blogeditor · 13 de septiembre de 2022
Se sigue cavando más hondo. En lugar de abordar el fondo de los problemas de seguridad y justicia, se sigue apostando por supuestas soluciones que solo nos alejan de los análisis necesarios para enfrentar los enormes retos que tenemos.
Como la impunidad es casi absoluta, la respuesta es encarcelar a priori. Si la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Constitución y acuerdos internacionales, qué más da. Si no resuelve los problemas de seguridad, no importa. Para el gobierno es mejor obviar la justicia y encarcelar. A pesar de que el presidente afirma que “la paz es fruto de la justicia”, no se hace absolutamente nada para abatir la impunidad. Las fiscalías, peritos, jueces y cárceles permanecen en el abandono. La justicia transicional a la que se comprometió está en el olvido y es una traición más de este gobierno. Se prefiere encarcelar a capricho que perder el control político de la justicia.
Lo mismo ocurre con la seguridad. Ante los brutales niveles de violencia, la respuesta es militarizar todo. Si la presencia militar ha escalado la violencia, es irrelevante. Si militarizar la seguridad pública es contraria a la Constitución y a todas las recomendaciones de órganos internacionales especializados, hay que pasar por encima de todo. Si las violencias alcanzan umbrales de crímenes contra la humanidad, hay que inventar otra realidad. Discuten los tiempos que deben permanecer los militares en las calles al tiempo que no hacen nada para fortalecer policías civiles municipales y estatales para de esta manera establecer el retorno de militares a los cuarteles. Para el gobierno federal y los estatales es mejor militarizar y abdicar de su obligación de construir una vía civil de seguridad.
Militares y cárcel sin justificación es la ruta tomada para la seguridad y la justicia. Para ello, recurren a justificaciones y eufemismos vergonzosos que solo denotan servilismo y ebriedad ideológica. De facto, se gobierna por decreto ya que la voluntad presidencial es ley para la mayoría del Congreso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es cómplice, por temor o lealtad ciega, al dejar de pronunciarse por años sobre la militarización y coquetear con el populismo punitivo.
El coctel pone en riesgo a una débil democracia y a todos los habitantes de este país: violencias brutales, pérdida de control territorial, militarización, impunidad, prisión preventiva oficiosa, gobierno por decreto, falta de contrapesos entre poderes, ataque a las voces críticas e insistir en soluciones que han mostrado su ineficacia.
Lejos estamos de iniciar una ruta de soluciones, seguimos agravando la crisis omitiendo el fondo del problema. Mientras todo esto ocurre, los asesinados y desaparecidos se acumulan en cifras dantescas, la impunidad goza de las simpatías de la clase política, los militares ganan terreno y desde presidencia se habla de una realidad inexistente.