Jorge Avila · 19 de marzo de 2026
La crisis climática nos obliga a dejar los combustibles fósiles y avanzar hacia energías limpias, pero ese cambio —la llamada transición energética— necesita minerales estratégicos. México tiene yacimientos clave; es uno de los mayores productores mundiales de cobre, zinc, manganeso y litio, con algunas de las minas más importantes del mundo.
Esto atrae inversiones y oportunidades para el mercado internacional, pero también pasa por alto los impactos de la explotación de estos minerales y pone en riesgo la vida y los derechos de las comunidades que habitan esos territorios. Y, como suele ocurrir, las mujeres son las más afectadas y las menos beneficiadas. Esta paradoja del progreso verde se enraíza en un modelo de negocios de la industria minera que esconde una realidad de género estructural: las mujeres soportan las mayores cargas ambientales y sociales de la minería y, al mismo tiempo, son las más excluidas de sus supuestos beneficios económicos.
El actual modelo de negocios de la minería reproduce y profundiza violaciones a derechos humanos, daños ambientales y desigualdades de género que afectan de manera desproporcionada a mujeres rurales, mujeres indígenasy defensoras del territorio. La minería a gran escala contamina agua, suelo y aire, consume grandes volúmenes de agua y provoca daños a la salud y al ambiente. Muchas veces, estas mujeres quedan excluidas de decisiones y sufren violencia por defender el ambiente. Nada de esto es un efecto colateral inevitable; es el resultado de un sistema que prioriza la maximización de ganancias por encima de la vida, el cuidado, el ambiente y los derechos humanos.
La carga invisible de las mujeres
En muchas regiones mineras rurales de México, los roles de género tradicionales implican que las mujeres sean responsables del agua, la seguridad alimentaria del hogar y el cuidado de la tierra. Cuando las operaciones mineras contaminan el aire, la tierra y las fuentes de agua locales con metales pesados como el plomo o el arsénico, las mujeres se ven expuestas a mayores riesgos para la salud: deben recurrir a agua contaminada para cocinar, lavar ropa y para el consumo general de sus hogares, lo que aumenta el riesgo de cáncer y de problemas reproductivos, respiratorios y de la piel, entre otros.
Además, deben invertir más tiempo y recursos para conseguir agua potable y alimentos seguros, lo que reduce sus oportunidades laborales o educativas y pone en riesgo la salud y la sostenibilidad de sus familias.
Un caso emblemático: Río Sonora
En 2014, la mina Buenavista del Cobre de Grupo México derramó sustancias tóxicas en el Río Sonora, afectando la salud, el agua, el ambiente y la economía de unas 22 mil personas en 38 comunidades a lo largo de la cuenca. A casi 12 años de ese desastre —el mayor generado por la minería en México— las comunidades siguen sin atención especializada a la salud, sin suficientes plantas potabilizadoras, sin programas de remediación ambiental y económica, y sin garantías de que no volverá a ocurrir.
A casi 12 años del mayor desastre ambiental de la historia de la minería en México, las personas de las comunidades del Río Sonora siguen sin recibir atención a su salud de forma especializada, sin suficientes plantas potabilizadoras de agua, sin programas para remediar los daños ambientales y económicos y sin garantías de parte de la empresa de que un desastre así no volverá a ocurrir.
Las palabras de la defensora y líder de los Comités de Cuenca Río Sonora, Martha Patricia Velarde, lo expresaron con claridad: no hay acceso a agua limpia en las comunidades pese a la presencia de arsénico, mercurio, cobre, manganesoy plomo en el agua que consumen. Su caso se convirtió en símbolo de la falta de justicia y reparación integral para las personas afectadas por el derrame minero.
Impactos en otras regiones
En situaciones similares se encuentran quienes viven cerca de los 111 proyectos de extracción de minerales estratégicospara la transición energética en México. En Hidalgo, la planta de procesamiento de manganeso genera polvo suspendido con efectos directos en la salud, particularmente en niñas, en quienes se han documentado afectaciones en el desarrollo neurocognitivo.
La minera, además, ha sido privilegiada en la obtención de concesiones de agua, pues tiene derecho de usar toda el agua de laboreo sin permisos adicionales. Esto profundiza la escasez hídrica y contribuye a la contaminación de las fuentes de agua. Esa escasez y contaminación del agua en los hogares recae principalmente sobre las mujeres: aumenta el tiempo de trabajo doméstico y el gasto económico para adquirir garrafones y pipas que abastezcan de agua sus hogares.
Exclusión y riesgo
Las mujeres con frecuencia quedan fuera de las consultas o reuniones informativas convocadas desde el gobierno sobre proyectos mineros, pese a que sus vidas se ven fuertemente impactadas, lo que refuerza su exclusión política y social en contextos ya marcados por desigualdades de género.
México es uno de los países con mayor conflictividad socioambiental del mundo: una parte relevante de los conflictos socioambientales recientes se relaciona con proyectos mineros; y el país es uno de los más peligrosos de la región para la defensa de los derechos humanos. En este contexto, las mujeres defensoras del territorio tienen mayor riesgo de sufrir violencia basada en género, violencia sexual, campañas de difamación basadas en estereotipos de género, violencia familiar y agresiones dentro de organizaciones, movimientos y comunidades, además de recibir poco o nulo reconocimiento por su trabajo.
El modelo de negocios minero: un obstáculo para los derechos
Para identificar las causas de estos impactos, hay que poner el foco en el modelo de negocios de la industria minera en México. El poder político de las empresas del sector —visible en el lobby minero— ha frenado avances clave en la regulación del sector; un ejemplo es la impugnación de la nueva Ley de Minería, que ha retrasado su reglamento y aplicación.
El sector se caracteriza por la falta de transparencia: no hay acceso público suficiente a información sobre concesiones,impactos o quiénes se benefician. Los recortes presupuestarios limitan la capacidad de las instituciones encargadas de vigilar y fiscalizar a las empresas mineras, mientras que el incumplimiento de sentencias judiciales favorables a comunidades afectadas perpetúa la impunidad, la falta de remediación y la ausencia de prevención.
A esto se suman narrativas de sistemas de explotación capitalistas y patriarcales, que imaginan los territorios de donde se extraen minerales como “territorios vacíos”, “desiertos” o “vírgenes”, legitimando la expansión extractiva e invisibilizando a las comunidades presentes. Esas narrativas desvalorizan las formas de vida y cuidado ancestrales, históricamente custodiadas por mujeres, basadas en saberes y relaciones con el ecosistema, como el cultivo de alimentos, la salud de la familia y el cuidado de la tierra y el agua.
¿Una transición justa e inclusiva?
No puede haber una transición energética justa ni un futuro sostenible si se repite el mismo patrón de despojo y exclusión de las comunidades que viven en territorios con minerales críticos, ni tampoco sobre la marginación de la mitad de la población. Mientras se extraen los minerales para las energías del futuro, se debe asegurar que las mujeres de México no se queden solo con la explotación y la exclusión.
Para proteger a las mujeres y ofrecer una transición inclusiva se necesita:
Manejo del agua con enfoque de género: deben impulsarse cambios en el manejo del agua en zonas mineras, beneficiando directamente a mujeres y niñas y garantizando mayor disponibilidad de agua para el hogar y actividades económicas locales. Esto reduciría el tiempo, esfuerzo y gasto que dedican las mujeres a conseguir agua, aligerando su carga de cuidado y mejorando su salud, seguridad, oportunidades educativas y calidad de vida.
[1] Martha Patricia Velarde Ortega falleció en febrero de 2025 a los 66 años debido a complicaciones de salud derivadas de la acumulación de metales pesados (plomo, manganeso) en su cuerpo. Su fallecimiento es recordado como un símbolo de la falta de justicia y reparación integral para los afectados por el derrame minero.
[2]https://www.researchgate.net/publication/47297242_PARADIGMAS_DE_INVESTIGACION_APLICADOS_AL_ESTUDIO_DE_LA_PERCEPCION_PUBLICA_DE_LA_CONTAMINACION_DEL_AIRE