Ocho estados aún insisten en criminalizar a quien aborta

Por Rebeca Ramos Duarte*

A veces los grandes cambios legales se sienten lejanos, pero lo que sucede en los congresos y en los tribunales impacta directamente en la vida de miles de personas. En septiembre se cumplen cinco años de un momento que marcó un antes y un después en México: la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de Coahuila, donde se declaró que penalizar el aborto voluntario de forma absoluta es inconstitucional.

Aquel fallo de 2021 envió un mensaje contundente a todo el país: decidir sobre su vida reproductiva es un asunto de derechos humanos, y ninguna persona debería ser sujeta a una investigación penal por ello.

Sin embargo, a cinco años de esa decisión, la foto del país está dividida. Aunque hemos avanzado enormemente, aún hay ocho estados cuyos congresos locales se han negado a actualizar sus leyes con el estándar mínimo de reconocimiento a los derechos reproductivos en materia de aborto. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud desde 2022 ha sido muy clara en términos de la regulación recomendada a los estados en este tema:

“El aborto debe estar totalmente despenalizado. Deben eliminarse las barreras normativas, políticas y programáticas, así como los obstáculos en la práctica que dificultan el acceso a una atención para el aborto de calidad y su prestación oportuna. Entre ellos se encuentran los enfoques basados en supuestos, los límites a la edad gestacional, los plazos de espera obligatorios, los requisitos de autorización de terceros y las restricciones relativas a los proveedores”.

Los ocho estados de México con leyes obsoletas en materia de aborto

Para entender dónde estamos hoy, vale la pena mirar atrás. Antes de la sentencia de la SCJN en 2021, el acceso al aborto legal en las primeras 12 semanas de gestación era la excepción, no la regla. Solo cuatro entidades habían avanzado en la materia: Ciudad de México (pionera desde 2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021) y Veracruz (2021).

Tras el fallo sobre Coahuila se desató un “efecto dominó”. Varios congresos estatales tomaron los argumentos de la SCJN y reformaron sus códigos penales para estar en sintonía con los derechos humanos. Hoy en día, 24 códigos en México ya han sido reformados.

El avance es innegable, pero la tarea aún no está terminada; a pesar del criterio claro del máximo tribunal, ocho estados del país siguen manteniendo leyes obsoletas que castigan de manera absoluta el aborto voluntario. La lista la integran: Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.

El caso de Durango y Morelos resulta especialmente contradictorio: en ambos estados existen sentencias de Tribunales Colegiados que declararon inconstitucionales las leyes locales que castigan penalmente el aborto y, a pesar de ello, sus congresos sencillamente han decidido ignorar el tema y no han modificado sus códigos penales.

Aguascalientes, un caso grave de retroceso en materia de derechos humanos

El caso más preocupante y complejo de esta lista es, sin duda, el de Aguascalientes. En noviembre de 2023, en cumplimiento de la sentencia A. R. 79/2023, el Congreso de Aguascalientes reformó su código penal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. Parecía una victoria clara para los derechos de las mujeres y personas gestantes del estado.

Sin embargo, apenas ocho meses después, el congreso local redujo el plazo permitido a solo seis semanas de gestación.Esta medida imitó el modelo de algunos de los estados más restrictivos de Estados Unidos (como Texas y Luisiana tras la anulación del fallo Roe vs. Wade en 2022). Limitar el plazo a seis semanas es, en la práctica, una prohibición total, ya que la mayoría de las personas ni siquiera saben que están embarazadas en ese punto.

Esta decisión no pasó desapercibida. Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnaron la ley, por lo que el caso se encuentra nuevamente en manos de la SCJN, pendiente de resolución.

¿Por qué importa armonizar las leyes?

Cuando la Suprema Corte emite un criterio sobre derechos humanos, lo ideal es que todos los estados armonicen sus leyes para que no haya personas que gocen de algunos derechos y otras no.

Que un código penal mantenga vigente el delito de aborto no solo desobedece el estándar nacional mínimo de derechos; también genera confusión, desinformación y miedo, desincentivando a los servicios de salud pública a brindar una atención segura y oportuna a quien lo necesita.

Cinco años después del fallo de Coahuila, el balance en México es de claroscuros. Por un lado, la mayoría de los estados han caminado hacia el reconocimiento de la autonomía reproductiva. Por el otro, el bloqueo legislativo en ocho entidades demuestra que para algunos congresos estatales los criterios jurisprudenciales y las directrices de salud pública de la máxima autoridad internacional en la materia no son suficientes para reformar leyes obsoletas y contrarias a los derechos humanos, que insisten en considerar como criminales a quienes viven un aborto.♦

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*Rebeca Ramos Duarte es directora de GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida). Redes:  @GIRE_mx y @rebecabouquets