Peña y la Corte: una visión corta

Para dar mayor certidumbre a la sociedad, el Presidente de la República inició un proceso para transparentar la sucesión en la Corte.

Primero emitió una invitación pública para que todo ciudadano que quisiera ser parte de una terna que enviaría al Senado, presentara su solicitud en el mes de agosto. Se inscribieron 75 personas: 30 mujeres y 45 hombres, cuyos nombres se publicaron en la página web de la Presidencia. Luego, a través de los principales periódicos del país, se invitó a todos los ciudadanos a que enviaran comentarios sobre las 61 personas que cumplieron los requisitos mínimos de ley.

Uno a uno, la presidencia revisó los 109 comentarios que hizo la ciudadanía, así como las hojas de vida de las personas postuladas para garantizar la transparencia en el proceso y el derecho a la igualdad de cada uno de los aspirantes. Finalmente, el Presidente dio un mensaje en televisión para dar cuenta de todo lo anterior, informar sobre la terna que envió al senado y justificarla a partir de la trayectoria de sus integrantes.

Así, el Senado de la República comenzó el trámite de designación, sobre la terna propuesta por el Presidente Juan Manuel Santos.

Mientras eso sucedía en Colombia, a dos meses de que terminara el encargo de un Magistrado de su Corte Constitucional, en México estaba viva la versión de la existencia de un acuerdo político entre el PRI y el PAN para designar al ex presidente del Senado, Raúl Cervantes Andrade (primo del Consejero Jurídico de la Presidencia), y a algún aspirante de propuesta panista para ocupar las vacantes que el 30 de noviembre próximo dejarán Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, ministros reconocidos por sus sentencias progresivas en derechos humanos, de las más representativas del “ala liberal” en las últimas dos épocas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El supuesto acuerdo político fue incluso cuestionado a Senadores de la República por el relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, la mañana del pasado 2 de octubre, en el último día de la visita in loco, de ese órgano internacional en nuestro país, que horas más tarde presentó sus observaciones preliminares en torno una seria conclusión que estremeció al estado: México vive una grave crisis de derechos humanos.

Gracias a los señalamientos de la CIDH, así como a la participación de organizaciones, activistas y académicos que demandaron una designación “sin cuotas ni cuates”, el acuerdo político se derrumbó, pero de ninguna forma se puede afirmar que con ello se dio un paso contundente en la transparencia del proceso y en el entendimiento del tribunal constitucional que necesitamos.

[contextly_sidebar id=”uR87a5wvF3gFKfPIsHNETxvHNkl7lGiN”]Poco se debate sobre derechos humanos en el país de la indiferencia, mientras la reforma constitucional en derechos humanos de 2011 se intenta abrir paso en medio de la crisis que enfrentamos. Comprender ese cambio constitucional, es entender el cambio de paradigma que, a partir del reconocimiento de derechos humanos en el artículo 1º de la Constitución, estableció todo un programa de gobierno (como le llama Pedro Salazar[1]) y una nueva forma de interpretar las normas relativas a los derechos, ya no sólo bajo la luz de las normas mexicanas, sino en un bloque de constitucionalidad que abarca a las normas nacionales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); El reconocimiento del juez nacional como juez interamericano(2), debería ser uno de los ejes rectores de las designaciones que hará el Senado en los próximos días.

Lejos de lo anterior, el Presidente de la República ha mostrado –cuando menos- un nulo entendimiento de esa construcción democrática. Las descalificaciones que, en los últimos meses, su gobierno ha hecho al trabajo de los órganos internacionales que han señalado la crisis en México tras su actuación en casos como Ayotzinapa y Tlatlaya, son un mensaje muy peligroso que ha sido enviado junto con las dos ternas que llegaron al Senado de la República, la cuales no recogen los señalamientos que la sociedad civil ha hecho para avanzar en una cultura jurídica y social de derechos humanos a partir de su reconocimiento, su respeto y el control del poder público.

En primer lugar, como se ha señalado reiteradamente, decidió anular la posibilidad de contar con dos nuevas ministras, para avanzar en la perspectiva y equidad de género en la SCJN, al haber propuesto una terna integrada por mujeres y otra integrada por hombres.

En segundo lugar, los perfiles de quienes conforman las ternas obligan a cuestionarnos si en verdad no existen, en nuestro país, juristas con perfiles más idóneos para ocupar esos cargos que Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández o Verónica Judith Sánchez Valle, tres magistradas que no reflejan, en su labor judicial, una notable aportación al desarrollo jurisprudencial en derechos humanos; un procurador, Alejandro Gómez Sánchez, que justificó en el Senado su mala actuación en el caso Tlatlaya por “la complejidad del caso, las circunstancias de lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento”; un ex subsecretario del trabajo, Álvaro Castro Estrada, removido de su encargo al haber hecho un extrañamiento a un Senador que criticó la actuación del gobierno calderonista en la tragedia de la mina de Pasta de Conchos; o a un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Javier Laynez Potisek, que no debería ser juez en cualquier corte nacional o internacional, según afirmaron tres senadores del PRI y el Partido Verde Ecologista de México en 2011, cuando Felipe Calderón lo propuso como Juez de la Corte Penal Internacional, la cual lo consideró “No calificado” al no tener la experiencia necesaria relevante, ya sea como juez, fiscal, abogado o alguna otra capacidad similar, en procedimientos penales.

Cabe señalar que en las comparecencias del pasado 24 de noviembre, cuando los aspirantes explicaron al pleno senatorial la idoneidad de sus candidaturas, no hubo ni una mención a la grave crisis de derechos humanos o al caso Ayotzinapa.

Los legisladores podrían rechazar una o ambas ternas para exigir a Enrique Peña Nieto la propuesta de mejores perfiles, pero el rechazo o aceptación de las mismas debe fundamentarse en un auténtico desarrollo del concepto de idoneidad de las funcionarias y funcionarios propuestos, a partir de lo que en las comparecencias en la Comisión de Justicia cada aspirante exponga sobre su posible actuar jurisdiccional en casos emblemáticos de la vida nacional; así como en la certidumbre de su ética y trayectoria, obtenida de preguntas contundentes que puedan responderse con un “sí” o un “no”, como propuso Layda Negrete en un foro en el Senado de la República, el pasado 11 de noviembre.

Tanto en México como en Colombia, la Constitución establece como facultad exclusiva del Presidente de la República el envío de ternas al Senado para la designación de los integrantes de sus altas cortes. El decreto que, en el caso colombiano, el presidente emitió para autorregularse y transparentar el proceso, queda muy lejos de lo que en nuestro país está sucediendo para definir a quienes serán ministros por un periodo tan largo, que se hace imposible imaginar la diversidad de temas fundamentales que resolverán durante su encargo, pero ya se vislumbran muchos que difícilmente evadirán su tránsito por la SCJN.

Si la Reforma constitucional de 2011 se fundamentó en una sentencia de la Corte IDH, por un caso de desaparición forzada (el Caso Radilla), hoy existen más de 43 razones por las cuales debemos preocuparnos y tener una visión de mayor alcance que la del presidente. Podemos empezar a exigir ese entendimiento a quienes designarán a dos personas que interpretarán lo que en México y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos acontezca en los siguientes 15 años.

Nuestra voz y mirada en lo que ocurre en estos días al interior del Senado de la República, por favor.

 

@AlfredoLecona

 

 

 

[1] Crítica de la mano dura. Como enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades, México, Océano, 2012, p. 162.

[2] A decir de Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, como Juez ad hoc del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México.