¿Pensiones a personas con discapacidad psicosocial?

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una iniciativa del Gobierno Mexicano que entró en vigor a nivel mundial en 2008. Este instrumento jurídico es producto del compromiso por señalar los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, reconociendo sus derechos humanos, y las define como aquellas “que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Por lo general, uno puede pensar únicamente en las discapacidades físicas o sensoriales, como problemas de movilidad, ceguera o sordera; sin embargo, la definición se amplía a otras formas de discapacidad que parecen no ser consideradas así por el grueso de la población. Una de ellas es la discapacidad psicosocial, que abarca disfunciones temporales o permanentes de la mente que impiden a quienes las padecen funcionar de forma adecuada.

Para fortalecer el compromiso de disminuir la exclusión y discriminación de personas con discapacidad, el Gobierno Federal tiene un programa de pensiones del bienestar para este sector, apoyo que es fundamental para quienes no pueden tener un nivel de productividad como el que tendría alguien sin discapacidades. El Gobierno considera discapacidades psicosociales la depresión, el trastorno de ansiedad, la psicosis, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno esquizo-afectivo y el trastorno dual.

Esta lista es llamativa ya que en ella se catalogan como trastornos padecimientos que técnicamente no lo son. Por ejemplo, la depresión: el término correcto sería “trastorno de depresión mayor”, el cual está incluido en la sección de los trastornos depresivos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Por su parte, los trastornos de ansiedad incluyen un espectro de entidades diferenciadas, como la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad generalizada o la agorafobia, por mencionar algunas. También llama la atención que se hable del “trastorno dual”, pues no se especifica si se refiere a un diagnóstico dual (es decir, dos diagnósticos realizados para un mismo individuo) o a otra cosa. La psicosis tampoco es como tal un trastorno, sino un síntoma. Y, finalmente, no hay un único trastorno bipolar: existen por lo menos dos (el tipo I y el tipo II). Pareciera que el único correctamente nombrado es el trastorno esquizo-afectivo.

Me parece oportuno señalar la importancia de la precisión en los diagnósticos para entender con mayor detalle cómo están siendo diagnosticadas las personas que acuden a servicios de salud mental, ya que los tratamientos e incluso la propia presentación del trastorno cambia; por ejemplo, no es lo mismo tener un trastorno depresivo persistente (distimia) que un trastorno depresivo mayor.

En todo caso, sabemos que los trastornos mentales con mayor prevalencia justamente son los depresivos, los del espectro de la ansiedad, los relacionados con el uso del alcohol, los bipolares, los de conducta alimentaria y los tienen que ver con la esquizofrenia.

Me parece que, con esta información en mente, se puede tejer una serie de reflexiones que conecten algunos elementos. Por ejemplo, el Gobierno de México entrega bimestralmente pensiones a las personas con discapacidad, entre las que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía incluye a quienes tienen dificultad para llevar a cabo actividades como ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, realizar su cuidado personal y comunicarse. En este sentido, la pregunta es si las personas con discapacidad psicosocial están consideradas en las pensiones del bienestar del Gobierno Mexicano.

Desde luego, muchos de los problemas de salud mental se asocian con deficiencias; por ejemplo, las personas con trastorno depresivo mayor pueden presentar problemas de concentración o de sueño, mientras que quienes sufren el trastorno de ansiedad generalizada evitan constantemente ciertas situaciones para impedir que surjan síntomas incómodos, como aumento en la presión arterial, respiraciones más rápidas de lo normal o sudoración excesiva.

Esto precisamente es lo que justifica que se las llamen “discapacidades psicosociales”. Quienes las padecen enfrentan situaciones adversas que minimizan su calidad de vida e impactan directamente en su capacidad productiva. Vale la pena preguntarse si las personas con trastornos depresivos mayores, con esquizofrenia o con fobia social deberían recibir temporalmente una pensión del bienestar, tomando en cuenta que quizás su trastorno les está impidiendo tener un rendimiento adecuado para poder solventar sus propios gastos.

Muchos de los usuarios de servicios de salud mental tienen que pagar por medicamentos o psicoterapias que en ocasiones no les son accesibles económicamente. Más aún, los pacientes con discapacidad psicosocial no pueden trabajar debido a los síntomas de su trastorno, o si lo hacen se desempeñan de manera no eficiente. Eso conduce a problemas como el desempleo, que les impide tener acceso a los servicios de salud mental que necesitan.

¿Debe el Estado asumir esta responsabilidad económica, como lo hace con personas con otro tipo de discapacidades? ¿Qué carga o costo social y económico podría tener este tipo de apoyos y programas sociales? Y si no se hace, ¿cuáles serían los criterios para tomar esta decisión? Se puede pensar de manera utilitarista argumentando que no hay suficientes recursos para apoyar a este grupo poblacional, y optar por entregar apoyos únicamente a personas con otras discapacidades. ¿De quién es pues la responsabilidad de las personas que tienen problemas de salud mental?

Poner énfasis en este tipo de preguntas y cuestionamientos permite subrayar la importancia de la salud mental, por sus implicaciones en las vidas de quienes padecen dichos trastornos. Sabemos que la depresión puede generar discapacidad como lo haría un problema físico. Por eso, me parece que es momento de entender que los problemas de salud mental generan altos costos sociales que reclaman una responsabilidad conjunta.

* Isaac Maldonado Castellanos estudió Psicología en La Universidad Salesiana y Metodología de la Ciencia en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es estudiante de doctorado en Bioética en el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM y es becario CONACyT. Sus investigaciones han sido publicadas en diversas revistas científicas y están orientadas a la salud mental, la metodología de la investigación, y la pandemia por COVID-19, así como sus implicaciones en la salud mental.

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