México: un país de acogida sin política de acogida

La madrugada del 1 de octubre de 2025, alrededor de 800 personas salieron desde la frontera  sur de México rumbo a la Ciudad de México. Esta vez, su objetivo es regularizar su situación migratoria y permanecer en nuestro país al quedarse sin opciones para continuar hacia Estados Unidos. Se trata de la primera caravana conformada tras la toma de posesión de Donald Trump en enero de este año, un hecho que determinó las trayectorias migratorias en y por México, y que observamos como red: la cancelación, de facto, de su derecho a solicitar y recibir asilo en ese país.

Este cambio reconfiguró las necesidades de protección internacional que el Estado mexicano está obligado a garantizar, ante el endurecimiento de la política antiinmigratoria y la cancelación de facto de las vías de asilo en Estados Unidos –como la suspensión de CBP One y la aplicación del Título 8–. De manera paralela, las opciones para permanecer y regularizar su situación migratoria en el país se redujeron drásticamente. El sistema de asilo en México opera muy por encima de su capacidad y con recursos limitados: en 2025 la COMAR cuenta con apenas 47.8 millones de pesos anuales, un presupuesto insuficiente frente al volumen de solicitudes. Lo que por ley debería resolverse en 45 días puede tardar hasta 11 meses, afectando directamente la vida de las personas dejándolas en la incertidumbre total ante la falta de derechos como el acceso al empleo formal, salud, educación y vivienda.

Aunado a esto, diversas organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre situaciones que suponen una barrera adicional para acceder a su derecho a solicitar y recibir refugio en México, por ejemplo, el cobro ilegal de lugares en las filas para acceder a las oficinas de Iztapalapa y las redes de coyotaje que lucran con asesorías falsas. A ello se suma el costo económico que enfrentan las personas para trasladarse, pagar transporte o ausentarse del trabajo, muchas veces sin certeza de ser atendidas. Medios como Conexión Migrante han advertido que la falta en el acceso a la información sobre los tiempos y procesos administrativos genera efectos desalentadores y forman parte de una estrategia disuasoria y en contravención del artículo 19 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que establece el derecho de las personas solicitantes a recibir información clara y gratuita sobre su proceso –una garantía que hoy se incumple sistemáticamente–.

De acuerdo con una solicitud de transparencia presentada en un informe técnico por el Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y KIND, tan solo entre enero y julio de 2025 más de 50,000 personas solicitaron asilo ante la COMAR, frente a las 80,000 solicitudes de 2024. Aunque el índice de aprobación se mantiene alto —92.4 % en 2024—, el volumen actual ha vuelto insostenible la capacidad institucional para garantizar el derecho a solicitar y recibir refugio.

Para los albergues socios de la REDODEM, los retos persisten. Tras años –2022 y 2023 y parte de 2024– de flujos masivos que saturaron las redes de atención, hoy los albergues registran una reducción drástica en los ingresos, aunque con mayores exigencias en la atención humanitaria que pueden brindar ante el incremento en nivel de violencia y crueldad a las violaciones a derechos humanos que viven en su tránsito por el país.

Esta tendencia refleja una estrategia de violencia institucional operada a través de procesos administrativos que no atienden a las necesidades de las personas y contravienen incluso a principios y normas del derecho internacional. La reducción en la presencia visible de personas migrantes no implica menor movilidad, sino un reforzamiento de los mecanismos de contención y desgaste que vulneran el derecho a migrar con dignidad y recibir protección internacional.

El intento de las personas integrantes de la caravana hacia la capital del país refleja que México se ha convertido, de facto, en un país de acogida sin una política de acogida. Aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla un incremento del 119.8 % para la COMAR, con un monto proyectado de 109 millones de pesos, este aumento sigue siendo marginal frente a las necesidades reales de atención y los compromisos del Estado en materia de protección internacional. El contraste es evidente: el Instituto Nacional de Migración (INM), principal operador de la política antiinmigratoria, mantiene un presupuesto de 1,961 millones de pesos, casi 18 veces superior al de la institución responsable de garantizar el derecho al refugio.

¿Puede México sostener el papel de país de acogida mientras su política migratoria sigue orientada al control y no a la protección? ¿Hasta cuándo el presupuesto, la voluntad política y la transparencia acompañarán al discurso? ¿Qué significa garantizar derechos cuando la espera se ha vuelto una forma encubierta de frontera?

* La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes – REDODEM (@RedodemMX) es una red nacional de albergues, casas para migrantes y organizaciones en 14 estados del país.