Redacción Animal Político · 14 de mayo de 2019
Los derechos laborales son derechos humanos. La rígida distinción entre derechos civiles y derechos sociales, producto de la Guerra Fría, por mucho tiempo llevó a soslayar esta realidad que hoy se enfatiza desde las visiones más integrales sobre los derechos.
Y es que, si los derechos humanos tienen que ver con impedir que los poderes formales o informales avasallen a los desposeídos, pocos espacios son tan relevantes para invocarlos como los ámbitos laborales. Es por esto que la reciente reforma laboral, que sienta las bases para que se ejerza efectivamente el derecho a la libertad sindical, es en sentido estricto una modificación legislativa que avanza en clave de derechos humanos.
En esta misma lógica se inserta el anuncio sobre la reanudación de los trabajos encaminados a recuperar los cuerpos de los 63 mineros que quedaron atrapados en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, tras la tragedia del 19 de febrero de 2006.
Como es sabido, 65 mineros quedaron atrapados tras el desastre. Y aunque los trabajos de rescate permitieron la recuperación de dos cuerpos, las labores fueron súbitamente suspendidas desde el 2007, en lo que fue una penosa e inédita decisión: aunque en la región carbonífera de Coahuila las muertes en las minas han sido una constante que marca su larga historia de dolor, nunca antes los cuerpos de los mineros mexicanos habían sido dejados bajo tierra.
Ante los actos y omisiones de la empresa, del sindicato y, sobre todo, de las autoridades del Estado mexicano, deudos de 58 de los mineros, acompañados por la Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro Prodh, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para señalar a las autoridades por no prevenir el colapso de la mina y al ser omiso el gobierno en sus funciones de supervisión sobre un centro de trabajo especialmente riesgoso, pero también para que en una instancia internacional se abriera un procedimiento legal que pudiera eventualmente detonar la anhelada recuperación de los restos de los 63 mineros.
Trece años después del estallido que cimbró a la minería mexicana, en el marco de una próxima resolución del sistema interamericano y en el contexto de la alternancia que vive el país, el Gobierno federal ha anunciado que se reanudarán las labores de rescate y el presidente de la República ha encargado la supervisión de las labores a la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde. Así, la digna resistencia que por más de una década han protagonizado los familiares de los mineros -sobre todo mujeres: madres, hijas, esposas- comienza a acercar esta medida fundamental de reparación.
El rescate de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos es una buena noticia para los derechos humanos. De concretarse, la recuperación de los cuerpos no sólo será un acto de justicia y una medida de esencial carácter humanitario para las familias, sino también un claro mensaje sobre la recuperación de la rectoría estatal en el sector minero, ámbito estratégico de la actividad económica en el que durante las últimas décadas el Estado fungió sólo como gestor de los intereses privados. Por eso, como han demandado las familias, es fundamental que el proceso de rescate sea claramente encabezado por el Gobierno federal, acotando la intervención de otros actores, sobre todo de aquellos implicados en el propio siniestro como la empresa o el propio sindicato.
Hacia esa dirección ha comenzado a dirigirse la Secretaría del Trabajo, que ya ha sostenido diversos encuentros con las familias de los mineros y con la Organización Familia Pasta de Conchos, demostrando en los hechos que es posible transitar, en procesos concretos, hacia una atención diferente y digna, sin instrumentalización respecto de quienes padecieron en carne propia las peores consecuencias del régimen de impunidad que se instaló en México, retomando en procesos genuinos de diálogo los aportes de los organismos civiles de derechos humanos que por años les han acompañado.
El rescate de los cuerpos de los mineros atrapados en Pasta de Conchos no será sencillo ni ocurrirá pronto; por eso las obras deben comenzar cuanto antes. Cuando finalmente se materialice el rescate, para las familias que tanto han luchado; para la región carbonífera, que tanto ha sufrido; y para todo México, tan urgido de palpar la justicia en medio de la crisis de derechos humanos que ha vivido, será una gran noticia.