Ojos sobre Chile

A mediados de octubre de 2019, se produjo lo que en Chile se ha conocido como el “estallido social”. Décadas de profundas desigualdades en un sistema en el que tu calidad de vida depende enteramente de tus ingresos, se transformaron en descontento que “estalló” y se volcó a las calles. Lo que empezó como una acción de estudiantes secundarios, evadiendo el pago del metro de Santiago en protesta por el alza en el valor del pasaje, se transformó en multitudinarias manifestaciones, mayoritariamente pacíficas en todo Chile.

En este contexto, se produjeron también hechos de violencia: saqueos e incendios en supermercados, comercios y en varias estaciones del metro. En respuesta a esto, la noche del 18 de octubre de 2019 el gobierno decidió decretar, por diez días, el estado de emergencia, lo que significa en la práctica recurrir a las Fuerzas Armadas para controlar el orden público. El presidente Piñera señaló que “estamos en guerra” con un “enemigo poderoso que no respeta a nada ni a nadie”. Esto encendió más los ánimos.

Lo que vino después fue a la vez uno de los movimientos sociales más vibrantes de los últimos tiempos, y la peor crisis de derechos humanos desde que terminó el régimen de Pinochet.

De octubre de 2019 a marzo de 2020, en prácticamente todas las ciudades de Chile hubo manifestaciones masivas casi todas las semanas. Una de las demandas que pronto apareció fue la necesidad de una nueva Constitución: la Constitución chilena fue elaborada y aprobada en 1980, durante el régimen militar, y tiene un fuerte foco en la protección de la libertad económica y el derecho de propiedad por encima de los derechos sociales.

La gente espontáneamente empezó a organizar “cabildos” en plazas y centros comunitarios para hablar de la Constitución que querían tener. En gran medida, esto fue lo que puso presión para que, a mediados de noviembre de 2019, parlamentarios de gobierno y de oposición acordaran los siguientes pasos para elaborar una nueva Constitución para Chile. El primer paso fue organizar un plebiscito para que la ciudadanía decidiera aprobar o rechazar el tener una nueva Constitución, y la composición del órgano que la elaborará. Este plebiscito se fijó inicialmente para abril de 2020.

Pero la primera respuesta del gobierno a estas movilizaciones fue la represión. Sin separar los hechos de violencia de quienes se manifestaban pacíficamente, las manifestaciones fueron literalmente atacadas utilizando escopetas de perdigones, carros lanza agua, gases lacrimógenos y fuerza física. De acuerdo con datos de la Fiscalía chilena, habría más de 8,000 víctimas con denuncias por violencia estatal que están siendo investigadas, mayormente por Carabineros de Chile (policía chilena, de carácter militar). Más de 440 personas tuvieron heridas oculares por impacto de perdigones o de bombas lacrimógenas lanzadas directamente a la parte superior del cuerpo; muchos de ellos perdieron la vista de un ojo, dos personas (Gustavo Gatica y Fabiola Campillai) perdieron la vista de ambos ojos. Fabiola además perdió los sentidos del gusto y el olfato.

Amnistía Internacional desplegó una misión de respuesta a la crisis, que visitó a Chile en octubre y noviembre de 2019. El 14 de octubre de 2020, tras un año de trabajo, publicó el informe Ojos sobre Chile, que analiza en detalle lo ocurrido entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. Este corte temporal se hizo sólo para fines metodológicos, sabiendo que ha habido graves hechos de violencia policial antes y después de ese periodo.

La primera conclusión del informe es que han existido graves y generalizadas violaciones al derecho a la integridad personal, revelando un patrón de un actuar deliberado para causar daño a quienes se manifiestan. La segunda conclusión, es que existe responsabilidad de mando. Existe evidencia de que al menos algunos de los altos mandos, incluyendo al General Director de Carabineros, sabían lo que estaba ocurriendo en terreno y, pese a estar en una institución altamente jerarquizada en la que tenían la posibilidad de evitar que esto siga sucediendo, omitieron hacerlo.

La pandemia puso todo en suspenso. La última manifestación masiva fue el 8 de marzo de 2020, para el Día de la Mujer, después de lo cual se redujeron significativamente, respetando las medidas sanitarias. Con ello, también se redujo la violencia policial. El plebiscito de abril se reprogramó para octubre. Pero en ningún caso le puso fin a la movilización ciudadana. Por el contrario, la pandemia mostró con más claridad todavía las desigualdades que la gente reclamaba y la necesidad de una nueva Constitución.

Esta semana es quizá una de las más históricas que ha vivido Chile en décadas. El domingo 18 de octubre se cumplió un año del estallido social, y nuevamente miles de personas se manifestaron en las calles, casi todas pacíficamente. El domingo 25 de octubre se realizará el plebiscito por la nueva Constitución, donde esperamos que la opción “apruebo” gane ampliamente y contemos con una Convención Constitucional cien por ciento elegida por la ciudadanía, asegurando además paridad de género.

Se debe asegurar justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, y que todos los responsables, hasta el más alto nivel, sean llevados ante la justicia. Se debe realizar una reforma estructural a Carabineros de Chile −que no ha tenido cambios significativos desde el término de la dictadura en 1990 y que de mucho antes del “estallido social” utiliza la fuerza excesiva como algo habitual− para que a nivel institucional y cultural actúe con pleno respeto a los derechos humanos, y rinda cuentas ante las autoridades civiles y la ciudadanía. Y se debe avanzar en la discusión de una nueva Constitución, con participación ciudadana y con los derechos humanos en el centro.

Si fuera posible avanzar en estas tres aristas decididamente, existirá una base sólida para construir el país que la ciudadanía ha estado exigiendo a tan alto costo, en el cual todas las personas tengan asegurada una vida digna en igualdad de condiciones. Nos toca a la ciudadanía seguir la presión sin decaer, para que esto verdaderamente ocurra.

* Ana Piquer (@AnaAmancay) es Directora Ejecutiva de @amnistiachile.