Nunca más un joven en la cárcel ni en la plancha de un hospital

Durante la década de los años 80 y 90, el uso de jóvenes para generar control y violencia en las escuelas de nivel medio superior y superior, así como en los barrios donde se avecindaban los planteles educativos, fue una acción sistemática de actores estatales y no estatales en México; de tal suerte que la permisividad del delito provocó que muchos jóvenes transitáramos rápidamente de los grupos de presión y control estudiantil a la criminalidad.

A principios del nuevo milenio un grupo de jóvenes aglutinados en la Alianza Universitaria, frente al homicidio de un compañero a manos de otros jóvenes, decidimos replantear nuestro papel en el contexto de la violencia criminal, política y de género. Es así como conformamos Cauce Ciudadano A. C., una forma de organización y autoconstrucción para la paz que el 24 de agosto cumplió 14 años; inicialmente con presencia en la Ciudad de México y actualmente en Zapopan, Tenancingo, Cuautla, Ecatepec, Monterrey y San Luis Potosí.

Al comenzar nuestro andar como organización de la sociedad civil definimos: “Nunca más un joven en la cárcel, nunca más un joven en la plancha de un hospital”, y en función de ello planteamos la importancia de desmantelar la base social de la delincuencia organizada y eliminar toda forma de uso faccioso de jóvenes en la política”.

Actualmente enfrentamos, junto a las juventudes, las consecuencias generadas por el adulto centrismo, la criminalización y la exclusión social. Ante ello, el gran reto es promover las modificaciones que sean necesarias en los ámbitos legislativo, presupuestal y cultural para atender la protección, el desarrollo y la participación de miles de jóvenes que hoy son VÍCTIMAS-VICTIMARIOS.

[contextly_sidebar id=”e296YCbBlu3yCf3sJ1YjS7ueSAJPlmLN”]En muchos casos la ausencia del Estado democrático y la existencia de un Estado mafioso, aunado a un modelo mafioso empresarial, contribuye a la exclusión socio-económica, a la discriminación y al uso faccioso, que en su conjunto elevan el número de adolescentes y jóvenes asesinados y en prisión, incrementando su involucramiento masivo en la delincuencia organizada y en sus diversas expresiones tales como: actos extorsivos, trata de personas, secuestro y tráfico de drogas, de armas y de personas, por mencionar algunos, hasta llegar a participar en 22 tipos de manifestaciones criminales.

El escenario actual, de acuerdo con informes nacionales e internacionales, muestra que “el costo de la violencia en 2013 fue del 9.4 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a un billón 680 mil millones de pesos, 5 % del PIB son las utilidades de la delincuencia organizada en México y el 10% del PIB en México es el gasto en corrupción”^[1]. Ante ese panorama, las juventudes en México son las más afectadas, pues suelen ser consumidores o explotados por las redes de corrupción e impunidad que le permiten estructura a la delincuencia organizada.

Si los datos económicos son escalofriantes, más escalofriante es la pérdida de vidas para las personas jóvenes; muestra de dicha situación es la tasa de homicidios, la cual es de 32.5 por cada 100 mil habitantes en poblaciones de 15 a 29 años, a ello se suma que más del 54 % de los detenidos por homicidio tenían entre 18 y 29 años para 2010[2].

Lo anterior nos lleva a afirmar que “ante las actividades ilícitas realizadas por adolescentes y jóvenes es preciso subrayar que éstos no deben de ser consideradas como infractores en el sistema de impartición de justicia, sino como víctimas, desde una edad muy temprana, de la explotación económica por parte de la delincuencia organizada”.

Nos enfrentamos a un proceso de crecimiento criminal en el que los niños comienzan con un bajo nivel de responsabilidad, terminando sus carreras criminales en tareas de mayor importancia y violencia. Actualmente dichas tareas se asignan de acuerdo con las habilidades delictivas concretas de cada niño y niña en cuestión, independientemente de su edad y desarrollo delincuencial; como consecuencia se puede encontrar a un niño de 12 años convertido en sicario debido a la ausencia del Estado mexicano en su proceso de vida.

En 14 años de trabajo hemos transitado del desarrollo de Habilidades para la Vida a las acciones de resiliencia individual, comunitaria y empresarial; fomentando y construyendo el “Espacio de Diálogo Estratégico de la Sociedad Civil”, mediante el cual hemos articulado redes de organizaciones en torno a la prevención social de la delincuencia organizada y a la promoción y construcción de paz, como lo son la RED RETOÑO y la Escuela Latinoamericana para la Actoría Social Juvenil.

Estos 14 años nos han permitido transformar el ambiente social de más de 230 mil personas, adolescentes y jóvenes, y sus espacios de desarrollo a través de acciones socio educativas, socio comunitarias y socio laborales. De igual forma, hemos generado modelos de transformación de negocios comunes en negocios sociales, creando así empleos para 600 familias.

En ese mismo sentido, trabajamos en comunidades de adolescentes y en centros de readaptación social, así como con pandillas y jóvenes involucrados en la delincuencia organizada; ello aunado a la formación de docentes, policías y operadores que se especializan en la protección, participación y desarrollo de las personas jóvenes.

Bajo esa lógica, y dado el contexto en que nos encontramos, asumimos la responsabilidad de ser victimarios y transformarnos, trabajamos de la mano de mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos, brindamos atención a las familias de víctimas de casos como el New’s Divine y somos referente de movimientos nacionales y de organizaciones internacionales como la red italiana antimafia Libera.

Celebramos 14 años de recuerdo, recreación, resiliencia, resistencia y revolución, tiempo durante el que nuestro actuar nos ha dado la oportunidad de pasar de pandilleros constructores de paz a actores sociales, como un interlocutor válido. Esta interlocución la usamos para dialogar con tomadores de decisiones nacionales, estatales y municipales, jueces, procuradores, legisladores, movimientos de víctimas y los propios jóvenes involucrados en la delincuencia organizada, planteando la urgente necesidad de construir el SISTEMA NACIONAL DE REINTEGRACION SOCIAL, que atendería a personas adolescentes y jóvenes involucradas en las redes de delincuencia organizada que deciden desmovilizarse.

Así mismo, a un año de que finalicen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados por la ONU, y frente a la Metas de Desarrollo Post-2015, proponemos la inclusión de dos nuevos objetivos:

1. Reducir la violencia y promover la libertad del miedo y la paz sostenible.
2. Reducir la corrupción política empresarial y la impunidad para fomentar un mayor crecimiento económico.

De esa forma, podríamos plantear el inicio de una acción global que transforme la vida de las y los jóvenes, y que detenga la violencia, promueva la paz y fomente el crecimiento a través del combate a la corrupción y la reducción de la violencia, dos opciones que permitirían ser un Estado Mexicano plenamente democrático.

 

 

[1] Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP),

[2] Fuente datos CONAPO e INEGI, 2012.