Para entender la Ley de Víctimas

Por: Ximena Antillón, investigadora del área de Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas de Fundar

La Ley General de Víctimas fue aprobada el pasado 30 de abril del 2012 en la Cámara de Diputados. La aprobación de la Ley significa un paso importante para el reconocimiento de la situación de las víctimas y sus derechos. También nos habla de la situación que atraviesa el país, en el sentido de las condiciones que volvieron necesaria y urgente una ley de esta naturaleza: el impacto masivo de la violencia y la incapacidad del Estado mexicano para enfrentarla.

 

Resulta prematuro hacer una valoración del impacto de la Ley en términos del cumplimiento de las expectativas de las víctimas, la transformación de las instituciones y la reconstrucción del tejido social, profundamente dañado por la violencia y la impunidad. Este artículo no pretende dar cuenta de los alcances de la Ley y tampoco hacer un análisis de su contenido, sino proponer algunos ángulos, entre muchos otros, para aproximarse y entender la Ley de Víctimas. De hecho, me atrevería a decir que es necesario que proliferen muchos puntos de vista sobre esta Ley, que se pongan sobre la mesa y se genere un debate que involucre a la sociedad civil en su implementación; sobre todo a las organizaciones de víctimas de delitos y de violaciones de los derechos humanos.

 

Primero, esta Ley responde a la experiencia de personas alejadas de lo que llamamos “la política”, que a partir de una experiencia de victimización empezaron un proceso nuevo e inusitado que podríamos llamar de politización. Estas personas se acercaron a las diferentes instituciones con demandas tan básicas como que el Estado tiene la obligación de reivindicar el derecho de cada quien a vivir, de garantizar que las personas no desaparezcan como si se las tragara la tierra, y de asegurar, a través de la investigación y el debido proceso, que se sancione a los asesinos de sus seres queridos.

 

Posteriormente, en este camino, las víctimas se encontraron con la culpabilización de sus propios familiares, complicidades en las que las autoridades se fundían con los perpetradores, amenazas veladas o explícitas para que abandonaran su lucha, y puertas que se cerraban consecutivamente. Además del dolor por la pérdida de sus seres queridos o el sufrimiento por la ausencia en un duelo imposible, enfrentaron el desgaste económico y emocional que significa empujar un sistema de procuración y administración de justicia paralizado, así como la estigmatización en la sociedad. Luchar por la justicia tiene altos costos para las víctimas, incluso la vida misma.

 

Entonces estas personas, las víctimas, se dieron cuenta de que es necesaria la organización para abrir puertas y para fortalecer su resistencia frente a la revictimización y el desgaste. Empezaron a juntarse, a hacerse preguntas y ponerle nombre a las cosas. Compartieron el amor que los mueve, el dolor y la impotencia, así como los obstáculos que enfrentaron. De igual forma, brindaron alojamiento y comida cuando alguien llegaba de otro estado, encendieron la esperanza para quienes la veían apagada, compartieron el coraje y lo convirtieron en energía para seguir luchando. Quienes llevaban más camino recorrido acompañaron a los otros en cada trámite, explicaron a las víctimas el intrincado lenguaje de las procuradurías y los juzgados, exigieron sus derechos frente a las autoridades y levantaron su voz frente a la sociedad.

 

Este proceso de politización, en el sentido que señala Pablo Fernández Christlieb de “hacer que lo privado se vuelva público” —que para el autor implica tres tareas: 1) tener algo que decir, una experiencia que no ha sido dicha, 2) saberlo decir, en diferentes ámbitos y lenguajes, y 3) ser oído—, a partir de la organización de las víctimas, fue fundamental para la aprobación de esta Ley y será un componente indispensable para su implementación.

 

Las víctimas no aportaron solamente sus testimonios de dolor y sufrimiento durante el cabildeo de la Ley, también brindaron su conocimiento de los sistemas de procuración y administración de justicia, sus reflexiones sobre los obstáculos que enfrentan, sus propuestas de cómo superarlos, y su inteligencia organizativa. De este modo, complementaron el conocimiento técnico de las organizaciones de derechos humanos que trabajaron en la elaboración de la Ley.

 

La aprobación de la Ley de víctimas por el legislativo es un momento clave que marca el final de una etapa y el principio de otra. Este proceso deja profundos aprendizajes para todos: para las víctimas, la confirmación de la fuerza de su acción colectiva; para las organizaciones de la sociedad civil, la importancia de establecer relaciones horizontales con éstas; y para las autoridades, la necesidad de la participación de las víctimas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.