Redacción Animal Político · 5 de febrero de 2024
El 30 de noviembre de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación en la que reconoce que el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital General de Acapulco vulneraron los derechos humanos de Rosemari y David, al obstaculizar su acceso al aborto en un caso de alteraciones incompatibles con la vida.
En 2019 Rosemari cursaba su tercer embarazo. A las 17.4 semanas de gestación se realizó un ultrasonido obstétrico en el que detectaron alteraciones en el producto. En el Hospital General de Acapulco le proporcionaron una referencia médica para el servicio de medicina materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología, donde confirmaron el diagnóstico. Rosemari y David, su pareja, decidieron interrumpir el embarazo. Solicitaron el servicio, pero la jefa de genética lo negó.
Ante la negativa, Rosemari y David regresaron al Hospital General de Acapulco para entregar el resumen clínico del Instituto Nacional de Perinatología; con base en el diagnóstico, solicitaron verbalmente y por escrito la interrupción del embarazo. Personal del hospital le pidió a Rosemari que fuera al nosocomio para que la internaran y le realizaran el procedimiento. Cuando acudió, le comentaron que estaban esperando autorización del Comité de Bioética y, horas más tarde, que no contaban con las imágenes del ultrasonido porque el Instituto Nacional de Perinatología no las había enviado.
Días después, Rosemari se realizó el estudio requerido con un médico especialista en medicina materno-fetal en Guerrero, confirmando de nueva cuenta el diagnóstico. Rosemari y David entregaron dicho estudio en el Hospital General de Acapulco y otra vez les indicaron que la ingresarían a urgencias.
Durante la estancia de Rosemari en el hospital, en diversas ocasiones señalaron que no le realizarían la interrupción del embarazo, por lo que David presentó escritos y habló con el director para exponer lo que estaba sucediendo. Finalmente, le realizaron una cesárea, pero les informaron que había nacido una niña que respiró por sí misma.
Sin consentimiento de Rosemari y David, el personal de salud llevó a cabo varios procedimientos para asistir a la recién nacida, pero no lograron mejora alguna pues el pronóstico era malo. Ante la insistencia de David, quien mostró los estudios que confirmaban el diagnóstico, la pediatra del hospital decidió desconectar el respirador y tres días después la niña falleció.
Desde 2020, Rosemari y David recibieron el acompañamiento de GIRE para lograr el acceso a la justicia. Y fue a través de un amparo y una queja ante la CNDH que se logró el reconocimiento de la responsabilidad del Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital General de Acapulco.
En la Recomendación 269/2023, la CNDH señaló que se vulneraron los derechos humanos de Rosemari, entre ellos, a la protección de la salud sexual y reproductiva, a una vida libre de violencia obstétrica, a la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, reconoció como víctimas directas a Rosemari y la recién nacida, y como víctima indirecta a David.
Entre las medidas de reparación establecidas se señala que el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital General de Acapulco deberán colaborar en los trámites necesarios para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas emita el dictamen correspondiente que les permita a Rosemari y David acceder a la reparación integral por violaciones a derechos humanos.
Asimismo, estas instituciones deberán diseñar e impartir un curso de capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, perspectiva de género, aborto seguro y marco legal vigente en materia de interrupción legal del embarazo, y también en la aplicación del Lineamiento del Aborto Seguro.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Perinatología y la Secretaría de Salud de Guerrero deberán generar un programa permanente de capacitación para sensibilizar a su personal médico en asuntos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar; diseñar e implementar una campaña de difusión para las personas derechohabientes sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo, y generar un protocolo de actuación para la realización del aborto seguro en sus unidades médicas, que garantice la atención de forma inmediata.
Desde GIRE celebramos la emisión de esta Recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esperamos que tanto el Instituto Nacional de Perinatología como el Hospital General de Acapulco cumplan con los puntos recomendatorios y, con ello, Rosemari y David puedan acceder a la reparación integral por las violaciones a sus derechos humanos.