blogeditor · 2 de marzo de 2020
Los partidos políticos deben –o deberían− guiarse a partir de parámetros democráticos mínimos, entre ellos la renovación periódica de su dirigencia. Lamentablemente, en la práctica es común que los órganos de gobierno de los partidos estén cooptados por grupos que buscan controlarlos y perpetuarse en el poder, aun cuando la ley los obliga a que, mediante procedimientos que permitan la participación de su militancia, elijan a la dirigencia partidista periódicamente.
Para el caso de México, podemos afirmar que la contienda por el poder partidista suele mostrar bastante menos civilidad que un proceso electoral organizado por una autoridad autónoma e imparcial como lo es el Instituto Nacional Electoral o los OPLE.
Hace ya varios meses MORENA inició el proceso de renovación de su dirigencia nacional, pues tras la renuncia de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del partido para registrarse como candidato a la presidencia en diciembre de 2017, Yeidckol Polevnsky fue designada como Secretaria General «en funciones de Presidenta», cargo que desempeñaría de forma interina hasta que se realizaran las elecciones internas, lo que debió suceder en 2018. Sin embargo, en agosto de aquel año, el Congreso Nacional del partido decidió posponer la elección para celebrarse hasta noviembre de 2019. En virtud de esto, se le ratificó en el cargo para dirigir el partido hasta entonces.
La renovación de la dirigencia se intentó hacer en dos ocasiones. La primera, mediante convocatoria emitida en octubre de 2019, la cual fue revocada por el Tribunal Electoral puesto que sólo llamaba a elecciones a las y los militantes afiliados antes del 20 de noviembre de 2017, y esto resultaba violatorio de los derechos de quienes se afiliaron con posterioridad. La segunda, mediante Congreso Nacional celebrado el 30 de noviembre de 2019, esta también fue anulada por el Tribunal por no haber cumplido con el quórum requerido en los propios estatutos del partido.
Como la extensión del periodo otorgado a Yeidckol Polevnsky para renovar la dirigencia había finalizado el 20 de noviembre de 2019, se le ordenó al partido realizar los actos necesarios para renovar su dirigencia a la brevedad. En cumplimiento de lo mandatado, el pasado 26 de enero de 2020 se celebró el Congreso Nacional en el cual fue electo como dirigente el diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar. La determinación de este Congreso Nacional fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que confirmó el nombramiento de Ramírez Cuéllar como presidente interino de Morena el pasado 26 de febrero de 2020.1
Como hemos visto en otros casos lo que debía ser un ejercicio democrático al interior del partido se ha convertido en una lucha encarnizada por el poder. Recordemos que no es la primera vez que el Tribunal se ve en la necesidad de resolver un procedimiento de elección interna de un partido. Ya en 2017 sucedió con la renovación de dirigencia del PRD, cuando la dirigencia partidista se rehusaban a convocar a la elección interna.
En estos episodios, destaca la mesurada actitud que ha mantenido el Tribunal, pues si bien ha tomado decisiones como la anulación de convocatorias o de asambleas, también ha evitado una mayor intervención y se ha limitado a ordenar la emisión de nuevas convocatorias o la celebración de nuevas asambleas, dejando a los partidos la libertad de actuación suficiente para cumplir con tales mandatos.
Lamentablemente, este episodio vuelve a poner en evidencia la ausencia de un espíritu democrático de los partidos y su negativa a cumplir con las reglas básicas que ellos mismos se han impuesto. Son justamente este tipo de conductas las que entre otros aspectos, contribuyen a explicar el desencanto de la ciudadanía con los partidos políticos, al no ser capaces de comportarse bajo criterios mínimos de democracia, ni siquiera en su interior.
1 SUP-JDC-12/2020 y acumulados y el incidente de incumplimiento de sentencia en el SUP-JDC-1573/2019. Éste último resuelto en sesión privada.