Reflexiones en el Día Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

El 17 de mayo, Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, representa una oportunidad crucial para reflexionar sobre los avances y los retos pendientes en la lucha por los derechos de la población de la diversidad sexual y de género en México. A pesar de significativos progresos legislativos y sociales, persisten desafíos fundamentales que requieren atención urgente y acciones concretas.

Aunque México ha hecho avances en materia de reconocimiento de derechos, como el matrimonio igualitario, que está ya legalizado en las 32 entidades del país, aún existen grandes diferencias legislativas entre las distintas regiones que lo comprenden. Las leyes que protegen contra la discriminación y promueven la igualdad necesitan ser homogéneas y aplicarse de manera uniforme en todos los estados. La falta de una legislación federal clara sobre temas como la identidad de género facilita la perpetuación de desigualdades y violencia hacia las personas trans, que a menudo enfrentan obstáculos burocráticos insuperables para el cambio de nombre y género en sus documentos oficiales.

Lo anterior sigue generando innumerables comentarios violentos hacia las personas trans en las redes sociales, por una clara falta de información adecuada o la presencia de información errónea sobre lo que significa ser una persona trans, lo cual perpetua prejuicios y estereotipos. Esto, por supuesto, lleva a generar esa violencia discursiva hacia las personas trans.

Otro de los avances significativos en la lucha por los derechos de la población LGBTIQ+ es la recién aprobada reforma al Código Penal Federal y a la Ley de Salud en materia de sanciones a las prácticas que pretenden corregir la orientación sexual o la identidad de las personas. Sin duda, un gran avance en el país para evitar estas también llamadas “terapias de conversión”, que como bien lo ha apuntado el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, son un fraude, pues, en las personas de la diversidad sexogenérica no hay nada que curar.

Este avance también genera retos importantes. No solo se trata de inhibir estas malas prácticas que hoy ya con su aprobación y su subsecuente publicación en el Diario de la Federación castigarán con prisión de dos a seis años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Se trata también de generar cambios legislativos a nivel local y la creación de políticas públicas en materia de protección y garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+. Por ejemplo, cambios en las leyes que regulan la publicidad, pues muchas de estas prácticas se difunden disfrazadas en anuncios en medios electrónicos y publicidad en espacios, principalmente, de índole religioso, de igual forma son necesarias campañas de sensibilización y denuncia de estas prácticas lo cual deberían hacer los gobiernos locales.

Cierto es que los medios de comunicación han generado a través de la publicidad representaciones simplificadas de personas y grupos para transmitir mensajes rápidamente y de manera efectiva. Estos retratos simplificados suelen basarse en estereotipos culturales y sociales que son fácilmente reconocibles por las audiencias, lo cual aumenta la probabilidad de activar los prejuicios, juzgar a las personas por su orientación o identidad de género y cometer un acto de discriminación. Por ello, es relevante que haya cambios profundos en la forma que se representa a las personas de la población LGBTIQ+ en la publicidad, y con ello evitar que se sigan perpetuando estereotipos que lleven a las personas a recurrir a los llamados “Ecosig o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género” en las familias.

Esta reflexión nos lleva a los retos que tiene la educación en materia de inclusión y en temas relacionados a la comunidad LGBTQ+, para la transformación social. Por ejemplo, la implementación de programas educativos que incluyan información sobre diversidad sexual y de género desde la educación básica podría reducir significativamente los índices de bullying y discriminación en las escuelas. Además, la capacitación constante de personas funcionarias públicas, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad en derechos humanos LGBTIQ+ es esencial para garantizar un trato adecuado y respetuoso.

En materia de salud y seguridad social, el acceso a servicios que respeten la diversidad sexual y de género sigue siendo un desafío. Es imperativo que estos servicios no solo sean accesibles, sino también sensibles a las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+. Esto incluye incorporar en la formación médica contenidos sobre las particularidades de salud de las personas trans y de todas las personas de la diversidad sexogenérica, así como garantizar una atención médica libre de prejuicios. Además, es esencial que los sistemas de seguridad social proporcionen protección adecuada y equitativa para las personas LGBTIQ+, asegurando que todos los beneficios y servicios estén disponibles sin discriminación.

Por supuesto que la representación política es fundamental para la promoción de intereses comunitarios en el ámbito legislativo. Ese es otro gran reto: aumentar la visibilidad y participación de personas LGBTIQ+ en puestos de toma de decisiones puede acelerar la implementación de políticas incluyentes y asegurar que las voces de la comunidad sean escuchadas y consideradas en todos los niveles de gobierno, evitando con ello la malas prácticas de suplantación de esos espacios que les corresponden.

En suma, el Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia es un día para reafirmar el compromiso con la lucha continua por los derechos de las personas LGBTIQ+. México está avanzando, pero aún queda un largo camino por recorrer para asegurar que todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir con dignidad y sin miedo. El trabajo conjunto entre gobierno, sociedad civil y la comunidad es esencial para superar estos retos y construir una sociedad verdaderamente incluyente.

* Jorge Morales Novas es asesor de comunicación social del COPRED.