Nuevos escenarios para la política de drogas a nivel mundial

La criminalización de las drogas difícilmente cambiará si en el plano internacional persiste el prohibicionismo. El pasado 27 de febrero dio inicio la primera de las sesiones ordinarias del año del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este es el principal organismo que se encarga de discutir y hacer recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos en el mundo. El Consejo está dotado de mecanismos de denuncias y cada cuatro años examina la situación de los derechos humanos en todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Más allá de los posicionamientos oficiales de los Estados, es interesante adentrarnos en los temas de preocupación que se presentan en dicho espacio de deliberación. Estos son precisamente los que pueden mover la agenda para la toma de acuerdos. Por ejemplo, fueron abundantes los asuntos que no hemos dejado de ver en medios de comunicación; tales como la invasión de Rusia a Ucrania, las violencias contra el pueblo palestino, así como de mujeres y niñas en Irán y Afganistán, la represión en Nicaragua, lucha contra el terrorismo y crimen organizado y un largo etcétera.

Sin embargo, hay temas menos recurrentes que no deben pasar desapercibidos. Para Elementa y para la región latinoamericana fue particularmente importante la participación de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en el primer día del Segmento de Alto Nivel del Consejo. Petro mencionó que su país estará impulsando una propuesta para modificar el entendimiento de las drogas en la arena internacional. Se trataría de una nueva estrategia que deje atrás el prohibicionismo como paradigma dominante.

Las declaraciones de Petro no son cosa menor, pues su política exterior está siendo un reflejo de la política interior. En ese sentido, la delegación colombiana puede tomar la iniciativa para llevar a todos los espacios internacionales el mismo mensaje de impulsar el abordaje de la problemática de drogas desde un enfoque de derechos humanos. Lo anterior es lo que podría suceder en la Comisión de Estupefacientes que se estará realizando la próxima semana.

Por lo tanto, en el ámbito internacional existe la oportunidad de plantear la inclusión y cruce de la agenda de derechos humanos con el de drogas. Que la segunda deje de ser vista como un tema exclusivo de la salud concatenado con la seguridad. Es decir, que sea el camino para proteger y garantizar los derechos de las personas que de alguna manera, directa o indirecta, en un nivel alto o en los eslabones más débiles de la cadena, se han involucrado con ellas.

Si bien no pareciera ser un tema prioritario en el Consejo de Derechos Humanos, desde Elementa nos hemos cuestionado lo siguiente: ¿por qué es importante insistir en que la agenda de drogas y derechos humanos haga ruido en las instituciones de más alto nivel internacional?

Porque hasta el día de hoy, aunque con sus particularidades según el punto geográfico del que se hable, la política de drogas en el mundo es prácticamente la misma: la de prohibición, perfilamiento racial y criminalización de personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados. La prohibición es resultado de las negociaciones que dieron lugar a la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, que impuso un sistema internacional de fiscalización definiendo como objetivos el control y erradicación de las drogas. Posteriormente, se materializó con el discurso de Richard Nixon, ex presidente de Estados Unidos, de 1971 donde se utiliza por primera vez el concepto “guerra contra las drogas” y en consecuencia, declara a las drogas como enemigo público número uno.

En un mundo interconectado, un Estado por sí sólo no puede modificar un régimen tan lacerante, por lo que es de gran relevancia que la estrategia se modifique desde el ámbito internacional. Con ello se puede abrir el margen de maniobra para los  Estados en la implementación de políticas desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social. Esto es lo que Colombia y Gustavo Petro están dispuestos a liderar y a lo que México podría sumarse.

Para nuestro país, los costos de la mal llamada “guerra contra las drogas” son ampliamente conocidos: una crisis de derechos humanos que ha dejado miles de vidas destrozadas, familias separadas y un gran número de víctimas que no encuentran justicia. Es de relevancia señalar que en las recomendaciones que México ha recibido por parte del Consejo, muchas de ellas recaen en las violaciones desatadas por la estrategia que ha militarizado la seguridad y criminalizado las drogas.

No podemos dejar de señalar que para este 52 período de sesiones del Consejo, México es parte de un grupo compuesto por nueve países, incluido Colombia, que buscan impulsar una Resolución sobre el compromiso de abordar el problema de drogas con enfoque de derechos humanos. Asimismo, la representación mexicana adelantó que estará buscando ser parte del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027. Contrario a lo que sucede en Colombia, esta postura protagonista mexicana hacia el exterior, no es consistente con la política interna del país, pues justo lo que hay no es el respeto a derechos; en México se persigue y criminaliza.

El 52 periodo de sesiones del Consejo concluirá el próximo 04 de abril y desde Elementa estaremos atentas al desenvolvimiento de las discusiones. Para robustecer el sistema de protección de derechos humanos se requiere congruencia entre la política exterior y la interna y que los espacios internacionales sean el punto de partida para la transformación de la política de drogas hacia una con un enfoque de justicia y derechos humanos.

* Isaias Pablo Tolentino (@ispabt) es internacionalista por la UNAM e investigador en política de drogas en @ELEMENTADDHH.