Jorge Avila · 11 de abril de 2026
El pasado martes, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se llevó a cabo un diálogo entre Marcela Figueroa —titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)— y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo fue discutir el estado actual del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Figueroa profundizó en el contexto y la lógica de los datos presentados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 27 de marzo. Señaló que, de los 132,534 registros de personas desaparecidas, 36% cuenta con información insuficiente (para la búsqueda); 31% presenta algún tipo de actividad administrativa posterior al registro de desaparición; y 33% no cuenta con actividad posterior al registro. De este último grupo, apenas 3,869 casos (2.9% del total) cuentan con una carpeta de investigación abierta en fiscalías.
Las cifras, desde su presentación pública, detonaron cuestionamientos. El encuentro no los agota, los matiza, profundiza y diversifica.
Figueroa aclaró que el Gobierno federal no realizó ninguna reclasificación administrativa de los registros del RNPDNO. Los estatus se mantienen: personas desaparecidas y no localizadas, y personas localizadas. La precisión es relevante porque implica que no hubo, al menos en términos administrativos, una depuración de la base. Habrá que observar, sin embargo, cómo evoluciona la narrativa pública en torno a estos datos.
Lo que sí ocurrió fue un ejercicio de caracterización analítica. Un diagnóstico de la base. Útil sólo si sirve para dos cosas: explorar las debilidades institucionales que explican el desorden administrativo identificado en dicho análisis y sobre todo si llevan a la corrección de las mismas.
La diversidad de los datos expone fallas estructurales del sistema de seguridad y justicia. En particular, los registros incompletos o aquellos con actividad posterior a la desaparición. No se trata sólo de inconsistencias técnicas, sino de instituciones que operan sin incentivos políticos para resolver la crisis y con capacidades limitadas: falta de recursos, déficit de personal y condiciones laborales que dificultan cualquier respuesta efectiva.
El dato más atroz es otro: apenas 2.9% de las personas sin actividad posterior cuenta con una carpeta de investigación. La cifra no sólo describe un rezago; revela una ruptura. Habla de una ciudadanía que no confía en denunciar, de autoridades incapaces de revertir esa desconfianza y de una procuración de justicia desvinculada del sufrimiento de las víctimas —y, en ese sentido, funcional a su persistencia.
La oportunidad, si se asume con seriedad, es clara: ordenar el quehacer del Estado. No rasurar cifras ni administrar percepciones, sino esclarecer, caso por caso, el estatus de las personas registradas, su perfil y las circunstancias que explican su presencia en el RNPDNO.
El propio ejercicio abre más preguntas de las que responde. Entre los tres tipos de registros, uno de los que más inquietud ha generado es el de personas con actividades administrativas posteriores a su desaparición. La autoridad sustenta esta categoría a partir del cruce de bases de datos como las del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o el Instituto Nacional Electoral (INE). Para ello, utiliza como identificador la Clave Única de Registro de Población (CURP).
La narrativa oficial sugiere que estas personas se encuentran con vida. Pero esa conclusión es, en el mejor de los casos, apresurada. ¿Puede descartarse que actores criminales utilicen datos o identidades de sus víctimas después de su muerte? ¿Puede asumirse que las actividades registradas equivalen a una vida fuera de riesgo? Casos vinculados a trata de personas o suplantación de identidad muestran lo contrario: el uso de documentos oficiales puede formar parte de mecanismos de ocultamiento.
El dato, por tanto, no debería conducir a certezas fáciles, sino a un principio más exigente: revisión individualizada. Lo mismo aplica para los registros incompletos y los aparentemente completos. Todo registro en el RNPDNO debe asumirse, de entrada, como la expresión de una víctima real.
El diálogo entre el Estado y la sociedad civil no sólo es deseable, es indispensable. No sólo como gesto político para aliviar tensiones entre diversas ideologías, sino como condición operativa para enfrentar problemas que desbordan cualquier capacidad institucional aislada. El Estado tiene atribuciones y capacidad de articulación; la sociedad civil aporta evidencia, conocimiento técnico y cercanía con las víctimas. Por separado, ambos son insuficientes. Juntos, pueden construir respuestas más completas y legítimas.
El encuentro en el CIDE es, en ese sentido, un buen inicio, como ya sucedió hace unas semanas con la presentación del Registro Nacional de Incidencia Delictiva. Pero no puede quedarse ahí. No basta con que la autoridad informe lo que está haciendo ni con que la sociedad civil reaccione desde fuera. Si algo revela la crisis de desapariciones es precisamente la distancia entre quienes diseñan las respuestas y quienes viven sus consecuencias.
El siguiente paso es mucho más exigente en la medida que demanda alinear intereses muy diversos: involucrar activamente a la sociedad civil y principalmente a las víctimas en la hechura de política pública. Esto implica diseñar metodologías conjuntas de análisis, definir enfoques de intervención con base en evidencia, construir estándares y protocolos compartidos, supervisar su ejecución y abrir canales permanentes de interlocución con fiscalías.
La voluntad de diálogo se reconoce, pero no basta. La magnitud del problema exige más: acción conjunta, sostenida y verificable, con las víctimas en el centro.
*Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua)