Obama y Peña Nieto: quid pro quo

Hagamos memoria.

Lo primero que hizo el presidente electo Enrique Peña Nieto en su visita a Washington de noviembre pasado fue conceder, frente a Barack Obama, que la discusión de una reforma migratoria correspondía únicamente a los estadounidenses; en otras palabras, un asunto de política interna. Si no inédita, la aquiescencia de Peña Nieto sí resultó sorprendente. Después de todo, desde hace décadas, los presidentes mexicanos utilizan la falta de una reforma migratoria como herramienta para golpear al colega estadounidense en turno y ganar puntos en México, donde un toque de anti-americanismo todavía excita a una parte de la clase política y, por desgracia, a algún sector de la población.

El cambio de rumbo de Peña Nieto se explica, creo yo, de dos maneras. Primero, fue un acto de pragmatismo: la discusión de la reforma migratoria atravesaba entonces  por un periodo particularmente prometedor pero complicado. Lo último que necesitaban Obama, los demócratas y los pocos republicanos moderados que respaldaban la reforma era un presidente mexicano engallado, regañando desde un nacionalismo trasnochado y, peor aún, improductivo. Esto último, por cierto, aplica entonces y mucho más ahora: me resulta incomprensible el frenesí de algunos colegas que exigían a Peña Nieto un golpe en la mesa, en público y durante la visita, en referencia a la reforma migratoria. Que pregunten a congresistas como el republicano moderado Raúl Labrador, que está sudando sangre para conseguir la aprobación de la propuesta del Grupo de los Ocho, qué tan útil le hubiera resultado el desplante mexicano.

Pero volvamos a lo nuestro. El gesto de Peña Nieto tenía, creo, una segunda intención. El presidente electo pagó en Washington una factura para cobrar otra después en México. En la lógica de Peña, si la reforma migratoria debía ser respetada como un asunto doméstico de Estados Unidos, la seguridad interna de México merecería, en su momento, la misma deferencia. Este cálculo, este quid pro quo en la relación bilateral, se explica también desde la evidente reticencia del nuevo gobierno de continuar con el calibre y la naturaleza de la participación estadounidense en asuntos de seguridad a la que se había acostumbrado Washington en tiempos de Felipe Calderón. Al menos en público, al PRI nunca ha visto con buenos ojos la cooperación (casi ninguna cooperación) con Estados Unidos. La regla, en cambio ha sido la desconfianza frente a la figura del “gringo rapaz” que quiere venir a “chingarnos”.

Por si cupiera duda de esta nueva dinámica, al menos cuatro reportajes publicados en los días previos a la visita de Obama explican a detalle la manera cómo, desde México, las puertas se están cerrando en materia de seguridad. Lo dicho: en migración, ustedes a los suyo; en seguridad, nosotros a lo nuestro. Y la fiesta en paz. El problema, claro, es que el gobierno mexicano necesita del estadounidense para continuar el combate a las drogas. El plan Mérida no prosperara si el Congreso estadounidense percibe que el nuevo gobierno en México juega a las escondidillas o, peor todavía, a bravuconadas adolescentes.

Por eso, más allá de narrativas nacionalistas dignas de otro tiempo, lo cierto es que, en seguridad y migración y muchas otras cosas, entre México y Estados Unidos ya no hay asuntos de política exclusivamente interna. Los vínculos son demasiados y demasiado estrechos. Si alguno de los dos gobiernos pretende lo contrario, la realidad se encargará de ponerlo en su sitio.