Obligatoriedad del voto en América Latina

Uno de los aspectos que generan más controversia en el ámbito electoral es si el voto debe o no ser obligatorio para las y los ciudadanos. En México se ha discutido en diferentes momentos si el voto debe ser obligatorio y si no emitirlo debería acarrear una sanción. Desde la ciencia política y la sociología se reflexiona si esta es la solución para incrementar la participación ciudadana en las elecciones, desde la ciencia juírica se plantea si se puede «forzar» a una persona a ejercer un derecho.

Quienes son partidarios del voto obligatorio señalan que, en contextos como los actuales −en los que las personas se muestran más insatisfechas con la democracia−, resulta primordial buscar que los y las gobernantes y representantes resulten electos en comicios que tengan una alta participación ciudadana, pues así llegarían al poder con una mayor legitimidad que cuando son electas y electos por un apenas un puñado de ciudadanos.

En el lado contrario de esta visión están quienes consideran que, para que una elección sea verdaderamente representativa del sentir popular, la concurrencia a las urnas debería ser absolutamente voluntaria y que es responsabilidad de las autoridades electorales y las diferentes candidaturas el promover la participación de la ciudadanía en las elecciones.

Este dilema sobre si el voto debe ser o no obligatorio también ha llegado a las legislaturas de los países de América Latina, sin que haya un consenso general para la región. Así es que se pueden identificar dos corrientes principales:

1. Aquellos países donde el sufragio es concebido exclusivamente como un derecho, como en Nicaragua, República Dominicana y Venezuela;
2. Y aquellos países donde el voto también es considerado una obligación. Esta segunda categoría se subdivide entre aquellos países en los que a pesar de la obligatoriedad, la ley no prevé sanción por no acudir a votar, como ocurre en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Panamá; y los países donde sí se sanciona el incumplimiento de la obligatoriedad de votar, este es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay.

De acuerdo con IDEA Internacional en los países donde se sanciona el no acudir a votar, en su mayoría la sanción en una multa; sin embargo, también puede haber otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, en Argentina los infractores que no paguen la multa correspondiente no podrán realizar trámites gubernamentales de ninguna índole durante un año; en Bolivia, el incumplimiento del pago de la multa puede llegar a convertirse en días de arresto, y en Perú al no acudir a votar, la autoridad electoral no puede colocar una pegatina en el Documento Nacional de Identidad, lo que impide a la persona realizar transacciones bancarias, firmar contratos civiles y cobrar cheques.

En México el promedio de participación ciudadana en una elección presidencial es de alrededor del 65% del listado nominal de electores, en paises donde el incumplimiento a la obligatoriedad de votar se sanciona la participación oscila entre el 80% y el 90%. En México en más de una ocasión se han presentado propuestas para operacionalizar la obligatoriedad del voto, tanto en el Congreso federal como desde la sociedad civil; sin embargo, dichas propuestas difícilmente encuentran apoyo entre la sociedad mexicana.

Es claro que este es un tema en el que difícilmente se logrará un consenso y que amerita una amplia discusión, por lo que las interrogantes que quedan son muchas. ¿Es la obligatoriedad del voto y la sanción a su incumplimiento una solución idónea para fomentar la participación ciudadana? ¿Debemos buscar elecciones con mayor participación ciudadana aunque a la ciudadanía no le interese, pero que participe para evitar la imposición de una sanción? ¿Creen que en México debería sancionarse el no participar en las elecciones a las que somos convocadas y convocados?

@Eleccionesymas