Pagar por impunidad

Más que documentadas están las ejecuciones arbitrarias a manos del ejército, la marina y la Guardia Nacional. Por lo regular son presentadas como “bajas colaterales” o “errores fatales”. El eufemismo para tratar de esconder el horror. Sobra decir que la impunidad casi absoluta es la norma. Es gracias al trabajo periodístico que algunos detalles de la perversión institucional salen a la luz.

En un reportaje reciente de Alberto Pradilla en Animal Político se desvela una de las tantas formas de operar. El pasado 8 de abril elementos de la Guardia Nacional asesinaron (de nuevo) en Nuevo Laredo (de nuevo) a José Alberto Rivera Cardoza y Martha Leticia Salinas Arriaga. Dos personas sin vínculo alguno con grupos criminales, que fueron asesinados producto de una estrategia de seguridad fallida (de nuevo). Testigos de los hechos declararon que la Guardia Nacional había “sembrado” (de nuevo) droga y armas para “tapar” el crimen.

El reportaje relata que “el sistema es el siguiente: la familia de la víctima recibe la visita de un integrante de la Secretaría de la Defensa o de la Guardia Nacional que le ofrece una cuantiosa indemnización (de un millón de pesos). A cambio, la familia debe firmar un documento en el que renuncia a seguir el procedimiento en contra de los oficiales”.

Así de burdo y de perverso. La institución que debía hacerse cargo por los asesinatos prefiere pagar para acallar el asunto. No solo eso, los familiares de las víctimas son amenazados, como lo menciona el reportaje, para obligarlos a firmar.

En las “reuniones” que mantienen autoridades militares y familiares participan personas de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Es decir, aquellas instituciones obligadas por ley a investigar, hacer justicia y garantizar la reparación integral de las víctimas.

Se trata de una perversión brutal de las instituciones. La FGR “ayudando” a gestionar la impunidad y la CEAV a reducir la reparación integral a una indemnización con amenazas. Ambas instituciones “gestionan” fuera de la ley los crímenes perpetrados por las fuerzas federales.

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de la población y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En lugar de ello, pervierten su razón de ser y abonan al horror y el desfondamiento legal y moral del Estado.

¿Cuántos casos como estos habrá más allá de los mencionados en el reportaje? ¿Qué otros mecanismos perversos existirán? ¿Cuántas ejecuciones presentadas como muertes en combate serán en realidad ejecuciones extrajudiciales? Como no se realizan investigaciones, no lo sabemos.

Lo cierto es que las fuerzas del Estado perpetran crímenes con absoluta impunidad con ayuda de las instituciones que deberían garantizar la verdad, la justicia y la reparación. No solo buscan la impunidad, hacen lo posible por que nadie se entere. Mientras tanto la CNDH ni se aparece. El desamparo es absoluto.

@dayan_jacobo