Cuatro pendientes clave para combatir la corrupción en México
blogeditor · 8 de diciembre de 2022
El próximo 9 de diciembre se celebra el día internacional contra la corrupción. Es una fecha significativa, pues los actos de corrupción en México son algo cotidiano. Al ser un problema sistémico y multifactorial, que tiene impactos multidimensionales y diferenciados, la corrupción es un tema que se aborda desde distintas aristas. Algunos estudios tratan de medir su percepción, sus impactos económicos, mientras que, otros lo analizan desde la corrupción política o desde sus causas y consecuencias. Pero necesariamente esta fecha nos obliga a pensar en las acciones de los gobiernos para combatirla, en las siguientes líneas abordaremos cuatro pendientes clave en nuestro país para fortalecer la lucha contra la corrupción.
- Eliminar la prisión preventiva oficiosa para delitos de corrupción
En 2019 se reformó la constitución ampliando el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa (PPO), que incluían delitos de corrupción. Sin embargo, esta reforma tuvo muchas críticas debido al uso abusivo de esta figura y por ser una medida que afecta los derechos humanos de la población. El problema radica en su carácter “oficioso”, que se traduce en que su aplicación sea automática, sin que un juez o jueza analice primero si es absolutamente necesaria. Esto genera más presuntos culpables en prisión preventiva y, de hecho, actualmente mantiene en la cárcel a cuatro de cada 10 presos.
Aunque el hecho de que haya más personas en la cárcel pudiera generar una imagen de combate a la impunidad, debido a que se asume que hay quienes están pagando condenas o dejan de poner en riesgo a la sociedad. Es necesario contextualizar que la PPO posibilita detenciones en un país donde el acceso a la justicia es bajo, existe una procuración de justicia e investigación deficiente y además existe un amplio riesgo de fabricación de delitos y abuso de autoridad [1] . Por ello, organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU, promueven su eliminación.
En noviembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de la PPO, sin embargo, solo declaró la invalidez de esta medida para delitos fiscales como contrabando, defraudación fiscal simple y facturación falsa y no para delitos de corrupción. Con esta decisión, se perdió la oportunidad de considerar otras acciones de carácter preventivo y no sólo punitivo para avanzar en el combate a la corrupción con una perspectiva de derechos humanos.
- Acceder a información pública sobre el avance en casos de corrupción
El derecho de acceso a la información es clave en el combate a la corrupción. La información pública permite que la ciudadanía, de manera directa, realice un escrutinio de las acciones del gobierno y posibilita que emitan denuncias en caso de descubrir irregularidades, además de que es un insumo indispensable para el trabajo periodístico sobre corrupción. A través de los resultados de dicho trabajo, la sociedad ha podido conocer el involucramiento de personas servidoras públicas y grandes grupos empresariales en actos irregulares. Sin embargo, a pesar de contar con una legislación vanguardista en materia de transparencia que prohíbe la reserva de información sobre actos de corrupción, existe una tendencia de limitar el acceso a esta, particularmente en casos de corrupción.
Adicionalmente, las instituciones presentan amparos para limitar el acceso a información que es de interés público o se solicitan pagos millonarios para proporcionar documentos certificados que deberían ser digitalizados y publicitados con el fin de proveer información que es útil para rendir cuentas a la ciudadanía del trabajo de procuración de justicia.
Por ello, es relevante que se garantice la divulgación de información y se identifiquen los datos que no representen un riesgo para la conducción de las investigaciones, pero que den cuenta de las actuaciones institucionales y el estatus de los casos.
- Fortalecer las investigaciones de casos de corrupción
Un punto medular previo a que se sancionen los delitos de corrupción son las investigaciones. En función de su calidad, se judicializarán los casos y se aplicarán penas para revertir la impunidad. A nivel federal, esta tarea se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), creada en 2019.
No obstante, un tema pendiente que paulatinamente se va agravando es el rezago de casos. Recientemente se dio a conocer que, de 2019 a 2021, ésta había acumulado 2,749 carpetas de investigación por delitos de corrupción, pero solo vinculó a proceso judicial 24 carpetas, es decir, menos del uno por ciento. A la problemática del rezago se suma el poco involucramiento de la FECC en algunos de los escándalos de corrupción más importantes, ya que dichos casos son investigados por otras áreas de la FGR. Como ejemplo, está el caso Segalmex, que es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y no por la FECC. Estos dos elementos ponen en duda sus capacidades institucionales, y evidencia la necesidad de despresurización del sistema y de fortalecer su trabajo de investigación, lo que es clave en un país con altos niveles de impunidad y donde existe una demanda ciudadana de que se investiguen los casos de corrupción.
- Lograr sanciones efectivas en casos de corrupción
Aun cuando se han abierto carpetas de investigación, desde hace varios años, por grandes escándalos de corrupción como Odebrecht o la Estafa Maestra no se ha logrado su resolución y la imposición de sanciones.
A pesar de que está demostrado que la corrupción tiende a trabajar en redes, tras 5 años de investigaciones, la FGR concluyó que solo hay un alto funcionario involucrado en el caso Odebrecht y que los sobornos por poco más de 10 millones de dólares que la empresa pagó en México fueron transferidos exclusivamente a Emilio Lozoya. Además, aún no hay acciones concluyentes del caso y será hasta 2023 que se defina la sentencia al extitular de Pemex. Cabe señalar que México es uno de los únicos países en el mundo que no ha aplicado sanciones a altos funcionarios.
La situación no es distinta en el caso de La Estafa Maestra. Este escándalo de corrupción, que implicó el desvío de más de 7 mil millones de pesos del erario público, continúa impune pese a que su investigación lleva cuatro años. Una de las similitudes con el caso anterior es que hay únicamente una alta funcionaria involucrada que aún no recibe sentencia. Y a pesar de que existen investigaciones y se ejecutaron procesos penales contra exfuncionarios, no se han realizado imputaciones por desvío de recursos. La institución responsable de resolver el caso, se ha ceñido a atender acusaciones por delitos menores.
Este año, además, se anunció el inicio de una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos actos de corrupción, específicamente enriquecimiento ilícito debido a que obtuvo beneficios económicos y recibió en bancos extranjeros más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021, procedentes de México. Si bien este caso generó muchas expectativas respecto a que se establecerían sanciones por actos de corrupción del sexenio pasado al más alto nivel, hasta la fecha no hay avances.
Así, a cuatro años del sexenio es fundamental atender estos desafíos para combatir la corrupción. El abordaje debe ser integral e incluir un enfoque preventivo y no únicamente punitivo. Sin embargo, además de plantear la pertinencia de incluir el enfoque preventivo, es necesario poner en perspectiva que la operación de las instituciones desde la lógica punitiva –que es la que se ha priorizado– tampoco ha generado resultados. Sigue siendo un gran pendiente la investigación y sanción de actos de corrupción de gran escala, y la desarticulación de estructuras criminales y esquemas complejos.
Algunos primeros pasos para tener resultados exitosos en el combate de este mal estructural podrían ser la profesionalización de los equipos, el retomar los aprendizajes institucionales que se han acumulado a lo largo de estos años y, sobre todo, que exista la voluntad política para investigarlos y sancionarlos.
[1] En México, existe una tradición en el uso de figuras cautelares precondenatorias, como antecedente tenemos la figura del arraigo que, fue considerado un instrumento de detención arbitraria. El uso de este tipo de figuras que carecen de controles es violatorio de los derechos a la libertad e integridad, a la presunción de inocencia y al debido proceso, e incluso hace a las personas susceptibles a ser víctimas de tortura y otros tratos crueles. Pasaron muchos años para que se visibilizaran los efectos negativos del arraigo y se debilitara su aplicación, es imprescindible imposibilitar que la historia se repita.
* Anaid García Tobón (@laanaidtobon) es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.