imposible pensar en volver a Venezuela. Incluso la opción de volver a asentarse en Colombia ha quedado descartada, pues ha vendido todo lo que tenía con tal de poder avanzar hasta aquí. Actualmente, la región centro del país concentra la mayor presencia de albergues socios de la Redodem, así como una amplia red de solidaridad conformada por parroquias, diócesis y albergues que forman parte de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH); sin embargo, para Sonia y su familia, estos espacios de acogida no responden a las necesidades que enfrentan en este momento. Aunque han recurrido a ellos en momentos cruciales durante su tránsito —y siguen siendo prácticamente los únicos lugares a los que pueden acercarse sin temor a ser perseguidos o señalados—, hoy se encuentran en una situación de profunda incertidumbre y mayor desprotección tras perder toda esperanza de presentar su caso de asilo en Estados Unidos; tampoco el Estado mexicano les ofrece certezas.

La situación de Sonia forma parte de un patrón más amplio de políticas que, lejos de ofrecer respuestas, han construido obstáculos. Miles de personas están quedando “atrapadas” en acuerdos bilaterales que en muchos casos no son públicos y en otros casos, como la prohibición en el acceso a 12 nacionalidades a Estados Unidos, entre ellos incluida Venezuela —con un sesgo abiertamente racista— trasladan la responsabilidad a las personas forzadas a huir, criminalizando su origen y restringiendo su derecho a recibir protección y favorecer su integración en las comunidades.

Este año la conmemoración del día mundial de la persona refugiada resulta particularmente importante para subrayar la responsabilidad de los Estados para garantizar progresos –no retrocesos— en el acceso a derechos fundamentales como el asilo, la protección internacional y la no devolución, pues la aparente disminución de personas extranjeras migrantes forzadas en México puede estar invisibilizando una nueva realidad en las dinámicas migratorias que es urgente entender y atender, pues puede generar mayores riesgos de desprotección para miles de personas y familias.

* La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes – REDODEM (@RedodemMX) es una red nacional de albergues, casas para migrantes y organizaciones en 14 estados del país.