Redacción Animal Político · 11 de febrero de 2025
Las acciones afirmativas en el sistema electoral mexicano fueron diseñadas para corregir desigualdades históricas y permitir la participación de grupos históricamente marginados, como personas trans, LGB cisgénero, con discapacidad e indígenas. Sin embargo, su implementación ha estado marcada por irregularidades y una carga desproporcionada de responsabilidad sobre éstas candidaturas, mientras los partidos políticos evaden su deber de garantizar procesos incluyentes y postulaciones legítimas.
La creación de estas medidas responde a la necesidad de reparar siglos de exclusión y discriminación. Históricamente, estos grupos han sido relegados de la vida política, y las acciones afirmativas pretendían ser un puente para su inclusión en espacios de toma de decisiones.
No obstante, en la práctica, la burocracia impone exigencias adicionales a quienes ya han sufrido marginalización. Así, el acceso a la representación se convierte en una barrera, agravando las desigualdades que se buscaba erradicar.
Además, la responsabilidad de garantizar estos espacios recae en las candidaturas individuales, en lugar de en los partidos políticos, que deberían comprometerse con la inclusión estructural sin sobrecargar a las personas postulantes.
El problema central no es la validez de las candidaturas por acciones afirmativas, sino la exigencia desigual con la que son evaluadas. A quienes aspiran mediante estas medidas se les solicita acreditar su “identidad marginada” o demostrar una trayectoria activista, mientras que las candidaturas convencionales no enfrentan este escrutinio.
Este criterio no solo es injusto, sino que también reproduce dinámicas de exclusión y revictimización. La pregunta no debería ser: ¿quién es lo suficientemente trans, indígena o con discapacidad para postularse?, sino ¿por qué los partidos no garantizan procesos transparentes y comprometidos con las diversidades?
Esta doble exigencia genera un clima de inseguridad y frustración entre las poblaciones que se pretende beneficiar. Se les exige demostrar una “autenticidad” mediante pruebas invasivas, lo que implica una sobrecarga emocional y organizativa.
Este mecanismo de validación diferencial refuerza estereotipos y estigmatiza a quienes buscan espacios políticos, debilitando la confianza en un sistema que, en teoría, promueve la igualdad, pero que al mismo tiempo legitima candidaturas fraudulentas impulsadas por los propios partidos políticos.
Otro problema es el fraude en la aplicación de la ley. Se han documentado casos de candidaturas falsas que buscan evadir la normativa. Esto no solo desvirtúa el propósito de las acciones afirmativas, sino que también evidencia la falta de mecanismos internos de verificación y rendición de cuentas dentro de los partidos políticos.
La solución no es endurecer los requisitos para las personas candidatas, sino trasladar la responsabilidad a los partidos, que reciben financiamiento público y deben garantizar una representación genuina.
Casos de simulación, en los que personas que no pertenecen a los grupos en cuestión se postulan de manera oportunista, evidencian la vulnerabilidad del mecanismo frente a maniobras fraudulentas. Esta práctica afecta la credibilidad de las políticas de inclusión y debilita la confianza ciudadana en el proceso electoral.
Para evitar estas irregularidades, se requiere establecer controles internos más rigurosos en los partidos políticos, como auditorías y comités de vigilancia integrado por sus propias militancias, particularmente de las poblaciones a beneficiar, para verificar la autenticidad de las candidaturas.
Para lograr un cambio real, es urgente reformar la Ley General de Partidos Políticos para fortalecer su responsabilidad en la promoción de liderazgos diversos, eliminar la exigencia desigual de acreditación de identidad o trayectoria en los lineamientos de paridad y acciones afirmativas, y sancionar efectivamente el uso fraudulento de las acciones afirmativas.
También es necesario promover liderazgos políticos diversos dentro de las dirigencias nacionales, estatales y municipales, e implementar mecanismos de rendición de cuentas que aseguren una inclusión real y no solo simbólica.
Una reforma legislativa permitiría unificar criterios de evaluación para todas las candidaturas, garantizando procesos de selección igualitarios y transparentes. Esto implicaría actualizar los estatutos partidistas para que la inclusión sea una obligación medible y no un trámite burocrático.
Asimismo, se debe establecer un régimen de sanciones que disuada el uso fraudulento de estas medidas, conectando el financiamiento público con resultados concretos en materia de inclusión.
La formación de nuevos liderazgos requiere la creación de programas de capacitación, mentoría y redes de apoyo para fortalecer la representación de las poblaciones históricamente excluidas.
Si el objetivo es construir una democracia representativa, la inclusión no puede depender únicamente de quienes han sido marginades. Los partidos políticos deben garantizar que la política deje de ser un espacio restringido y refleje auténticamente las diversidades de la sociedad mexicana.
Una verdadera democracia se enriquece con la pluralidad de voces y experiencias. Para ello, es necesario un compromiso activo de los partidos en la apertura de espacios de participación accesibles y significativos.
La inclusión no debe ser tratada como un simple requisito administrativo, sino como un pilar esencial en la construcción de políticas públicas que atiendan las necesidades y aspiraciones de todos los sectores sociales.
Finalmente, la responsabilidad de transformar la política en un espacio diverso debe ser compartida entre el Estado, los partidos y la sociedad civil, asegurando que cada persona se sienta representada y valorada dentro del proceso democrático.
* Rebeca Garza (@Rivka_Azatl) es funcionaria electoral y transfeminista.