Redacción Animal Político · 5 de agosto de 2025
La semana pasada, el Poder Judicial absolvió a Israel Vallarta. Después de casi 20 años privado de la libertad sin sentencia, una autoridad jurisdiccional reconoció (tarde, pero lo hizo), lo que tantas personas, organizaciones y especialistas denunciaron desde el inicio: que el caso estaba plagado de irregularidades, que fue construido sobre pruebas obtenidas con tortura y simulación, y que el Estado mexicano lo necesitaba más como símbolo de eficacia que como sujeto con derechos.
El caso Vallarta no es una situación excepcional, sino el reflejo de la generalidad en el sistema de justicia penal mexicano. Su historia exhibe el funcionamiento de una maquinaria judicial que no busca la verdad ni procura justicia: busca culpables útiles. Y si no los encuentra, los fabrica. Su absolución no solo representa una victoria tardía para una persona criminalizada injustamente; es también una prueba irrefutable del colapso ético, jurídico y político del sistema penal mexicano. Porque si el caso más visible, más mediatizado y más documentado en sus violaciones terminó así, ¿qué podemos esperar de los miles que nunca saldrán en televisión?
México es un país que necesita culpables. Esa es la lógica de fondo que sostiene una estructura penal que castiga más la pobreza que el crimen, que encarcela antes de investigar, y que privilegia la imagen del castigo sobre el respeto al debido proceso. La fabricación de culpables no es un error: es una política sistemática encubierta, funcional al populismo punitivo, a la corrupción judicial y a la ineficacia de un Estado que ha renunciado a prevenir la violencia y se limita a castigarla, incluso cuando se trata de personas inocentes.
Esta lógica inicia desde el momento de la detención. En la mayoría de los casos que acompañamos como organizaciones defensoras de derechos humanos, las detenciones ocurren sin orden judicial, a través de supuestas flagrancias o invocando la “urgencia” del caso. Las personas detenidas son sometidas a tortura física y psicológica; se les siembran pruebas; se les exhibe ante medios de comunicación antes de ser presentadas ante una autoridad judicial. En cada eslabón de esa cadena, incluyendo la policía, los agentes del Ministerio Público, y las y los jueces, hay funcionarios que omiten, consienten o ejecutan actos violatorios de derechos humanos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), en 2016 el 50.2 % de las personas en prisión declaró haberse manifestado inocente ante el Ministerio Público; para 2021, esta proporción fue de 50.4 %, lo que refleja una persistencia significativa de este fenómeno. En cuanto a quienes aceptaron su culpabilidad, el 24.3 % en 2016 afirmó haberlo hecho bajo presión o coacción y el 16.4 % fue agredido físicamente, mientras que en 2021 el 18.2 % señaló haber sido presionado o amenazado por las autoridades para declararse culpable y el 20 % haber sido agredido en su integridad física. Aunque estas cifras muestran una ligera disminución, confirman la continuidad de prácticas violatorias del debido proceso en fases críticas del procedimiento penal.
Estos datos ponen en evidencia una falla estructural en el sistema de justicia penal mexicano: la prevalencia de confesiones obtenidas bajo coacción, incluyendo la tortura, como medio de prueba pese a su evidente ilegitimidad jurídica. Se trata de un sistema que, en la práctica, sigue privilegiando la confesión sobre la investigación, especialmente cuando las personas imputadas pertenecen a grupos históricamente discriminados. Un sistema en el que la pobreza, el color de piel, el acento o la apariencia determinan el grado de criminalización y castigo.
Vallarta fue útil en su momento para legitimar una estrategia de “mano dura” que necesitaba rostros, nombres y cuerpos para ejemplificar su supuesto éxito, como antes lo fueron Florence Cassez, Toño Zúñiga, Lorena González y tantas otras personas víctimas de la fabricación de culpables. El enemigo público del momento cambia según la coyuntura política: secuestradores, narcotraficantes, migrantes, jóvenes con gorra en la calle. Lo que no cambia es la necesidad del Estado de demostrar control a través del castigo, aun si eso implica condenar a personas inocentes.
Mientras tanto, el sistema de justicia no ofrece mecanismos eficaces para revertir las injusticias. Quien ha sido víctima de la fabricación de culpables debe enfrentar, solo y desprotegido, un aparato institucional diseñado para justificar su encierro. La defensa legal ordinaria se convierte en una lucha titánica contra el tiempo, la burocracia, la corrupción y el estigma. Aun cuando se logra la libertad, obtener una reparación integral es un camino lleno de obstáculos, incredulidad y revictimización.
En 2020, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) impulsó las llamadas Mesas de Justicia, un esfuerzo para revisar casos de personas injustamente procesadas o sin sentencia. En el mismo sentido, como seguimiento al decreto de preliberaciones por tortura publicado el 25 de agosto de 2021, la SEGOB instaló el Comité Permanente de Seguimiento de Preliberaciones. Pero sin facultades vinculantes, sin recursos suficientes, y sin una política pública integral detrás, estos mecanismos operan como paliativos. No hay un sistema nacional para la revisión de condenas viciadas. No hay una comisión independiente que documente patrones de fabricación. No hay voluntad real de desmantelar esta práctica, porque hacerlo implicaría aceptar que cientos, tal vez miles de personas están en prisión por delitos que no cometieron.
Vallarta fue absuelto, pero ¿quién le devuelve los casi 20 años de su vida? ¿Quién repara el dolor de su familia, de su dignidad rota? ¿Quién asume la responsabilidad institucional por la tortura que sufrió? ¿Quién responde por los operadores judiciales que permitieron que su proceso se sostuviera con pruebas contaminadas? Nadie. Porque en México, fabricar culpables no tiene consecuencias.
Defender a quienes han sido injustamente perseguidos por el Estado no es defender el crimen, es defender el Estado de derecho. Es defender la idea misma de justicia. Es, sobre todo, un deber categórico frente a un sistema que ha hecho del castigo un espectáculo y de la impunidad su forma de gobierno.
La absolución de Israel Vallarta debería ser una llamada de atención urgente. No para cerrar el caso, sino para abrir todos los demás. Para revisar los expedientes donde hay tortura, pruebas sembradas, confesiones forzadas. Para reconocer que, mientras no se garantice el derecho a un juicio justo, cualquier persona puede ser el próximo Vallarta.
*José Luis Gutiérrez Román es defensor de derechos humanos con trayectoria en litigio, incidencia y análisis del sistema penitenciario mexicano. Dirige ASILEGAL y es Doctor en Derecho por la UNAM. Cristopher Alexis Sánchez Islas es defensor de derechos humanos con experiencia en igualdad y no discriminación. Coordina el área de Defensa Integral de ASILEGAL y es Consejero Ciudadano del CCPED.