Patricia Quijada y el fiscal Zamarripa

El 05 de abril pasado se cumplió un año de que Patricia Quijada Hernández (31 años) fue desaparecida en Acámbaro, sin que exista un avance en la investigación ministerial y, al contrario, la Fiscalía de Zamarripa se ha encargado de criminalizarla y recientemente de asociar su desaparición a un grupo delincuencial en lo particular. Con una investigación penal insuficiente y sin un avance en la identificación de las personas responsables, Carlos Zamarripa se ha empeñado en investigar a las víctimas y no a los perpetradores.

Cabe recordar que, en un primer evento en enero del 2022, Patricia fue detenida ilegalmente por Agentes de Investigación Criminal (AIC), fue torturada y en ese entonces liberada por un juez que no encontró legal su detención. Los malos tratos y la tortura nunca fueron investigados por autoridad alguna. La PRODHEG tiene pendiente avanzar en la queja presentada por la familia. Recordemos que también la CNDH conoció el caso debido a que inicialmente se sospechaba que militares habían desaparecido a Paty en un segundo evento posterior, el 5 de abril de 2022, cuando entraron a su casa y se la llevaron.

¿Quiénes desaparecieron a Paty? Sostenemos que fueron los mismos agentes de la AIC que 90 días antes la habían detenido arbitrariamente. ¿Qué espera Zamarripa para investigar la carpeta 7166/2022 relativa a la detención arbitraria? Se trataría de investigar a sus propios agentes que, como ha documentado la Plataforma, podrían estar involucrados en casos de tortura y detención arbitraria, y en este caso, en desaparición.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU consideró que había elementos de aquiescencia (omisión y complicidad) por parte del Estado Mexicano y que por lo tanto la desaparición de Patricia debería ser considerada como forzada, así emitió la Acción Urgente 1526/2022 que solicita lo siguiente: 1) una estrategia integral de búsqueda, 2) identificación de los perpetradores, 3) participación de las familias, 4) un plan de protección frente al riesgo de las familias. Estas peticiones del Comité han sido incumplidas por la Fiscalía, ya que no sólo se ha negado a relacionar las dos carpetas de investigación, sino que ha insistido en relacionar la desaparición con un grupo delincuencial en particular.

Hay que recordar que Acámbaro es una entidad en la que se localizó en 2021 uno de los sitios de exterminio más grandes en la entidad federativa: el hallazgo de 104 bolsas negras con cuerpos desmembrados. La FGE reconoce oficialmente 1 46 cuerpos identificados, 118 indicios y 59 individuos, de 565 estudios realizados y 13 perfiles genéticos sin identificar. Es decir, la desaparición es un fenómeno presente en el municipio y en la subregión.

¿Dónde está Patria Quijada?, se sigue preguntando la familia.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.

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