El día después del derrumbe: la enorme oportunidad de repensar la justicia

Tras la reforma judicial en México parece inminente la implosión de la justicia, o por lo menos de la justicia como típicamente se define en una democracia constitucional. Por tanto, una pregunta importante para nuestra sociedad deberá ser: ¿y luego…?

El derrumbe de la justicia en algunos aspectos ya ha iniciado. El Poder Judicial, bajo la actual reforma, ya ha perdido su naturaleza de contrapeso. Tradicionalmente una democracia constitucional es un gobierno de tres poderes distintos y no de tres poderes iguales. Se supone que uno representa a la mayoría, otro representa a la diversidad existente en el país y otro representa a la ley para garantizar que todos juegan con las mismas reglas. La reforma tergiversa la naturaleza del Poder Judicial. Con la reforma, el Poder Judicial deja de ser un actor técnico. Su fuente de poder es el sufragio ganado con propuestas (aunque en teoría hay muy poco que un juzgador puede proponer que no sea seguir la ley), con su trayectoria (aunque penalizar a un litigante por a quienes ha representado le propina un golpe a la debida defensa como tema de interés público) y por su ideología (aunque un requisito fundamental del juzgador es la objetividad).

Aun aceptando que el Poder Judicial deja de ser actor técnico, salimos perdiendo. La elección no solo politizó al Poder Judicial, también lo hizo partidario. En vez de tener un proceso pausado y gradual que modificara la naturaleza del Poder Judicial, la prisa y desaseo con la que se diseñó e implementó la reforma convirtió la elección en una simulación de expresión de voluntad popular. Para el grueso de aquellos ciudadanos que quisieran participar, el único vehículo dable para elegir era utilizar la recomendación de alguien. En su mayoría los participantes utilizaron la recomendación del partido gobernante para definir su voto. La elección se materializó como una caricatura de ejercicio democrático al necesitar un acordeón que dijera cuál es tu voluntad.

Sería suficientemente terrible entregar la resolución judicial de conflictos particulares a manos de un poder hegemónico absoluto, pero enfrentamos un riesgo aún mayor. En México la justicia, sobre todo la local, se entrega a un mosaico de poderes políticos y fácticos. No podremos contar con la triste certeza de que un gobierno autocrático controlará las decisiones. Debemos enfrentar la incertidumbre de no saber de cierto a quien obedece cada operador judicial.

Las rupturas con los pilares que típicamente sostienen al Poder Judicial anuncian su derrumbe. Pero su fin no será necesariamente un entierro triste. Nadie podría hacer una defensa razonable de la impartición de justicia en México. Son ampliamente conocidas las cifras que colocan los índices de impunidad arriba del 98 %. Son conocidas porque hace décadas que no se han modificado más que milimétricamente. Sin embargo, a pesar de ser de los problemas más sentidos en el país durante múltiples sexenios, esta realidad no cambia.

Las instituciones de justicia y en particular el Poder Judicial, son de los órganos más difíciles de reformar. En parte se debe a la cantidad de poder que ejercen y por tanto los importantes poderes que les protegen. También se debe a que la ley y el derecho se han constituido como autoridades prácticamente intocables. El derecho y sus laberintos se establecen como dogma: incuestionable e intocable. La sociedad se lamenta de la falta de acceso a la justicia cuando la inaccesibilidad forma parte de la naturaleza misma con la que opera la justicia. Se constituye como autoridad que posee un saber único y elevado, el cual las personas que no pertenecen a su gremio desconocen. La inaccesibilidad es parte elemental de su protección. En algunas ocasiones es necesario utilizar lenguaje técnico para tener precisión en el significado. A menudo en la justicia el lenguaje técnico simplemente mantiene el manto de exclusividad protectora. Por más que se le busca, no hay significado distinto o matizado cuando se dice “el de la voz” en vez de “fulano dijo”, o cuando se refiere a quien interpuso la queja como el “impetrante de garantías”.

A pesar de tantos años de ser el poder intocable, hoy somos testigos de su derrumbe. Ante la imperiosa necesidad de reformar la justicia, muchos hubiéramos elegido rutas menos radicales que ponerle un cerrillo. Sin embargo, ya que se le prendió fuego, y al irse despejando el humo, vemos que estamos frente a una enorme oportunidad. El derrumbe de la justicia nos deja con la posibilidad de repensar el sistema de justicia que queremos. A diferencia del ave fénix, el reto es de las cenizas construir algo nuevo y diferente. En estos tiempos extraños, personalmente no creo que podría soportar la decepción si después de este derrumbe terminamos rehaciendo una versión remozada del mismo adefesio disfuncional que ha sido nuestro sistema de justicia.

Repensar la justicia que queremos exige poner de lado el dogma. Se necesitan nuevas miradas amplias. Es indispensable salir de la polarización y la censura para apelar a la razón como ejercicio, como disciplina y como placer, dentro de espacios en los que sea válido decir “y que si…”. Son espacios necesarios porque lo que no se habla en voz alta, sucede en silencio. Cuestionar si el Poder Judicial debe o no ser un contrapeso a quien representa la voluntad de la mayoría ha sido una pregunta que en muchos círculos levantaría más que una ceja. Sin embargo, mientras en círculos letrados no se discute lo indeseable, nuestra presidenta abiertamente lo introduce como realidad. “La reforma al Poder Judicial va. Ni un juez ni una jueza ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va”. 1

Repensar la justicia significa múltiples esfuerzos simultáneos en los que se discutan los dilemas fundacionales del sistema judicial. ¿Debe ser la justicia un poder de la nación o un servicio público? ¿Cuál es el equilibrio entre la independencia de criterio judicial y la rendición de cuentas? ¿Se quiere ampliar la capacidad de atender la demanda de justicia o es necesario desahogarla con medios alternativos de solución de conflictos? En nuestro modelo de nación, ¿queremos empoderar al sistema judicial local o es necesario someterlo al criterio federal en aras de resguardar el pacto social y los derechos humanos? ¿Hasta dónde la formalidad que da certeza jurídica impide que la justicia resuelva sensatamente los problemas de las personas?

Son muchos temas a discutir. Algunos son complejos y técnicos. No será fácil y requerirá de tiempo, neurona y saliva de muchos y muchas. No se sabe a qué tipo de propuestas nos podrán llevar estas preguntas. Lo único cierto es que no se llegará a una respuesta, si la única pregunta es ¿quién puso el cerrillo?

* Margarita Griesbach es coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos de la Infancia Ibero-CDMX y consultora independiente.

1 La Mañanera del Pueblo 18 Octubre, 2024.