blogeditor · 27 de abril de 2017
Por: Javier Garza Ramos (@jagarzaramos)
La semana pasada en su programa de Imagen Televisión, Ciro Gómez Leyva hizo la autopsia de una fotografía tomada el 1 de diciembre de 2012 que retrata a 19 gobernadores del PRI con el recién ungido presidente Enrique Peña Nieto.
El análisis de la imagen concluyó que, de los 19 gobernadores en la foto, 10 están presos, procesados, prófugos o son al menos sospechosos de malos manejos en sus administraciones.
Uno de los exgobernadores más polémicos no está en esa foto. Humberto Moreira ya había terminado su mandato en Coahuila cuando Peña Nieto asumió la presidencia, y había sido defenestrado de la dirigencia nacional del PRI al revelarse la escandalosa deuda que dejó su administración. Pero ese no es el punto. El punto es que bien pudo haber estado ahí.
Viendo el pleito que agarraron Moreira y el expresidente Felipe Calderón en el marco de las campañas electorales en Coahuila, se me ocurrió que los gobernadores que acompañan a Peña Nieto en esa imagen eran los contemporáneos de Moreira. Y la razón por la que estaban libres y en el goce del poder cuando llegaron a tomarse esa foto no era gracias a su nuevo jefe Peña Nieto, sino gracias a que el gobierno de Calderón lo había permitido.
Así ocurrió con Humberto Moreira en los cuatro años que su gubernatura coincidió con la presidencia de Felipe Calderón, de diciembre de 2006 a enero de 2011. Desde que arrancaron las campañas en Coahuila Calderón ha acusado a Moreira de haber permitido la entrada de los Zetas a Coahuila y Moreira ha acusado a Calderón de haber usurpado la Presidencia de la República. Hace una semana reavivaron la polémica cuando Andrés Manuel López Obrador metió su cuchara para decir que había sido el gobierno de Calderón el que exoneró a Moreira. El expresidente lo negó, pero el exgobernador (que además es candidato a diputado local) lo tachó de mentiroso.
Es así como un pleito de 10 años de antigüedad se ha convertido en uno de los principales ejes de la campaña por la gubernatura de Coahuila.
El tono duro de las acusaciones cruzadas entre Moreira y Calderón nos puede hacer pensar que siempre han tenido estos enfrentamientos. La realidad es que durante cuatro años ambos convivieron de la manera más civilizada posible y ese es precisamente el problema que hoy revela la hipocresía de ambos: cuando debieron haberse dicho sus verdades nunca lo hicieron.
Hoy, Moreira acusa a Calderón de haberse robado la Presidencia. Pero en la víspera de la toma de posesión de Calderón, en 2006, a propósito de una pregunta sobre la protesta de López Obrador, Moreira me dijo: “yo trabajo coordinado con el presidente Calderón pues él es presidente de México”. Y poco antes de dejar la gubernatura incluso presumió que había logrado “acordar directamente” con Calderón y atribuyó los conflictos con el presidente a “seres que le han hecho daño”.
Ahora Moreira acusa a Calderón de haber lanzado la guerra contra el narcotráfico provocando miles de muertes. Aunque siempre cuestionó la estrategia del gobierno de Calderón, en 2010 el todavía gobernador de Coahuila decía “no digo que no se tenga que hacer, se tiene que hacer”.
Las contradicciones también salen en sentido contrario. Al arrancar las campañas a la gubernatura, Calderón acusó a Moreira de haber permitido la entrada de los Zetas a Coahuila, e incluso de haberle pedido que retirara a la Marina de los operativos contra el crimen organizado. Pero fue este año que lo escuchamos por primera vez de la boca del expresidente, cuando hubiera sido preferible haberlo escuchado de boca del presidente. Porque durante su sexenio Calderón en ningún momento exhibió lo que hoy muestra como falta de apoyo de Moreira en la lucha contra el crimen.
Por el contrario, Calderón tuvo muchas giras por Coahuila en donde se hacían reconocimientos a autoridades locales y hasta le agradecía a Moreira “sus palabras” en los eventos que encabezaban. En 2007, cuando en Torreón empezaba a despuntar la ola de violencia que azotó a La Laguna durante años, Calderón prometió trabajar con el gobierno estatal en seguridad, lo que valió un efusivo agradecimiento de Moreira.
El tono electoral es evidente pero también reduce a la politiquería el análisis de una época dura para Coahuila. En los últimos días se ha hecho mucho alarde de un documento presentado por un fiscal de Estados Unidos en el juicio contra Marciano Millán, un exjefe de los Zetas en Coahuila, en el que pide desestimar una carta de no antecedentes penales emitida por el gobierno de Coahuila, al señalar que los documentos emitidos por el estado no eran confiables dada la penetración del crimen organizado.
El problema es que ese documento se conoció por primera vez en julio del año pasado y nadie le puso mucha atención, quizá porque no era época electoral. Hoy en cambio, senadores del PAN ya hasta piden un fiscal especial para el “caso Moreira”.
Sólo que hay un detalle. No hay un “caso Moreira” porque no sabemos siquiera si hay una investigación. Moreira dice que fue exonerado por Calderón. López Obrador presentó un documento sustentando esa versión, que para el líder de Morena confirma una colusión del PRI con el PAN. Calderón lo rechaza y dice que dejó investigaciones abiertas. Pero no sabemos qué investigaciones y por qué posibles delitos. ¿Desvío de recursos? ¿Colusión con el crimen? ¿Lavado de dinero? Simplemente no sabemos. A estas alturas resulta irrelevante si la PGR de Calderón exoneró o no a Moreira, porque nunca procedieron.
El año pasado, cuando Marciano Millán fue juzgado en Texas por narcotráfico y homicidio y salió a relucir la desconfianza de autoridades de Estados Unidos de los documentos de Coahuila, también se acusó a personas cercanas a Moreira de haber recibido dinero de los Zetas. Pero el PAN nunca le dio mucho vuelo quizá porque uno de los temas del juicio también los involucraba. Ahí fluyó mucha información sobre el asesinato y desaparición de decenas de personas en el norte de Coahuila en la primavera de 2011, lo que hoy conocemos como la “masacre de Allende”.
Esos crímenes ocurrieron cuando Humberto Moreira ya no era gobernador pero las condiciones que los hicieron posibles, la penetración criminal y la complicidad oficial, se construyeron durante los años de su gubernatura. Y cuando Allende y sus alrededores se convirtieron en campo de muerte al gobierno federal de Felipe Calderón no se le vio por ningún lado. El silencio de la PGR fue cómplice de la impunidad. El entonces presidente nunca se refirió al tema ni siquiera para exhibir a las autoridades de Coahuila.
Calderón nunca balconeó a Moreira, ni a nadie más. Ante la inacción, la corrupción avanzó. De esa forma Peña Nieto pudo tomarse aquella foto de 2012. Pero dos años antes Calderón también se las estaba tomando. En julio de 2010 recibió en Los Pinos a tres gobernadores que luego serían emblemas de la corrupción: Rodrigo Medina de Nuevo León, Eugenio Hernández de Tamaulipas y Humberto Moreira de Coahuila. Anunciaron los apoyos por los daños del huracán “Álex”. Es decir, en lugar de investigarlos, Calderón les estaba repartiendo dinero federal para que luego pudieran tomarse la foto y sacarle beneficios electorales.
De esos gobernadores, Medina y Hernández traen el perfil más bajo posible. Moreira sigue buscando los reflectores. Pero su conflicto con Calderón es obsoleto. Ninguno de los dos tiene ya poder. Lo que se dicen ahora debieron hacerlo cuando los dos tenían poder y en algo podían cambiar las cosas. Hoy es solamente ruido.
* Javier Garza Ramos es Periodista, conductor del noticiero Reporte100 en Imagen Laguna.