Justicia sin defensa: cuando el ciudadano enfrenta solo al Estado

Por: Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública

Hay una escena que se repite todos los días en muchos municipios de México. Una persona es detenida por la policía municipal por una discusión en la calle, por consumir alcohol en la vía pública o por una falta administrativa menor. La patrulla llega, la persona es subida sin mayor explicación y, en minutos, es presentada ante una o un juez cívico. Ahí comienza un procedimiento que, en teoría, debería ser sencillo, rápido y justo.

Pero rara vez lo es.

Qué pasa cuando una persona detenida enfrenta sola al juzgado cívico

Del lado de la autoridad está el policía municipal que realizó la detención. A veces con un Informe Policial Homologado, a veces solo con su relato. Del lado de la persona detenida, en cambio, suele haber desinformación e incertidumbre: no sabe con precisión de qué se le acusa, no conoce el contenido del informe policial, desconoce qué pruebas existen en su contra y, en la mayoría de los casos, no tiene acceso a una defensa. Llega sola a un espacio donde todo parece ya decidido.

Lo que ocurre entonces no es una audiencia entre partes en condiciones similares, sino una relación profundamente desigual. De un lado, el aparato institucional, el Juzgado Cívico; del otro, una persona que apenas entiende el procedimiento que enfrenta. Esa asimetría tiene nombre: es la ruptura del principio de igualdad de armas, una de las bases más elementales del debido proceso.

Este principio establece algo simple pero fundamental: que las partes deben tener oportunidades reales y equivalentes para defender sus intereses. No se trata de un tecnicismo jurídico, sino de una condición mínima de justicia. Si una autoridad puede acusar, presentar pruebas y sostener su versión de los hechos, la persona señalada debe poder hacer lo mismo en condiciones comparables.

Aunque la Justicia Cívica sea administrativa, sus consecuencias no son menores. Puede implicar multas, trabajo comunitario o incluso arrestos de hasta 36 horas. Y cuando el Estado tiene la capacidad de restringir la libertad personal, aunque sea temporalmente, las garantías del debido proceso no pueden ser opcionales.

Sin embargo, en la práctica, el modelo suele operar en sentido contrario. La persona llega detenida, el policía municipalexpone su versión, la o el juez cívico ya conoce el informe policial, conduce la audiencia y resuelve. Todo en cuestión de minutos. La persona detenida, sin defensa, enfrenta a dos autoridades dentro del mismo procedimiento. El resultado es previsible: poco debate, escasa contradicción y decisiones que descansan casi por completo en la versión policial.

El informe policial no puede ser la única verdad

El problema se agrava cuando el informe policial se convierte, de facto, en la única verdad. Pero es necesario decirlo con claridad: se trata de una narración unilateral, construida por quien realizó la detención, y no puede asumirse automáticamente como cierta. Para que exista justicia, esa versión debe poder cuestionarse, contrastarse y someterse a escrutinio. Y eso solo ocurre cuando hay una defensa real.

Por qué los defensores cívicos gratuitos son una necesidad y no un lujo

Por eso, la presencia de defensores cívicos gratuitos no es un lujo ni un accesorio institucional: es una necesidad. Su intervención permite que la persona detenida entienda el procedimiento, acceda al informe policial, construya su versión de los hechos, ofrezca pruebas y señale inconsistencias. En otras palabras, introduce equilibrio donde hoy predomina la desigualdad.

A menudo se argumenta que la Justicia Cívica debe ser rápida y que incorporar defensa podría entorpecerla. Es un falso dilema. La rapidez no puede convertirse en un atajo para debilitar derechos. La justicia puede —y debe— ser ágil sin dejar de ser justa. La eficiencia institucional no se mide solo en tiempos, sino en la calidad y legitimidad de sus decisiones.

El fondo del problema no es técnico, sino institucional. Para miles de personas, el Juzgado Cívico es el primer y, muchas veces, el único contacto con la autoridad. Lo que ahí ocurre define cómo se percibe al Estado: como una instancia que escucha o como un aparato que impone.

Ciudad Juárez y el modelo de defensa cívica que puede marcar pauta

Existe un caso interesante en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se creó la Coordinación de Defensores Cívicosadscrita a la Dirección de Derechos Humanos. Este modelo introduce algo profundamente innovador dentro de la Justicia Cívica: la presencia de defensores cívicos especializados en procedimientos cívicos.

Cuando una persona es presentada ante el Juzgado Cívico, puede contar con un defensor que le explique el procedimiento, revise el informe policial, formule argumentos y garantice que su versión sea escuchada. Este simple cambio institucional transforma por completo la dinámica de la audiencia. La policía sigue presentando su versión; el juez cívico sigue resolviendo, pero ahora existe una tercera voz que garantiza que el ciudadano no enfrente solo al aparato de la autoridad. Esto es exactamente lo que exige el principio de igualdad de armas.

Una justicia sin defensa puede ser rápida, pero también profundamente desigual. En cambio, una justicia que garantiza el derecho a defenderse no solo resuelve conflictos: construye confianza, legitima a la autoridad y acerca al Estado a las personas.

Y en un país que busca fortalecer su vida democrática, esa diferencia lo cambia todo.