Centro de Análisis de Políticas Públicas · 6 de enero de 2011
Por: Edna Jaime
Los retratos de la realidad mexicana son aterradores: muertes, crimen, impunidad. En algunas regiones del país, esta realidad ha adquirido el carácter de una patología social que rebasa la coyuntura de confrontación entre grupos criminales. Si bien algunas voces, sobre todo en el medio gubernamental, hablan del sobredimensionamiento del problema a causa de la exagerada difusión de actos violentos a través de los canales de comunicación, la realidad es que la violencia en la sociedad mexicana crece no sólo en las calles, sino también en el seno de la familia, en los barrios, en las escuelas. Héctor Aguilar Camín usó una expresión cruda, pero real, en uno de sus artículos recientes: “La muerte tiene permiso”… también hay permiso para agredir, trasgredir, violar sin que ello implique consecuencia alguna. Este es el tema de fondo de la problemática que nos aqueja: el ambiente permisivo en el que todo se vale, hasta privar de la vida a un semejante.
Si miramos el problema desde esta perspectiva, la violencia y la crisis de seguridad que vivimos tienen raíces profundas y no sólo es la expresión de una estrategia de combate al crimen que puso a pelear a todos contra todos, sin medir cabalmente los efectos que esto tendría en término de violencia, muertes, percepciones y costos económicos. Mirar el problema como uno de impunidad, de ilegalidad tolerada, de aplicación discrecional de la ley, de violación de derechos, en fin, de ausencia de Estado de Derecho, nos acerca quizá al problema más profundo y más esencial que como nación enfrentamos desde tiempos ancestrales y que hemos sido incapaces de resolver porque el estado de cosas sirve al poder y a intereses diversos. Esa tolerancia a la ilegalidad hoy nos cobra la factura con crudeza y ¡nos sorprendemos!
En una visita reciente a Ciudad Juárez tuve la oportunidad de convivir con un grupo de juarenses dispuestos a todo por recuperar su ciudad. En sus relatos hay un reconocimiento al contexto dual en el que desde siempre se ha desenvuelto la ciudad: progreso imponente junto a marginación extrema; actividades lícitas coexistiendo con todo tipo de actividades ilícitas y, lo más notable, una gran tolerancia a la ilegalidad: a abortos clandestinos, a picaderos, a giros negros, a autos sin placas…a la muerte de mujeres -señal ominosa a la que ninguna autoridad la atendió con seriedad, y menos con eficacia. Cientos de mujeres fueron asesinadas, lo atestiguamos y cerramos los ojos. No se hizo justicia y miramos hoy las consecuencias. En una campaña de comunicación de una importante organización de la sociedad civil de aquella localidad, se utilizaba la siguiente definición de impunidad: La impunidad, dice, es el estado natural para quien comete un delito en Juárez. Y seguían con otra no menos aguda: ¿en qué parte de la República queda el Estado de Derecho?
Cómo recuperamos al país. Ojalá la respuesta fuera con más policías y más balas. En realidad la salida es mucho más complicada que pertrechar a nuestras fuerzas del orden con más equipo. Implica un replanteamiento profundo del Estado y sus instituciones, del respeto a la ley y de la capacidad del Estado para hacerla cumplir. De construir en nuestras instituciones de seguridad y justicia la capacidad de generar una amenaza creíble de que ninguna transgresión a la ley quedará sin sanción, pero también de la construcción de pesos y contrapesos en el sistema político para no permitir el abuso y la arbitrariedad de quienes ostentan el poder. Requiere de incentivos proclives para avanzar todos estos cambios, pero también de liderazgo e inteligencia para trazar la ruta por la que se debe transitar. Cuantos prerrequisitos y cuánta pobreza en nuestra clase política.
¿Hasta dónde debemos de caer para empezar a reaccionar?