El sistema de justicia al que la policía le falla

Por: Carlos Zazueta

Recientemente, el Comisionado Nacional de Seguridad comenzó una lucha frontal contra el nuevo sistema penal acusatorio, señalándolo como una de las causas del aumento de los delitos en el país.

Para el Comisionado, la relación es lineal y deliciosamente sencilla: los jueces liberan a delincuentes que salen para seguir delinquiendo y, en consecuencia, aumentan la inseguridad y los delitos. Esta afirmación no parece tener sustento y ya el propio señor Comisionado ha dicho que no tiene los datos que la soporten, pero hay más que tomar en cuenta.

Cuando se realizaba la investigación para el informe de Amnistía Internacional Falsas sospechas: detenciones arbitrarias por la policía en México (que será presentado este jueves 13 de julio), me entrevisté en confidencialidad con 25 funcionarios públicos (desde procuradores de justicia hasta policías en calle) que tuvieron la valentía de hablar directamente de lo que sucede en las entrañas de la procuración de justicia en México. Así se evidenció que, en general, la policía no se comporta con apego a derecho y que mantiene hoy muchas de las prácticas deleznables que desarrolló en el anterior sistema de justicia penal.

Una de esas prácticas es la siembra de evidencia, que ninguna de las personas entrevistadas negó y que muchas señalaron como un gran obstáculo para la justicia en México. La policía tiende a sembrar objetos para aparentar que un delito se cometió; en esos casos, casi siempre se siembran armas o drogas de uso ilegal.

La tortura y otros malos tratos siguen siendo el pan de cada día en la “investigación” de los delitos, como un funcionario de la Suprema Corte me confirmó: “la tortura sigue siendo generalizada en el país”, conclusión a la que se suman la Comisión Interamericana y diversos órganos de las Naciones Unidas. Por el contrario, el nuevo sistema penal acusatorio tiene mayores garantías de que no se practique la tortura y facilita que ésta sea investigada, lo que al parecer no gusta a todos los operadores de justicia. Un policía que entrevisté lamentaba poner su trabajo en riesgo al torturar a los detenidos cuando necesitaba “sacar una verdad” porque ya lo estaban presionando sus jefes.

Tampoco es que toda detención de la policía sea arbitraria, ni que toda detención arbitraria lo sea por motivos políticos (aunque de esas tenemos bastantes). La policía también detiene por causas no políticas, como para extorsionar a las personas. Esto afecta tanto a detenidos (inocentes o no) como a víctimas del delito a quienes “se les pide una ayuda” para dar el “servicio”.

Por supuesto que estas prácticas no forman parte del expediente oficial de los casos. Los informes que presentan los policías, que una funcionaria de una Procuraduría local describió como “un teléfono descompuesto”, son más una justificación que una descripción de lo que sucedió. Estos documentos suelen presentar narraciones inverosímiles y tener graves errores (desde la fecha hasta el número e identidad de las personas detenidas). Por si fuera poco, los informes muchas veces no son escritos ni firmados por los policías que llevaron a cabo la detención.

Estas fallas se muestran claramente en el caso de Enrique Guerrero, estudiante de la UNAM y activista de derechos humanos, que fue detenido arbitrariamente por policías federales vestidos de civil que no se identificaron y que comenzaron a disparar a su automóvil. Enrique fue torturado mientras le preguntaban por su participación en movimientos sociales. El informe policial dice que Enrique fue voluntariamente a las instalaciones federales para cobrar los daños de un accidente automovilístico (que no existió) y que allí lo detuvieron por portar un celular supuestamente vinculado con un secuestro (que en realidad no llevaba y que no apareció nunca en el proceso judicial). Esta versión “oficial” contradice las pruebas existentes, incluyendo los registros de la policía de la Ciudad de México y de otras autoridades.

Cuando el Comisionado Nacional de Seguridad se lamenta de que un juez permita que una persona presentada con arma siga su juicio en libertad (pero implementando otras medidas de seguridad), también debe asumir que el juez suele enfrentar casos con personas evidentemente golpeadas que afirman haber sido torturadas, con evidencia dudosa que no tiene una cadena de custodia que indique quién la recabó y cómo se procesó, con informes policiales hechizos que tienen contradicciones insalvables y narraciones que desafían la lógica y la experiencia. Si además de esto, el Ministerio Público no presenta evidencia admisible y una argumentación sólida, ¿cómo podemos pedir al juez que mantenga en prisión a una persona que todavía no ha sido sentenciada?

En este panorama es necesario que se hagan esfuerzos auténticos, sostenidos financiera y temporalmente, para mejorar a las corporaciones policiacas del país. Tienen que aplicarse sanciones ante los abusos por parte de las autoridades. Al mismo tiempo, se tiene necesariamente que considerar la calidad de vida y las condiciones laborales de las y los policías y ofrecerles un trabajo digno y bien retribuido.

La apuesta no puede ser por desintegrar el nuevo sistema penal hasta ponerlo al nivel actual de la policía, sino que la policía alcance, y pronto, el nivel requerido para que la implementación del nuevo sistema penal sea adecuada y responda a la realidad del país.

 

* Carlos Zazueta es Investigador sobre México de Amnistía Internacional.