Redacción Animal Político · 2 de julio de 2025
En el Mes del Orgullo abundan los discursos institucionales que celebran la diversidad. Pero pocos se atreven a mirar hacia los márgenes más profundos del sistema: hacia las cárceles, donde el orgullo se vive en silencio, entre castigos burocráticos, cuerpos violentados y nombres negados. Porque en México, ser LGBTTTIQ+ no solo implica enfrentar la discriminación cotidiana, sino también, y especialmente, sobrevivir a un sistema de justicia que castiga la diferencia desde el primer contacto hasta la última audiencia —cuando esta ocurre.
El caso de Silvia, una mujer trans privada de libertad en el estado de Puebla, sintetiza con brutal claridad lo que muchas personas LGBTTTIQ+ enfrentan al ser absorbidas por el aparato penal. Desde el momento de su detención en mayo de 2018, Silvia fue tratada no como una persona con derechos, sino como una anomalía que debía corregirse. Fue ubicada en un pabellón de hombres, obligada a convivir en condiciones hostiles, señalada constantemente por su identidad de género y sistemáticamente excluida de los beneficios penitenciarios que, por ley, le correspondían.
Durante años, Silvia fue llamada por su nombre legal, nunca por el nombre con el que se identifica. Fue obligada a cortarse el cabello y a suspender su tratamiento hormonal. Dormía en la biblioteca del penal —no como un gesto de protección, sino como una solución improvisada ante la falta de condiciones mínimas para garantizar su seguridad. Sus pertenencias estaban guardadas en una cubeta. Así vivió Silvia: en un limbo institucional donde todo estaba en pausa, excepto la violencia.
En 2022, desde ASILEGAL presentamos una solicitud para que accediera a la libertad condicionada, toda vez que ya había cumplido más del 50 % de su condena. La respuesta institucional fue una cadena de omisiones: el juez se declaró incompetente, el centro penitenciario ocultó oficios, se mintió a la defensa, no se ejercieron medidas de apremio, y la audiencia simplemente nunca se celebró. El tiempo siguió pasando y Silvia terminó cumpliendo el 100 % de su condena. Fue liberada hasta mayo de 2024, sin haber accedido a ningún beneficio preliberacional. No porque no cumpliera los requisitos, sino porque el sistema le negó el derecho a ser tratada como sujeto de derechos.
Este caso no es una excepción. Es la norma para muchas personas LGBTTTIQ+ privadas de libertad en México. Las violencias estructurales que enfrentan dentro de los penales se manifiestan de múltiples formas: asignación arbitraria de espacios que ignoran su identidad de género, negación de servicios médicos adecuados, discriminación institucional, agresiones físicas y sexuales, y obstáculos para ejercer sus derechos más básicos. A esto se suma la ausencia de registros oficiales que permitan dimensionar la magnitud del problema: no sabemos cuántas personas trans están en prisión, cuántas han muerto, cuántas reciben tratamiento, cuántas han denunciado violencias. No lo sabemos porque el Estado no quiere verlo.
El único dato oficial disponible sobre personas LGBTTTIQ+ en reclusión proviene del Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de Población Penitenciaria Vulnerable y de Origen Extranjero, elaborado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS). Aunque se trata de una publicación que, en teoría, debería actualizarse mensualmente, la última versión disponible en línea corresponde a julio del año pasado. La información más reciente no fue publicada por iniciativa institucional, sino obtenida a través de una solicitud de acceso a la información. Según ese reporte —correspondiente a abril de este año— existen 3,644 personas privadas de libertad que se identifican como parte de la comunidad LGBTTTIQ+. 1 Una cifra que, por sí sola, podría parecer marginal, pero que adquiere verdadero peso cuando se contrasta con el total de la población penitenciaria nacional: 244,448 personas. Dicho de otra forma, hablamos de miles de personas cuya existencia el sistema apenas reconoce, y cuya dignidad sigue siendo sistemáticamente vulnerada.
Hablar de orgullo en estos contextos no es solo una provocación. Es una necesidad política. Porque el orgullo también se construye desde los márgenes, desde la resistencia cotidiana de quienes enfrentan un sistema que las niega, pero no las quiebra. Silvia resistió. Y resistieron con ella muchas otras mujeres trans que han exigido ser reconocidas, que han denunciado, que han sobrevivido.
Pero resistir no debería ser la única opción. Es urgente que el sistema penitenciario se transforme desde una lógica de derechos humanos, con enfoque de género e interseccionalidad. Esto implica adecuar los espacios penitenciarios para garantizar condiciones dignas y seguras para las personas trans; implementar protocolos claros para su tratamiento; asegurar el acceso a la salud integral, incluidos los tratamientos hormonales; capacitar al personal penitenciario; y, sobre todo, garantizar que los derechos que ya existen en el papel se cumplan en la práctica.
Es inaceptable que una persona cumpla toda su condena sin haber accedido a sus derechos, no por culpa propia, sino por la negligencia del Estado. Es inaceptable que ser trans en prisión sea equivalente a estar condenada dos veces: por el delito imputado y por la identidad que se porta. Es inaceptable que en pleno 2025, el sistema penitenciario siga funcionando como un mecanismo de castigo identitario.
Este mes del orgullo, más allá de las luces y los discursos, debería servir para preguntarnos: ¿quiénes están fuera de la celebración? ¿Quiénes no caben en la narrativa del amor es amor? ¿Quiénes resisten desde los márgenes del encierro? Porque hasta que el orgullo también sea posible tras las rejas, nuestra deuda seguirá intacta.
* José Luis Gutiérrez Román es director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C. (ASILEGAL) y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en justicia penal, derechos humanos y sistema penitenciario.
1 Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de Población Penitenciaria Vulnerable y de Origen Extranjero publicado, abril 2025, página 29.