El software del gobierno para vigilar a activistas

Por: Vladimir Cortés (@vladyruzo)

Imagina recibir un mensaje SMS en tu celular, “se acaba de accidentar su hija, está muy grave, espero venga, le paso los datos donde está internada…”. Enseguida, un enlace. No para mostrar la dirección de un hospital sino abrir enteramente la puerta hacia toda la información que hay en tu teléfono móvil, y también, afectarte emocionalmente.

Eso fue lo que vivieron el Dr. Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, de la coalición Contrapeso de acuerdo a lo publicado por New York Times. Entre julio y agosto del 2016, cada uno recibió una serie de mensajes vía SMS con la intención de infiltrar sus dispositivos móviles con un programa malicioso, llamado Pegasus, creado por la empresa israelí NSO Group.

Una vez que el programa Pegasus se activa, el teléfono se convierte en un espía digital en el bolsillo, capaz de emplear la cámara del teléfono móvil y el micrófono para fisgonear en las proximidades del dispositivo [room tap], grabar las llamadas de WhatsApp y Viber, registrar los mensajes enviados en aplicaciones de chat móvil y hacer un seguimiento de los movimientos.

La estrategia de intervención telefónica se denomina “ingeniería social” (social engineering), un mecanismo que busca manipular a los usuarios para obtener información de forma ilegal y empleando un lenguaje cada vez más hostil en los mensajes SMS enviados. En un inicio los mensajes refieren a una supuesta mención en un artículo noticioso que se ha viralizado, “buen día compañero, solo para compartirte esta nota de Proceso, donde hacen mención de tu nombre”. Finalmente, los mensajes incluyen un enlace que direcciona a la página de una funeraria. Cada SMS es diseñado para que parezcan urgentes, importantes, perturbadores o intrigantes para convencer a los objetivos de que abran el vínculo o el archivo adjunto.

Este programa malicioso fue identificado en la investigación que condujo Citizen Lab, un laboratorio digital e interdisciplinario con sede en la escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, y que contó con el apoyo de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTic. El informe Bitter Sweet: Supporters of Mexico´s Soda Tax Targeted With NSO Exploit Links demuestra que los teléfonos móviles del Dr. Simón Barquera y los dos activistas por el derecho a la salud, Alejandro Calvillo y Luis Encarnación, fueron intervenidos por un programa malicioso que la empresa israelí NSO Group solo vende a gobiernos para combatir el crimen organizado y el terrorismo.

El gobierno mexicano es uno de los principales compradores de programas de espionaje. De acuerdo a documentos filtrados, la empresa italiana Hacking Team, que comercializa el programa de espionaje Remote Control System (Sitema de Conrol Remoto), registró ganancias por más de 6 millones de euros en ventas a México. En 2013, el gobierno mexicano gastó 15 millones de dólares en tres proyectos para ser implementados por la empresa israelí NSO Group. Puebla y Jalisco también figuran entre los Estados que han reconocido la compra de programas de espionaje.

Los tres ciudadanos mexicanos no son terroristas ni forman parte del crimen organizado. Son activos promotores del derecho a la salud que impulsaron el impuesto a los refrescos, una ley aprobada por el congreso mexicano en 2013, como una medida para combatir los alarmantes niveles de obesidad en el país. El 14 de noviembre de 2016, el gobierno mexicano emitió una declaratoria de emergencia epidemiológica por la alta prevalencia de la diabetes melitus en el territorio nacional.

El caso de Barquera, Calvillo y Encarnación no es el único. El periodista Rafael Cabrera, integrante del equipo de investigación de Aristegui Noticias, quien reportó sobre el controvertido caso de la Casa Blanca también fue objeto de estos ataques, al igual que el activista Ahmed Mansoor de Emiratos Árabes Unidos. Ambos recibieron este tipo de mensajes. El análisis que realizó Citizen Lab advirtió a la empresa Apple sobre las vulnerabilidades en sus teléfonos móviles, lo que llevo a la empresa a realizar una actualización del sistema.

Este tipo de acciones son una grave violación a la privacidad de las personas. Implica soslayar las garantías fundamentales que todo ciudadano tiene para cumplir con el debido proceso al no existir una orden judicial para una intervención telefónica. La agresividad de los mensajes representa una amenaza directa contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que inhibe el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión.

El gobierno es la única instancia que tiene la capacidad de comprar programas de espionaje de acuerdo a la información que proveen NSO Group y Hacking Team. Un programa malicioso como Pegasus cuesta medio millón de dólares. Las acciones de intromisión a la privacidad de los activistas por el derecho a la salud, sugiere que su trabajo no es una amenaza al Estado sino a los intereses privados. Demuestra que el gobierno mexicano ejerce total discrecionalidad para intervenir los teléfonos de las personas sin que existan instancias que regulen esta actividad.

Antes estos hechos, la sociedad civil nacional e internacional expresó su rechazo a la vigilancia ilegal y exigió al gobierno de México cesar el hostigamiento en contra de académicos y activistas, así como hacer una investigación exhaustiva, seria e imparcial que permita identificar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal en México. Por su parte, los tres activistas presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por este caso de espionaje.

 

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