Contenido Animal Político · 22 de abril de 2021
El pasado 14 de abril, el Congreso de Oaxaca aprobó transformar el título del actual Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales de Oaxaca por Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno; aumentar el número de Comisionados de 3 a 5 y crear una nueva ley de transparencia. Así mismo, se aprobó la transformación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Local Anticorrupción para conformar un Consejo de Participación Ciudadana, que podría contemplar la creación de un nuevo procedimiento de designación(1). Lo anterior es preocupante ya que las modificaciones aprobadas y discutidas pueden contravenir los esfuerzos y avances que se han logrado durante años para la construcción de instituciones, y ponen en riesgo su independencia.
En las últimas fechas hemos escuchado críticas que proponen modificar y/o desaparecer los organismos autónomos constitucionales, con el fin de que se renueven las estructuras, que se constituyan con integrantes independientes, que la toma de sus decisiones no tenga interferencias de ningún tipo, y con ello realmente fortalecer la democracia. Pero, lograr la autonomía y fortalecimiento institucional depende en gran medida de que dichos órganos, estén conformados por personas con perfiles idóneos, especializados e independientes, que sean nombradas por procesos de designación públicos y con rendición de cuentas, que las doten de legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía respecto a su desempeño y toma de decisiones. Lo contrario socava y vulnera la independencia de las instituciones.
Este riesgo pareciera estar presente en Oaxaca, pues en los últimos días el congreso local discutió reformas constitucionales en materia de transparencia y combate a la corrupción, que podrían impactar en los procesos de designación y la autonomía de organismos garantes o ciudadanos, y con ello, dar pie a un posible control político de instituciones garantes de derechos.
Por un lado, porque estas reformas se discutieron de manera acelerada, sin un proceso de Parlamento Abierto que dé claridad sobre los aspectos que se consideraron para determinar la modificación de estas instituciones o que justifiquen que fortalecerán la transparencia y el combate a la corrupción en el estado. Por otro lado, porque con estas reformas aceleradas y con pocas certezas también se debilita a las instituciones, pues quedan muchas dudas respecto a la estabilidad de quienes integran el actual Instituto de Transparencia de Oaxaca y del Comité de Participación Ciudadana; por ejemplo, si se respetarán los plazos de las y los comisionados en turno, cómo será la integración de los nuevos perfiles al órgano de transparencia, habrá o no nuevos procesos de designación.
* Sarahí Salvatierra es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico
(1) Discusión al “Dictamen con proyecto de Decreto de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales”, del Congreso del Estado de Oaxaca, en fecha 14 de abril de 2021. Disponible en: https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20210414ext1/1_3.pdf