Redacción Animal Político · 1 de abril de 2024
La mediatización y tematización pública del decomiso de sustancias catalogadas como ilegales (en adelante, SCI) es el recurso principal que los Estados tienen para evidenciar su trabajo político en beneficio del régimen prohibicionista. En Ecuador y según fuentes oficiales –como la Secretaría de Seguridad de Quito–, entre 2019 y 2022 se decomisaron 21,364 kilogramos de dichas sustancias. Las autoridades afirmaron que 35.41 % sería utilizado para consumo interno.
La totalidad de informes y reportes operan como sustento de una política de drogas que se centra en la erradicación del consumo, comercialización y producción de SCI. En este escenario, se resalta que el país presenta escuetas (desactualizadas y descontextualizadas) investigaciones, publicaciones y estadísticas sobre espacios de consumo, tipologías de consumidores, judicialización, criminalización y penalización de drogas. Micro comerciantes y consumidores de bazuco 1 son categorizados como criminales de la peor ralea. Mediática y políticamente, resulta inconcebible la comercialización y consumo (ocasional, habitual y exento de delitos) de bazuco. En virtud de ello y de manera falaz, se afirma que quienes consumen esta SCI son, exclusivamente, personas afroecuatorianas privadas de la libertad, habitantes de calle, desempleadas, que residen en barrios marginales. En suma, personas que no producen económicamente y “sin futuro”.
En torno al consumo de una las sustancias con mayor demanda a nivel nacional, el bazuco, se resalta que sus consumidores problemáticos son personas marginalizadas, empobrecidas y habitantes de calle. La Policía Nacional se encarga de agravar sus condiciones de vida: los desalojan de sus cuartos, queman sus pertenencias y los agreden físicamente. Se registran barrios, zonas y ciudades donde la venta de bazuco se mantiene, e incluso, se incrementa. Para este tipo de consumidores, la ayuda del Estado continúa siendo incipiente.
Paralelamente y a escala global, se registran alternativas de regulación para este tipo de estimulantes. Se insiste en reconocer la ausencia de beneficios de seguir criminalizando a quienes consumen pasta base de cocaína. A la par, se insta por la urgencia de una respuesta coordinada por salud pública y con apoyo social y político. En este tenor, se recomienda despenalizar la posesión de bazuco para uso personal (junto con todas las drogas) y se plantea una regulación nueva y distinta que utilice todas las opciones disponibles por medio de licencias, controles de precios, y condiciones legales para la comercialización. La regulación debe monitorear y evaluar constantemente los resultados para garantizar que se combatan los daños y se priorice la salud.
Transcurren diez años desde la publicación de la última encuesta nacional sobre el consumo de drogas en Ecuador. En 2014, el extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) presentó los resultados de una encuesta a 11,000 personas de entre 12 y 65 años en zonas urbanas. Hasta la fecha, no se registra otra investigación de tal magnitud. En consecuencia, las normativas y debates sobre drogas se sustentan en afinidades políticas, preferencias morales y pretensiones de verdad prohibicionista antes que en evidencia científica. Las decisiones políticas, así como las narrativas mediáticas y digitales, carecen de respaldo técnico, de estudios sobre política comparada y de reformas regulatorias vigentes a escala global.
Parametría, una organización de la sociedad civil, reveló que la persecución, la interdicción de los cargamentos de drogas y la intervención de la justicia costó al país, entre 2015 y 2019, 200 millones de dólares anuales. Es decir, se habrían destinado 1000 millones para la guerra contra las drogas. Sin embargo, Ecuador lleva más de cinco años sin presupuesto para la salud mental, la reconfiguración de centros de tratamiento y la reinserción social desde que se eliminó la Secretaría Técnica de Drogas. El ex presidente Lenín Moreno suprimió esta institución el 27 de abril de 2018.
Por ello, aún persiste la idea generalizada y trastocada de que Ecuador no es un territorio con consumos problemáticos de drogas. Vale recordar que desde la década de los años ochenta se aceptó públicamente que las drogas ya eran un problema público. Este problema, construido como de interés nacional, articula un desconocimiento gubernamental, la negación de derechos y la legitimación del control y violencia policial. En el presente, el ejercicio policial defiende el discurso presidencial que elimina los umbrales de regulación de tráfico y consumo de drogas. Esto ocurre en un contexto de eliminación de las entidades de control que promueven miradas menos punitivas.
Las instituciones estatales responsables de la política de drogas tienen tres capacidades y competencias puntuales: garantizar la interdicción de las personas detenidas, judicializar los casos y privar de la libertad a las personas sentenciadas. En 2019 y de acuerdo con los datos oficiales, Ecuador asignó USD 248 954 520 para cumplir con esta política penal. Es evidente que la prioridad es castigar y erradicar antes que investigar, comprender y transformar las realidades sociales, sanitarias y económicas de quienes comercializan y consumen SCI.
Tanto a nivel macro social como micro social, en el país se esquivan los debates sobre regulación de SCI. Además, se desvirtúan emociones, prácticas y violencias que forman parte de la vida de diferentes tipos de consumidores. Para estudiar estas realidades, se deben considerar las desigualdades sociales, económicas y políticas que emergen de los dispositivos de control policial, de los servicios de salud, del uso de los espacios públicos, del costo de la vivienda, de la permanencia del desempleo, y de la crisis del sistema educativo nacional. Como las drogas son SCI, el reconocimiento de este conflicto se minimiza mediante la dicotomía entre lo legal (correcto y sano) y lo ilegal (incorrecto y perjudicial). La guerra contra quienes consumen drogas podría dar un giro regulatorio para convertirse en una contienda contra los abusos de poder, la exclusión y la criminalización.
Sobre el caso del consumo problemático de bazuco, es fundamental señalar que existen diversos contextos, entradas y realidades. Este consumo conlleva diferencias de clase, grupos etarios, género y lugares de residencia. Por ello, un consumidor de bazuco no responde, exclusivamente, a un espacio social de producción estructural de sus hábitos. Todo ello, para evitar el simplismo reduccionista de la teoría de la desviación y las perspectivas poco científicas de la criminología clásica, así como, el cliché de la cultura de la pobreza.
La penalización del consumo de bazuco también puede investigarse como un conjunto de premisas que conllevan la reestructuración del ejercicio policial, del sistema judicial, del debate sobre la tecnologización y privatización de las cárceles, y principalmente, que implican el cuestionamiento de los actuales procedimientos judiciales y penales carentes de responsabilidad individual y merecimiento justo del castigo. Quienes consumen bazuco deben demostrar su inocencia ante un escenario legal adverso que olvida la vigencia de la presunción de inocencia. Para 2020, 27 % de la población carcelaria correspondió a personas sentenciadas por delitos de drogas. En comparación con 2015, se confirma un incremento del 206 %.
Ante lo descrito, se subraya que la regulación de una SCI tampoco es la panacea de los actuales problemas que se derivan del régimen prohibicionista. Es momento de comprender que el mundo sin drogas es inexistente pese a la vigencia de prohibición por cerca de cien años. Con el objetivo de descriminalizar y despenalizar a todos los tipos de SCI (y a sus diferentes tipos de consumidores), se debe aceptar que la prohibición no cumplió con ninguno de los objetivos propuestos, que se imponen modelos morales de conducta, que se agrava la salud de quienes consumen, y que la dependencia y persistencia de la trayectoria institucional del prohibicionismo prolonga la desatención social.
Por último, se recalca que el Estado ecuatoriano (al igual que la mayoría de Estados latinoamericanos) insisten en tematizar el daño del consumo de SCI y, a la par, minimizan los daños del consumo problemático de alcohol y tabaco. La vigente despenalización de estas dos sustancias catalogadas como legales puede operar como un modelo para regular bazuco sin prohibirlo. Los partidos políticos conservadores (Partido Social Cristiano -PSC-, Movimiento Político Creando Oportunidades -CREO-, Sociedad Patriótica -SP-, Partido Sociedad Unida Más Acción –SUMA-, Acción Democrática Nacional –ADN, ex PRIAN-) y otros más se han opuesto radicalmente, durante las últimas décadas, a reformar el actual régimen prohibicionista.
Por tanto, nuevos modelos regulatorios de SCI, por ejemplo, el de Toronto, donde las personas en posesión de cualquier sustancia controlada para uso personal no son imputadas, multadas, o detenidas, ni tampoco se decomisa la sustancia, son escenarios distantes para el país. Parecería que por varios años más todavía se legitimará el control y violencia estatal en lugar de ampliar los derechos para quienes se relacionan con el bazuco y otras SCI.
* Andrés Rodríguez Mera (@andresrodmera) es alumno del curso corto: “Regulación de sustancias hoy ilícitas: Principios, prácticas, propuestas y problemas”, impartido en enero de 2024 por el Dr. Jonas Von Hoffmann del Programa de Política de Drogas, y candidato doctoral en Ciencia Política por Flacso Ecuador (@FLACSOec).
Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.
1 Sustancia psicoactiva que se extrae de los alcaloides de la hoja de coca, también conocida como pasta base de cocaína. Carece del procesamiento que tiene el clorhidrato de cocaína. No obstante, es un estimulante del sistema nervioso central. Para su comercialización, se combina con otras sustancias como cafeína, bicarbonato de sodio, anfetaminas y otras sustancias solventes como la acetona e incluso, la gasolina. Su única vía de administración es fumada.