Peña Nieto y su presídium blindado

Hace un par de días, cuando el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, compartió el presídium con algunos senadores, diputados, secretarios de Estado, gobernadores, magistrados y ministros.

Entre todos los discursos que aplaudían la reforma, hubo una critica: la del senador Miguel Barbosa, presidente de la Mesa Directiva del Senado, que inició su discurso citando la frase del filósofo y jurista Cesar Beccaria: “No es el monto de la pena lo que inhibe el delito, sino la certeza del castigo”.

[contextly_sidebar id=”QAFaZSIeP9USzjPEkL9ZW7FnrkEDiiEe”]El mensaje tiene especial relevancia si tomamos en cuenta que todos los que estaban en el presídium presentando la reforma que sienta las bases del Sistema Nacional Anticorrupción tienen fuero y con ello la certeza del no castigo –por lo menos en materia penal– mientras dure su encargo.

Tiene razón Barbosa al señalar que el mayor incentivo para cometer un delito es la certeza de no recibir un castigo por infringir la ley. Esta reforma, aunque es un avance para investigar y sancionar los posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos e incluso empresarios, se quedó corta porque no incluye la posibilidad de sancionar penalmente a funcionarios públicos, como los miembros del presídium que están blindados por el fuero contra la acción de la justicia penal.

El privilegio del fuero sólo se pierde cuando se termina el cargo, lo que resulta muy preocupante si tomamos en cuenta que a partir de estas elecciones diputados, regidores, y presidentes municipales podrán reelegirse. Un diputado local, por ejemplo, puede reelegirse hasta 4 veces. Es decir, una denuncia penal podría esperar hasta 12 años para ser procesada judicialmente. La justicia, que debe ser expedita e igual para todos, tiene sus excepciones y esta reforma anticorrupción mantiene el camino libre para que los funcionarios con fuero puedan abusar del poder y cometer actos ilícitos, sin consecuencias.

Cuando tomó la palabra, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que, según el Índice de Percepción de Corrupción de la Transparencia Internacional de 2014, México obtuvo apenas 35 puntos en una escala del 0 al 100, ocupando el lugar 103 de entre 175 naciones. “Prácticamente estamos en el mismo lugar desde hace 20 años”, dijo.

El Presidente anuncia la reforma como un cambio de paradigma para dar inicio a una nueva cultura de la legalidad. Mencionó que la exigencia ciudadana está transformando a las instituciones en favor de la transparencia y la honestidad, por ello -según él- la reforma recién aprobada representa “un cambio institucional, de mentalidad y sobre todo cambio de cultura”.

Sin duda, la reforma hace cambios necesarios para avanzar en el combate a la corrupción como auditorías en tiempo real, la fiscalización de participaciones federales y fideicomisos que utilizan recursos públicos, y el aumento a 7 años de la prescripción de faltas administrativas graves para que tengan un alcance transexenal. Todo eso está muy bien, pero mientras existan ciudadanos como los miembros del presídium -que saben que ellos no pisarán la cárcel- no podremos hablar de un cambio de paradigma en el combate a la corrupción, mucho menos de un cambio en la cultura política en México.

@PAOLASAEB