Ocurrencia y método: política exterior y DDHH

Entre septiembre y octubre de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado posiciones en materia de política exterior sobre derechos humanos que oscilan entre el ridículo y la solemnidad. Por una parte, en su intervención en el 75° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), no tuvo empacho en hacer relucir el nombre de Benito Mussolini en su discurso, sin reparo alguno por la infamia de ese nombre para la historia de la moralidad y los derechos humanos globales. Sin embargo, unos días después aseguró que el Estado mexicano no escatimará en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU en el caso de Brenda Quevedo, privada de su libertad por un delito que no cometió.

Tomadas así, las declaraciones no parecen más que anécdotas de un presidente que desdeña la historia y el entorno globales, pero consciente sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos y el importante rol de los mecanismos de cumplimiento de la ONU, como los procedimientos especiales y los órganos de tratados. No obstante, la aparente inconsistencia de los dichos del presidente en materia de política exterior no parecen hechos aislados. Entre el 14 de septiembre y el 7 de octubre pasados la Misión Permanente de México en Ginebra presentó ante el Consejo de Derechos Humanos 20 pronunciamientos sobre diferentes temas que hacen eco del vaivén presidencial en la materia.¹

Sin embargo, los posicionamientos de la Misión México en Ginebra muestran una aproximación mucho más metódica del Estado mexicano para implementar el dicho presidencial de que “la mejor política exterior es la política interior”. Esa consigna parecería significar que resolver los grandes problemas nacionales es la ruta para apuntalar el prestigio global de México. Pero en el ámbito de los derechos humanos, las intervenciones de México muestran que la política exterior no es sino el reflejo sistemático de la desarticulación y ausencia de una política interior en la materia. Así, como en el ámbito doméstico, la actual administración reniega de los mecanismos independientes de rendición de cuentas en el ámbito internacional y pretende acotarlos, al tiempo que reproduce, en el escenario internacional, la práctica cotidiana de declarar principios y tomar decisiones de política pública contrarias a esos principios.

En al menos tres intervenciones, la delegación mexicana hizo notar que es necesario garantizar que el trabajo de los procedimientos especiales se realice de manera independiente, objetiva y no politizada, sugiriendo que los procedimientos especiales adolecen de dichas características. Incluso, durante el diálogo interactivo con el Relator especial sobre derechos al agua y al saneamiento, la delegación mexicana hizo notar que las recomendaciones de ese procedimiento especial “no son jurídicamente vinculantes” para el Estado mexicano y que dichas recomendaciones deben basarse en metodologías objetivas: una forma muy diplomática de poner en entredicho las recomendaciones internacionales que el presidente y su administración deberían procurar cumplir antes que renegar de ellas.

En el mismo sentido, se ha hablado mucho sobre la abstención de México respecto a la extensión del mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre violaciones graves a derechos humanos en Venezuela, pero se ha dicho mucho menos sobre el voto a favor de la delegación mexicana de la resolución L.55, que fortalece la cooperación y asistencia técnica en el campo de los derechos humanos en Venezuela. La diferencia sustancial entre una y otra resolución es el carácter independiente de la Misión, en contraste con el carácter y contenido de la cooperación técnica de la resolución L.55, que le otorga gran margen de maniobra al régimen de Maduro. En resumen, frente a la crisis innegable de derechos humanos en Venezuela el gobierno mexicano le ha apostado a una estrategia “sobre la base del diálogo y la solución de las diferencias entre los venezolanos”, y no a una investigación independiente que pueda seguir documentando y denunciando las atrocidades de un régimen perverso —porque considera que los hallazgos de la Misión están politizados y carecen de objetividad.

Las intervenciones de la delegación mexicana son una oda a la hipocresía. El 15 de septiembre la señora embajadora Flores Liera señalaba que se fortalecería el mecanismo nacional de protección a personas defensoras. 13 días después, el presidente pediría a su mayoría legislativa eliminar el fideicomiso con el que se protege a las personas defensoras. Respecto a los pueblos indígenas y personas defensoras indígenas, el 23 de septiembre, en Ginebra, el Estado mexicano condenó “toda agresión o acto de intimidación en contra de personas indígenas defensoras de derechos humanos”, y se comprometió a proteger su vida, integridad, libertad de reunión y asociación; pero el 25 de octubre se inauguró la Autopista Toluca-Naucalpan en completo desacato judicial del amparo que protege a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y que había ordenado la suspensión definitiva de la obra. Resulta pues que, la política exterior no parece el reflejo de la gran política interior que presume el presidente. Más bien, la política exterior es el velo con el que se pretende ocultar al mundo las atrocidades impunes, y el desamparo en el que viven las  víctimas en México —¿a todo esto, cómo va lo del penacho?

* Rodolfo Franco Franco (@francopolis) es Subdirector de Programa de la @CMDPDH.

¹ v. SRE, Intervenciones de México en el 45° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 14 de septiembre-07 de octubre de 2020, disponible aquí.