¿Para qué sirve el Comisionado Nacional de Seguridad?

Una sencilla definición de políticas públicas dice que son “las sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones socialmente problemáticas. Un esquema también simple del ciclo de políticas públicas identifica las siguientes etapas: problema, definición del problema, identificación de respuestas y soluciones alternativas, selección de opciones de política pública, implementación y evaluación. En teoría, una política pública sin evaluación no es política pública.

La primera y a mi parecer la más importante atribución del Comisionado Nacional de Seguridad es “formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación”. Mucho se puede extraer para la discusión de tan descomunal mandato, pero me quiero concentrar en lo siguiente: si el Comisionado diseña y pone en operación políticas de seguridad pública, a él le corresponde en consecuencia asegurar la correcta evaluación de las mismas. Mi hipótesis es que ni esa institución ni el Sistema Nacional de Seguridad Pública en su conjunto han madurado un proceso de evaluación que hoy le responda al mexicano promedio qué funciona y qué no funciona para construir seguridad.

Puse en marcha con mis alumnos un análisis de contraste entre la metodología de las políticas públicas y los programas nacionales de seguridad pública de las últimas cuatro administraciones federales. Una de las conclusiones del ejercicio, a mi parecer devastadora, es que dichos programas no representan una dinámica de aprendizaje incremental; dicho en otras palabras, el programa vigente en esta administración federal no enseña las lecciones del anterior y así sucesivamente. La teoría de las políticas públicas propone justamente hacer lo contrario, tal como lo hace el principio democrático de la rendición de cuentas. Se supone que el empleo de los recursos públicos para resolver problemas mejorará en su calidad e impacto precisamente si se corrigen los errores y se fortalecen los aciertos.

[contextly_sidebar id=”aCVGpvvOlroIh6TuLVfY1K2JF11QxlsS”]El Comisionado Nacional de Seguridad es el depositario de buena parte de las atribuciones antes a cargo de la secretaría de seguridad pública federal, creada por Vicente Fox en el 2000 y luego desmantelada por Enrique Peña Nieto en el 2012 (por cierto, a la fecha es imposible saber qué funcionó cuando se creó esa secretaría y qué fue lo que no funcionó y provocó su desactivación). Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha cumplido dos décadas de operación. Ni los observadores más atentos pueden identificar una interpretación oficial y pública que enseñe la definición que esas instituciones han venido haciendo precisamente respecto a lo que ha funcionado y lo que no en la materia. El rastreo profundo más bien enseña un comportamiento del Estado mexicano sujeto en general a medidas y acciones de corto plazo, que una a una se quedan en el olvido o bien se reproducen sin mediar evaluación pública alguna. Nuestro país no logra construir una historia formal de políticas públicas en seguridad que conecte, más allá de los relevos sexenales, un acumulado de lecciones aprendidas.

La noticia es especialmente grave porque, no importa de qué tamaño es la crisis de inseguridad y violencia, no sabemos cuándo y cuánto se invierte en lo que no produce el resultado esperado e incluso en lo que produce resultados contraproducentes. Va un ejemplo: imposible acceder a documento oficial alguno que explique por qué si estamos ya en el segundo sexenio de operación amplia del modelo de control de confianza policial, es posible aún encontrar encuestas que colocan arriba del 80% la desconfianza social hacia la policía. Jamás se ha publicado evaluación oficial alguna y convincente al respecto. El mismo cuestionamiento se puede aplicar a la toma de decisiones en general en todo el entramado institucional federal en la materia y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Comisionado no es el jefe de la Policía Federal, el titular de la Procuraduría General de la República o del CISEN. Los medios de comunicación muchas veces olvidan esto y desafortunadamente creo que también lo hace el Estado mexicano. El valor agregado de la figura del Comisionado no está en fungir como vocero para salir a celebrar detenciones o a explicar pifias; su valor agregado y de impacto verdaderamente estructural está en garantizar ciclos completos de política pública que, como tales, incluyan ejercicios efectivos, públicos y convincentes de evaluación que a su vez hagan posible confirmar lo que funciona y lo que no funciona en materia de seguridad pública. Más que un bombero de alta jerarquía, el Comisionado debe ser un cuadro a la vez político y de alta especialización técnica que pasa las políticas de seguridad pública por filtros de racionalidad.

Todos los días el gobierno federal, el de la Ciudad de México y muchos gobiernos estatales y municipales califican su propio desempeño en la materia con buenas notas, sin evidencia empírica convincente para la gente. En un reciente foro dije a un secretario de seguridad pública, justo cuando eso hacía, que ya era tiempo de que esa calificación la pusiéramos nosotros, los ciudadanos. Eso jamás pasará si las decisiones no están mediadas por evaluaciones internas y externas efectivas. Empujar al país en esa dirección sería la contribución más relevante del Comisionado, propia de lo que yo entiendo como una visión de Estado.

Hay seguramente quienes creen que esta reflexión es un ejercicio abstracto que nada tiene que ver con las necesidades de la realidad. Los hay quienes creen que pensar en modelos de políticas públicas es propio de la peor ingenuidad, de cara a la “emergencia” en la que nos encontramos. Justamente desde ese pensamiento hemos asegurado que, aún hoy, sea imposible encontrar al menos una versión oficial federal creíble que permita contestar a la siguiente pregunta: ¿qué funciona en materia de seguridad pública?

@ErnestoLPV