#RenunciaYA

La campaña electoral de 2012 estuvo marcada por el movimiento #yosoy132, que propuso una narrativa crítica al proceso. En el corazón de su discurso se encontraba la democratización de los medios. En su diagnóstico, la llamada transición a la democracia no había puesto ningún esfuerzo en mejorar el ecosistema mediático nacional. Las complicidades políticas, la publicidad oficial y la falta de pluralidad de voces oscurecían la vida democrática. La alianza del candidato Enrique Peña Nieto con Televisa era especialmente problemática porque despertaba dudas acerca de su legitimidad y su capacidad para gobernar. Con todo, Peña Nieto ganó las elecciones con un margen del 7 % respecto al segundo lugar.

Una vez instalado, en el gobierno hubo prisa por demostrar que “el PRI sabe gobernar” y convencer de que se necesitaban “acuerdos de todas las fuerzas políticas”. El caballo de batalla fue el “Pacto por México”, expresión de las reformas que ciertos actores sociales consideraban necesarias para el país. El método, sin embargo, nos reveló desde entonces el carácter del peñanietismo. El pacto fue una estrategia para diluir a la oposición e invadir la separación de poderes a través de un consenso frágil que privilegió la unidad artificial sobre los acuerdos. Para Peña la unidad es la base para la construcción de acuerdos, la experiencia democrática nos indicaría lo contrario: primero se construyen los acuerdos a través de la deliberación, y esto es lo que puede dar lugar a la unidad.

Se le exigió democratización, pero el gobierno tomó una ruta centralizadora en sus años de popularidad. Por ejemplo: la recentralización de la negociación laboral de los maestros; el control desde la Secretaría de Hacienda de la deuda de los Estados; la creación de nuevos órganos constitucionales electos desde el DF por las cúpulas partidistas; la amenaza de una comisión anticorrupción que actúe desde el centro hacia los estados; la reconstrucción de la Secretaría de Gobernación; la propuesta de un Instituto Nacional de Elecciones que organice todos los procesos electorales del país. La desconexión entre estas decisiones y la ciudadanía ha sido cada vez más grande.

Después vino Ayotzinapa, el acontecimiento que puede considerarse el primer fin del sexenio. Allí se juntó todo lo que podía salir mal. El gobierno no sólo no actuó como debía sino que trató de difuminar su responsabilidad. Para entonces la colusión entre el gobierno y medios –vía la publicidad oficial—todavía rindió frutos: la “verdad histórica” fue adoptada como cuestión de fe por columnistas y redacciones. La disputa por conocer lo sucedido dejó clara la ruptura de una parte de la sociedad con la forma de gobernar.

La investigación periodística en torno a la Casa Blanca de Peña Nieto mostró otra faceta de un sexenio de claro corte oligárquico. Su estrategia fue centralizar la investigación al interior del gobierno y difuminar su responsabilidad. El conflicto de interés no solo quedó puesto en evidencia en el caso del presidente: Luis Videgaray y Luis Miranda, actual secretario de SEDESOL, están involucrados en una red inmobiliaria inusual y con claros visos de corrupción institucional.

El cambio de tono frente al mundo también fue evidente. Pasamos del “momento mexicano” al ataque contra quienes nos evalúan. Probablemente uno de los episodios más álgidos fue la beligerancia de José Antonio Meade contra el relator especial en materia de tortura de la ONU, Juan Méndez. El relator presentó un duro informe en el que se asegura que en México la tortura es una práctica generalizada. Otros informes, como los de Amnistía Internacional y Open Society, confirman esto.

En lugar de atender la observación se negó, se dio un portazo al relator y se insistió en que, si bien había casos aislados de lo contrario, nuestro sistema de justicia no era como lo pintaban. La violencia no se ha detenido, y es cada vez más cruenta. Se entiende como común que sea la propia autoridad quien ejecuta inocentes. Aquí ya la distancia con la realidad se muestra abismal. Vivimos en un estado de emergencia crónico.

La economía permaneció estancada en los últimos años. En cada ejercicio se anunciaba un reajuste de las perspectivas de crecimiento. El gasto público fue poco y de mala calidad. Los proyectos de inversión en trenes e infraestructura fracasaron o van demasiado lento. El dólar se depreció al tiempo que nuestras tasas de interés siguen constreñidas. Aunado a esto, el salario mínimo no tuvo el aumento sustantivo que han sugerido economistas del país. El proyecto económico del sexenio se hunde y las recetas heredadas de las crisis económicas, como la disciplina fiscal, ya son insuficientes.

La popularidad del presidente ha ido en picada. Aunque él insiste en que “no gobierna por la popularidad”, no deja de ser extraña la contradicción que supone, pues la popularidad es parte de la democracia. El desdibujamiento del presidente lo ha convertido en un holograma cuyas decisiones están sostenidas por la infraestructura del poder. Este gobierno hologramático cada vez toma peores decisiones; la visita de Trump es una de ellas y ahí se puede marcar el segundo fin del sexenio.

Frente a esto, un grupo de ciudadanos y organizaciones han convocado, el próximo 15 de septiembre a las 17 horas, a una marcha para exigir la renuncia del presidente. En un sistema con tan pocos mecanismos de rendición de cuentas la renuncia al cargo suena descabellada. Sin embargo, ante la falta de responsabilidad política es una salida decorosa para un gobierno en los contornos de la ilegitimidad.

La renuncia, en términos políticos, obligaría a reactivar la oposición en el congreso, al tiempo que permitiría concluir los últimos dos años sin seguir la espiral descendente. Es conveniente para el gobierno y sus opositores, pues le permitiría a Peña Nieto recuperarse al justificar su fracaso en público. A la oposición le obligaría a relanzar sus propios programas políticos para justificar su pretensión por ocupar el poder. Y, finalmente, contestarnos la pregunta clave, ¿para qué quieren gobernar? Los objetivos y estrategias de este gobierno ya no se sostienen. #RenunciaYA