¿Por qué quiere borrar el Estado a las personas desaparecidas?

Las amenazas, ataques, desplazamiento forzado y asesinatos contra las colectivas que buscan a las personas desaparecidas en México se han incrementado en el último lustro. “Buscar no debe costar la vida”, advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una dura sesión efectuada el 28 de febrero de 2024, en la que se analizó ese problema. En la misma, y ante la falta de respuesta efectiva del Estado mexicano para buscar a las personas desaparecidas y garantizar la seguridad de las buscadoras, una represente de ellas advirtió a éste: “estamos aquí porque ustedes nos cerraron las puertas”.

Al 29 de febrero de 2024, el número de personas desaparecidas en México ascendía a 114,557. En enero de este año el número fue de 867, por lo que en el país desaparecen 28 personas diariamente. Cuántas familias rotas existen en el país por esa situación y cuántas madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos, amigas, las están buscando porque el Estado no lo hace. El amor por sus familiares desaparecidos es lo que les da fuerza para vencer el miedo y seguir adelante con la esperanza de encontrarlos.

La ausencia del Estado es inaudita

En su último informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) reportó que de diciembre de 2010 al mes de abril de 2022 –fecha en que presentó dicho documento– fueron asesinadas 13 personas buscadoras, seis desde 2018, “presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda”. El documento advierte de la persecución, desapariciones y tortura que padecen las personas por buscar a sus familiares o haber denunciado su desaparición.

El Comité Cerezo ha informado a su vez que de 2006 al 30 de agosto de 2023 fueron asesinadas 11 buscadoras en todo el país.

La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato dio a conocer que entre 2019 y 2022 el gobierno de ese estado atendió 19 casos de agresiones a personas buscadoras en esa entidad. La información la obtuvo mediante una solicitud de información. La misma organización precisó que en el estado han sido asesinadas seis personas buscadoras desde 2020.

Es terrible el nivel de violencia que enfrentan las personas buscadoras y más allá de las cifras referidas tienen nombre y apellido: en nuestro Informe Anual 2022/23 denunciamos los asesinatos de las madres buscadoras Rosario Lilián Rodríguez Barraza y Blanca Esmeralda Gallardo ocurridos en noviembre de 2022, en los estados de Sinaloa y Puebla, respectivamente, y el de María del Carmen Vázquez en el estado de Guanajuato.

Teresa Magueyal, fue asesinada el 5 de mayo de 2023; a Yesenia Guadalupe Durazo Cota, la secuestraron hombres armados en Arivechi, Sonora y el 25 de mayo de 2023 afortunadamente regresó a su casa por sus propios medios.

Ceci Flores, de la colectiva Madres Buscadoras de Sonora tuvo que pedir, el 1 de septiembre de 2023, piedad a los grupos delincuenciales para poder continuar la búsqueda de familiares desaparecidos. Sobre ella pesan amenazas de muerte.

El 15 de enero de 2024 personas armadas entraron al domicilio de Lorenza Cano, en Salamanca, Guanajuato, mataron a su esposo e hijo y se la llevaron. Angelita Meraz León fue asesinada el jueves 8 de febrero de 2024, en Tecate, Baja California

En Guanajuato, Karla Martínez, de la colectiva Hasta Encontrarte, fue amenazada de muerte por organizaciones criminales en enero de este año. La colectiva tuvo que suspender el trabajo de búsqueda para no arriesgar la seguridad de sus integrantes.

La presión de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) obligó a las autoridades a incluir a Karla en el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A la fecha, la investigación judicial iniciada en su caso, más allá de la ampliación de su declaración, no registra mayor avance.

Karla ha limitado sus actividades en aras de mantener su seguridad, pero el miedo no desaparece. Le es muy difícil dejar las actividades de búsqueda de su hermano, “debo hacerlas, nos dice, porque es lo que me mantiene viva, no puedo estar parada mucho tiempo”.

Ante el tamaño de esta crisis y la falta de respuesta del Estado para atenderla, las colectivas de buscadoras tuvieron que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la audiencia referida al inicio de este texto se expuso el desplazamiento forzado, las amenazas, los asesinatos y la impunidad que enfrentan las buscadoras en Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa y Puebla.

Fue una sesión muy fuerte, los problemas que enfrentan las buscadoras son terribles y así lo reconocieron personas funcionarias de la CIDH y del Alto Comisionado de la ONU, presentes en la reunión, quienes destacaron también el compromiso inquebrantable de las buscadoras para con sus familiares desaparecidos y al mismo tiempo el trabajo que hacen para que las instituciones cumplan con su deber de prevenir investigar y atender las desapariciones.

Estado en falta

La investigación de los casos de desaparición es una labor que corresponde al Estado. En ese proceso debe garantizar a las familias su derecho de acceso a la verdad y a la justicia mediante una investigación efectiva, así como a buscar, recibir y difundir información, tal como lo establecen diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Internacional de la ONU para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Pero ello no ocurre. El Estado mexicano es incapaz de frenar la creciente violencia que atenta contra la integridad y la vida de quienes vivimos en este país –el mayor ejemplo de ello son las desapariciones que a diario se registran en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)–, así como de dar seguridad a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos con sus propios recursos y contactos.

Afrenta sobre afrenta

En este contexto, el gobierno federal presentó el 14 de diciembre de 2023 los resultados de una Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, que redujeron notablemente la cifra de personas desaparecidas que se conoce de manera oficial a través de la CNB.

La metodología de dicha estrategia ha sido severamente cuestionada, desde el censo que se utilizó y que no deja en claro el universo de población consultado, hasta el resto de los instrumentos utilizados en la investigación. Y hay mucha razón en ello, pues la situación de 79 mil 955 personas fue clasificada de manera ambigua.

En su prisa por presentar una realidad alterna sobre la situación de las personas desaparecidas, las autoridades informaron de la localización de personas pero no presentaron pruebas de vida, por lo que las colectivas de buscadoras denunciaron la falta de transparencia y una posible manipulación de datos.

¿Por qué quiere el gobierno borrar la cifra de personas desaparecidas en México? Esta burda maniobra es una grave ofensa para las víctimas y sus familias, que se suma a la incapacidad del Estado para cumplir con su deber de localizarlas.

Desde Amnistía Internacional emitimos una Acción Urgente, el 18 de enero de 2024, para expresar nuestra preocupación por las consecuencias de la referida Estrategia de Búsqueda y porque ésta no fue consultada y su aplicación no fue coordinada con las colectivas de búsqueda.

La Acción Urgente incluye un llamado al gobierno mexicano para garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición mediante la transparencia y la participación de las familias de las víctimas en la preparación del censo. Desde este espacio invito a las personas lectoras a sumarse a esta iniciativa.

Nuestro movimiento ha hecho también un llamado a las autoridades para que emprendan acciones enfocadas en localizar a las personas desaparecidas y en modificar las condiciones para que en este país dejen de desaparecer las personas.

El jefe del Ejecutivo ha declarado reiteradamente que ya cumplió con sus compromisos de gobierno. No es así, aquí está un gran pendiente –de muchos otros– que no ha tenido la atención debida. No podemos permitir que la memoria y la dignidad de las personas desaparecidas se borre con tal ignominia.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).