Pandemia e impactos económicos desiguales

La pandemia del COVID-19 se instala en México en un contexto de previa contracción económica. En el último trimestre de 2019 el PIB había caído (-0.1%) por primera vez en una década. Ahora, con la economía prácticamente detenida, las proyecciones sobre el futuro son francamente desalentadores. Según cálculos del Coneval, la pobreza extrema por ingresos podría aumentar entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020.

Con el objetivo de conocer con mayor detalle lo que sucede en los hogares mexicanos a raíz de la crisis de salud, Simo Consulting instaló un monitoreo que arroja resultados semanales de los principales impactos sociales del COVID-19.

Una de las principales preocupaciones que ha surgido por la pandemia es el cumplimiento con las medidas de distanciamiento social, especialmente aquellas que tienen que ver con el confinamiento. Cumplir con la cuarentena es un tema socialmente sensible ya que romperla no sólo genera un potencial costo personal, sino que se traduce en costo para toda la sociedad. A raíz de esto, mucho se ha debatido sobre la posibilidad que tienen las personas en condiciones de precariedad económica para quedarse en casa. Incluso se ha generado una especie de estigma social de que personas en condición de pobreza salen más y por ende se exponen más al contagio. Sin embargo, la evidencia es mucho más matizada y ese tipo de expresiones deberían ser reinterpretadas.

De acuerdo a estos datos, sería más justo decir que, a pesar de que es muy posible que la cuarentena les imposibilite en gran medida mantener ingresos y a pesar de tener una baja probabilidad de contar con ahorros (sólo el 15% de los mexicanos ahorra de manera formal), la mayoría de las personas con menores ingresos sí se está quedando en casa. Resalta que la diferencia con aquellas personas mejor equipadas para realizar su trabajo y mantener su ingreso de manera remota es mínima.

Quedarse sin ingresos es sin duda la principal emergencia económica a la que se están enfrentando muchas personas. La situación de confinamiento ha cerrado de golpe varios sectores económicos como es el caso del sector turismo, entretenimiento y muchas industrias no prioritarias, entre ellas gran parte de los sectores informales. Esta situación ya se refleja en el hecho de que el 28% de las personas encuestadas reporta que a partir de la cuarentena ha dejado de recibir ingresos laborales.

Sin embargo, cuando dividimos a la población de acuerdo a su nivel de ingreso, es claro que aquellos en mayor precariedad son los que más han perdido sus remuneraciones laborales: cerca del 40% de las personas que ganan menos de 5 mil pesos mensuales reportan haberse quedado ya sin ingresos laborales. Lo mismo sucede con las personas que creen que a futuro su ingreso se verá afectado por el COVID-19, aquellos que menos ganan prevén una mayor afectación.

Como era de esperarse, la gente con menor ingreso es la que ha tenido que suspender ciertos pagos que antes realizaba. Cuando estos recortes se dan en gastos no esenciales, el impacto puede ser más subjetivo, por ejemplo, dejar de pagar alguna plataforma de streaming. No obstante, el problema grave empieza cuando los pagos que se dejan de hacer generan intereses y por lo tanto una mayor deuda a futuro, como dejar de pagar la tarjeta de crédito o algún préstamo personal. También destaca que mucha gente reporta haber dejado de pagar servicios de internet, esta situación podría limitarlos en el acceso a muchos servicios que ahora se realizan en línea, siendo el más importante el acceso a la educación. Hoy más que nunca el internet se convierte en un servicio de primera necesidad. Es decir, muchos hogares no solo se quedarían sin buena parte de su ingreso si no que su deuda y rezago crecería al mismo tiempo.

Uno de los consensos que emerge a nivel mundial es que la pandemia ha destacado la necesidad de contar con Estados fuertes para atender situaciones críticas. No hay otra acción colectiva capaz de generar una respuesta proporcional al tamaño del problema. El destino del bienestar del país depende, ya no tanto de las condiciones del virus, sino de la respuesta que logremos ensamblar para enfrentarlo. En esta coyuntura se pondrá a prueba la vocación social o “pro-pobre” a la cual suele hacer referencia el actual gobierno. La principal pregunta que deberá tener en mente es cuál es la diferencia entre la cobertura actual del sistema de protección social versus el tamaño creciente de la población que va a necesitarlo. El escenario tendencial de sólo mantener los programas sociales actuales (incluso sumando los microcréditos) se quedará muy corto y habrá muchas familias que quedarán desprotegidas. Se requiere un golpe de timón y para ello hay que medir, segmentar poblaciones y encontrar las mejores maneras de hacer llegar los apoyos que son requeridos. En este momento la respuesta del Estado es la única esperanza para millones de familias.

* Santiago Rodríguez (@santiago_rod) es director asociado de SIMO Consulting (@SIMO_Consulting).