Redacción Animal Político · 15 de septiembre de 2023
Las cifras son contundentes: México enfrenta un problema de seguridad que ha escalado en su magnitud, pero también en su atrocidad. La estrategia militarizada que inicialmente se planteó como un combate frontal al narcotráfico ha resultado en una proliferación sin medida de formas, actores y escenarios de la violencia. A la par, el marcado prohibicionismo y la constante criminalización con la que se dirige la política de drogas han definido un engranaje social en el que los grupos criminales expanden su poder, y la población –en especial la que se encuentra en situación de vulnerabilidad– paga los costos políticos, económicos y sociales. Ante ello, desde sus trincheras, la academia y las organizaciones civiles han hecho una vasta labor en documentar las causas, las consecuencias y las posibles apuestas que deben considerarse para la reformulación de la política de drogas y de seguridad del país. No obstante, queda un importante cabo sin atar: la opinión pública.
Para la sociedad mexicana, el problema de seguridad no es desconocido ni irrelevante. De acuerdo con las cifras del Latinobarómetro 2020, la delincuencia fue señalada como el problema más importante en el país por el 14.3 por ciento de los encuestados, siguiendo a la economía, la cual encabezó la lista con el 14.7 por ciento. Asimismo, según los resultados de la Encuesta Nacional de Agenda Legislativa (ENALE) 2023, el 42 por ciento de los encuestados señaló que la inseguridad es el principal problema que espera que el Senado contribuya a resolver.
La anterior problematización coincide con lo arrojado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la cual señaló que en el primer trimestre de 2023, el 62.1 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Asimismo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2021, el 29 por ciento de los hogares del país tuvo al menos un integrante víctima de un delito. Esta encuesta además señala que, debido a la inseguridad, la población de 18 años y más ha dejado de realizar actividades que le eran cotidianas. Por ejemplo, el 62.4 por ciento de esta población no permitió que menores de edad salieran, el 55.5 por ciento dejó de usar joyas y el 46.3 por ciento dejó de salir de noche.
Ahora bien, el hecho de que la población perciba el problema de inseguridad del país y considere necesaria una reforma a la intervención gubernamental, no necesariamente se ha reflejado en el apoyo a las propuestas basadas en la evidencia y experiencia de la academia y las organizaciones civiles. Al menos esto sucede en lo propuesto en torno a la militarización y la política de drogas, en donde los efectos han sido devastadores.
Por un lado, entre los efectos adversos que ha traído consigo la estrategia de seguridad basada en la militarización del país se encuentran los siguientes: el drástico incremento de homicidios, la fragmentación y, por ende, competencia violenta entre grupos criminales, el aumento desmedido de la cantidad de desaparecidos, el incremento en las violaciones a derechos humanos y la perpetuación de un sistema de impunidad, entre otros. Por otro lado, los efectos de la actual política de drogas –basada en ejes de prohibicionismo y criminalización– han sido “extremadamente dañinos”. Si bien es cierto que no ha habido un incremento significativo en la proporción de personas que reporta el uso de drogas, sí lo ha habido en el número de muertes y homicidios intencionales relacionados a la política de combate al narcotráfico. De igual manera, de acuerdo con México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el castigo al delito de posesión simple “sólo desperdicia recursos policiales en perseguir y criminalizar de manera desproporcionada a pequeños narcomenudistas y personas usuarias, saturando un sistema penal, de por sí rebasado e ineficiente”. Como prueba de ello, el 61.1 por ciento de los presos relacionados con drogas fueron inculpados por narcomenudeo y el 38.9 por delitos contra la salud. A lo anterior se suma la constante violación de derechos humanos y criminalización de personas usuarias.
Ante este panorama en el que la evidencia y la experiencia apuntan hacia dónde debe encaminarse la política de drogas y de seguridad, la opinión pública parece ir en dirección contraria. De acuerdo con los resultados de la ENVIPE, en 2021, el 87.1 por ciento de la población de 18 años y más percibe confianza en el Ejército y el 89.6 en la Marina. Asimismo, el presidente ha declarado que el 80 por ciento de los mexicanos aprueba el desempeño de la Guardia Nacional. Lo anterior no sólo ha sido sustento del mantenimiento de las fuerzas militares en las tareas civiles; también ha funcionado como medio de legitimación de una estrategia en la que se les otorga cada vez más tareas, tal como lo son las obras públicas del Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Agencia Espacial Mexicana, entre muchas otras.
Ahora bien, en cuanto a la política de drogas, de acuerdo con los datos del Latinobarómetro 2020, únicamente el 0.6 por ciento de los encuestados identificó al consumo como el problema más importante del país. En cuanto a la permisión del uso medicinal y recreativo de la marihuana, el 44 por ciento está a favor, el 43 por ciento en contra y el 3 por ciento a favor del uso medicinal, pero no recreativo. Si bien existe un porcentaje considerable que se encuentra a favor, este debate simplemente no tiene lugar para el resto de las drogas ilegales.
En este contexto, es evidente que la dirección en la que se dirige la opinión pública resulta desfavorable para las reformas que requieren la política de drogas y de seguridad. Si bien es cierto que no existe un consenso en cuanto a la magnitud y sustancialidad que tiene el impacto de la opinión en las políticas públicas, el rol y el vínculo permanece significativo entre la literatura. Su efecto en la definición del problema y, por lo tanto, de la agenda pública, está lejos de ser mínimo. Por lo tanto, para los defensores de una perspectiva reformista resulta clave entender el engranaje de la opinión pública y la manera de guiarla hacia una reflexión informada de las políticas actuales y su efecto en la crisis de violencia que atraviesa el país.
En este sentido, el interés debe fomentarse en el análisis y reflexión en torno a cómo se distorsiona lo que ahora representa un obstáculo, pero que puede convertirse en la fuerza catalizadora de políticas reformistas: la opinión pública. Un ejemplo de ello es la influencia de los medios de comunicación. De acuerdo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la manera en la que la prensa propaga la información relacionada con el narcotráfico parece desensibilizar a la sociedad. Además, entre otros aspectos a considerar se encuentra la influencia que tienen los medios en la propagación de estigmas en torno a usuarios de ciertas sustancias y, por supuesto, en la difusión de información errónea y mermada por intereses políticos y económicos.
En suma, para “atar el cabo suelto” de la política de drogas y de seguridad, es necesario replantear el escenario en donde se formulan, impulsan y suceden las políticas. Una política reformista de gran alcance no tendría lugar en un escenario que resulta conveniente para el status quo, pues quienes ostentan la toma de decisiones, las legitiman con base en un apoyo ciudadano que regularmente posee una información insuficiente o distorsionada de la realidad social del país. En este sentido, con la desaprobación o desinterés social, una reforma a lo políticamente orquestado está condenada a no suceder.