Redacción Animal Político · 7 de noviembre de 2023
Aunque la intensificación récord del huracán Otis, su capacidad de entrar a tierra con toda su fuerza y la incapacidad de ser detectado antes por los sistemas de alerta han sorprendido tanto a las autoridades como a la comunidad científica, no podemos hablar de una verdadera sorpresa. Al contrario, se trata de una tragedia anunciada si se considera que desde hace años sabemos del riesgo exponencial de tormentas más potentes a medida que aumenta la temperatura planetaria.
El problema fundamental no es que no hayamos hecho lo suficiente para prepararnos, sino que incrementamos las emisiones que aceleran el calentamiento y con ello los huracanes han aumentado en número e intensidad.

Desde luego, los gobiernos cargan con una parte importante de la responsabilidad, pero no podemos quedarnos ahí. En la aceleración de la crisis climática también han jugado un rol fundamental las empresas, las industrias, los grupos de interés, los agentes del desarrollo insostenible, los promotores del consumo desmedido, los gestores del pensamiento a corto plazo, los acaparadores de los recursos comunes a los que todos tenemos derecho.
Acapulco está hoy destrozado no sólo por las omisiones de los tres niveles de gobierno, sino por un modelo de desarrollo urbano y turístico insostenible impulsado desde la mitad del siglo pasado, que pretende sostenerse fuera de los límites ecológicos y que —la ironía convertida en tragedia— termina alimentando a las fuerzas naturales que vuelven cada cierto tiempo a recordarnos que el planeta está vivo y que reaccionará a nuestros actos y omisiones.
Este huracán ya histórico llega como un golpe de realidad para el gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que enunciaba que el país seguiría adelante con sus proyectos prioritarios, sin considerar que nada escapa al clima ni a los impactos que el calentamiento global ya muestra en México.

En estos días la discusión pública se pierde en debates entre la correlación y la causalidad. Que la tragedia hubiera sido menor, o simplemente no hubiera ocurrido, si las autoridades hubieran alertado antes de la llegada de Otis. Que si las construcciones no hubieran estado fuera de las normas, que si se hubieran invertido esos millones en radares o aviones cazatormentas, que si el presupuesto del Fonden no se hubiera recortado para mantener la construcción del Tren Maya y otros megaproyectos de este sexenio.
Quienes seguimos desde hace tiempo la crisis climática sabemos que no tiene caso agotar las energías en la búsqueda de causalidades. Es decir, la absoluta certeza de que una acción u omisión (la respuesta gubernamental o el desarrollo urbano no planificado, por ejemplo) son causa directa e inmediata de un fenómeno (el huracán). Las investigaciones podrían tomar años para explicar la causalidad, sin embargo la ciencia es clara en cuanto que a mayores emisiones de gases de efecto invernadero, más alternaciones habrá en el sistema climático mundial.
Hoy sabemos que las temperaturas más altas en los océanos favorecen la formación e intensificación de tormentas como Otis, que si antes aparecían cada 100 años hoy podrían hacerlo cada 20. Sabemos que los océanos son ahora más calientes porque desde 2015 cada año ha sido más caliente que el anterior, destrozando la estabilidad de una época geológica (el Holoceno) que desde hace 11,000 años ha brindado las condiciones climáticas necesarias para el desarrollo de la humanidad.
Sabemos también que este calentamiento se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por actividades humanas (la generación de energía basada en la quema de combustibles fósiles, la producción industrial, la construcción, el transporte, la agricultura, la deforestación, etc.). Que estas emisiones en vez de disminuir, como fue pactado en el Acuerdo de París de 2015, han aumentado cada año en una escalada liderada por los países desarrollados, pero también con contribuciones de países en desarrollo como China o México. Que el 1 % más rico de la población del planeta emite más gases de efecto invernadero que los que emite la mitad más pobre de la población.
Sabemos que casi la mitad de los gases que se acumulan en la atmósfera y la calientan fueron emitidos durante las últimas tres décadas, es decir durante el tiempo que el mexicano promedio lleva respirando en este mundo.
Sabemos también que ante la crisis climática, el gobierno federal de México ha recortado el presupuesto a las agencias encargadas de enfrentarla (Semarnat, INEEC, Profepa, Conafor, Conabio). Que el país incumple sus metas de transición a energías renovables, un área estratégica contra el cambio climático. Sabemos que fortalecer la industria de gas y petróleo de México —que es prioridad del actual gobierno— es un contrasentido ante el llamado científico y ciudadano a abandonar los combustibles fósiles para dejar de desestabilizar el planeta.
Al mismo tiempo, sabemos que los más afectados por la crisis son las personas en situación de pobreza y con condiciones históricas de vulnerabilidad: campesinos, pueblos originarios y afromexicanos, mujeres, infancias, personas con discapacidad, etc. Y sabemos lo injusto que es que los más afectados sean los últimos causantes, los menos responsables.
Ante este escenario y con base en investigación y en un intercambio colectivo, podemos decir que en México tenemos información para cambiar la actual trayectoria. Nosotros tenemos un plan.
Diversas organizaciones de la sociedad civil en México nos hemos reunido desde 2022 para construir una propuesta de Plan de Descarbonización y Resiliencia Climática en México visión 2024-2030 que transforme la economía y la sociedad, para hacerlas menos dependientes de los combustibles fósiles y de las actividades extractivas, y que tengan un carácter regenerativo, adaptativo y resiliente. Esta propuesta está construida desde una visión sistémica y dentro de un enfoque de derechos humanos e igualdad, enfatizando la participación efectiva de comunidades locales, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, juventudes, infancias y de otros grupos vulnerados, en el diseño e implementación de políticas, leyes y normativas para hacer frente al problema climático a nivel nacional, estatal y municipal.

Con base en ocho líneas de acción (economía circular regenerativa, transición energética justa, suelos vivos, defensa del territorio, agua, ciudades sostenibles, salud y finanzas sostenibles) y cuatro ejes de carácter transversal (equidad de género, derechos humanos, participación, y transparencia), proponemos acciones para que México no solo reduzca emisiones, sino también para que se prepare para los embates del cambio climático como es el huracán Otis, que serán cada vez más frecuentes generando altos daños y pérdidas.
Estas acciones que proponemos buscan limitar el aumento de la temperatura a menos de 1.5º grados centígrados a nivel global —momento en que muchas especies ya no podrían adaptarse—, estabilizando las emisiones hacia 2030. Por ello, el periodo 2024-2030 es crítico para México y para quien gane las elecciones presidenciales, porque quien llegue al poder tendrá la responsabilidad más grande de alcanzar estas metas y salvaguardar el futuro de las y los mexicanos.
Las acciones identificadas buscan ser la base del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, por lo que no solo invitamos al actual gobierno a usarlo, sino a las candidatas a la presidencia a conocerlo y adoptarlo. Sabemos que combatir la crisis climática es tarea de todos los grupos, y con estas propuestas deseamos contribuir a la construcción de un México de bajas emisiones y resiliente al clima que sea justo, equitativo, participativo y transparente. No lograrlo será la condena de presentes y futuras generaciones, que nada han hecho para merecer un ambiente insano e incierto como el que se les está dejando.
Ante tragedias como Otis y la cada vez más abrumadora perturbación climática global, la Coalición México Resiliente convoca a levantar la voz hasta el nivel más alto posible en una democracia. Para ello hay que convertir las elecciones del 2024 —en las que se renovará la presidencia, gubernaturas y asientos en congresos federal y locales— en un referéndum del tipo de respuesta que queremos en México ante la crisis climática.
Como planeta, estamos cerca de pasar el punto crítico de 1.5 grados de aumento en la temperatura global que nos ha marcado la comunidad científica como el máximo tolerable. Cruzar este punto implica el riesgo de que nuestras acciones logren cada vez menos al tiempo que las consecuencias de la crisis se agravan cada vez más. Por ello necesitamos actuar ahora y hacerlo colectivamente. Los gobiernos electos en el 2024 serán probablemente los últimos que puedan hacer algo contra el cambio climático antes de que el termómetro alcance el límite, y esto exige poner la crisis en el centro del debate electoral.
Necesitamos elegir a líderes que entiendan lo que está en juego y lo que esperan de ellos las generaciones que quieren un futuro y un planeta vivible. Necesitamos gobiernos a la altura de las circunstancias y del lado correcto de la historia.