Nuevo periodismo en seguridad ciudadana

Si nadie pregunta, nadie contesta. Si cada evento de violencia permanece en la atención el tiempo que tarda uno en darle vuelta a la página. Si el enfoque en las causas profundas de las violencias es un slogan político y no una auténtica orientación de política pública y nadie exige una explicación por ello. Si nadie demanda una explicación al confirmar que las promesas de seguridad son las mismas, con las mismas palabras, las mismas decisiones y los mismos resultados. Si nadie encuentra laboratorios de experimentación en el Estado, dedicados a descifrar la evolución hacia la complejidad de las violencias y nadie pregunta cómo es eso posible. Si el Estado va ya en el tercer sexenio federal “poniendo toda la carne al asador” para usar la fuerza, al punto de borrar la diferencia entre la función policial y la militar, sin lograr reducir las violencias, y el hecho ya ni sorpresa provoca. Si México es motivo de escándalo nacional e internacional cuando se capitula ante la delincuencia organizada en un operativo en Sinaloa, pero eso no es suficiente para que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional mueva un dedo para usar sus poderes de fiscalización.

En suma, si nadie pone la luz en la caja negra donde se decide lo que se decide para que estemos como estemos, entonces ya podemos declarar la seguridad perdida por tiempo indefinido.

Cada año hay en México aproximadamente 25 millones de víctimas asociadas a más de 30 millones de delitos. Uno de cada tres hogares tiene al menos una víctima. La sub denuncia se mantiene por arriba del noventa por ciento, desde la primera medición nacional en 2012 a cargo del INEGI. Más del ochenta por ciento de las mujeres adultas entrevistadas declara sentirse insegura en la entidad federativa en la que vive y la impunidad del más grave de los delitos, el homicidio doloso, alcanza el noventa por ciento.

Pero todo esto ya lo sabemos desde hace tiempo. Un comportamiento racional sería aprender de los errores y cambiar lo que hay que cambiar para reducir las violencias, el temor y la impunidad y construir la seguridad ciudadana. Salvo ínfimas excepciones locales y aún efímeras, no estamos caminando por esa ruta. Desde la sociedad, la inmensa mayoría se entera de las violencias y prefiere mirar hacia otro lado, cada vez más por temores fundados de sumarse a la lista de víctimas, incluso ante las más terribles atrocidades. Y desde el aparato del Estado, gobiernos de todos los colores administran la crisis construyendo narrativas que hacen las más inverosímiles maromas posibles para reducirla en el imaginario colectivo. Vamos bien, nos dicen, incluso el mismo día que se reporta una de las mayores masacres de las últimas décadas. No crece la violencia contra las mujeres, nos dice quien representa el gobierno que enseña los datos que dicen lo contrario. Se reduce la incidencia delictiva, nos dice un fiscal de una entidad federativa que está ahogada en masacres.

Si los contrapesos y la rendición de cuentas en la seguridad ciudadana fueran fusibles, hace tiempo se fundieron, si es que en estricto sentido alguna vez funcionaron.

Pero nos estamos repitiendo. Mismas promesas, iguales exigencias. Acaso el ejemplo más elocuente es la crisis en las instituciones policiales. Se pierde en la historia la promesa presidencial de la profesionalización policial y ni siquiera se ha logrado homologar un salario digno para la policía, luego de un cuarto de siglo de operaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Siempre les digo a las y los alumnos y funciona de manera extraordinaria para el análisis: cuando se repite algo que se supone no debería repetirse, en lugar de insistir en lo que debería pasar, conviene mejor entender qué incentivos aseguran la repetición. Dejemos de preguntar por qué no sucede lo que se promete desde los discursos formales político y legal (la seguridad), y mejor preguntemos por qué sucede lo contrario a la oferta oficial (las violencias, los temores y la impunidad). Vayamos entonces hacia otras miradas.

Cayó el mito del monopolio legítimo de la violencia a manos del Estado y “las dinámicas de la violencia están basadas en configuraciones locales que evolucionan dentro de constreñimientos políticos y responden a fluctuaciones de mercados legales e ilegales”. El Estado relata una realidad que ya no existe, donde se supone que se impondrá usando toda la fuerza a su alcance, mientras la investigación especializada insiste en la necesidad de reconocer que “no hay una explicación simple para las actuales tendencias de la violencia en México”, de manera que “debemos abandonar la idea de que existe un juego de suma cero entre el Estado y los criminales. Esta concepción simplista asume que hay un ganador y un perdedor en las relaciones entre la política y la delincuencia. Evita que entendamos la verdadera complejidad de las dimensiones políticas y sociales de la violencia. La violencia está altamente fragmentada en México, en el sentido que más actores, grandes o pequeños, organizados jerárquicamente o no, públicos o privados, pueden usarla como una herramienta.  Pero esta fragmentación no ocurre en un vacío de Estado. La presencia de altos niveles de violencia no es evidencia de un Estado fallido o ausente. Por el contrario, la violencia es parte de una relación constante entre la delincuencia y el Estado. Lo que observamos es un orden violento, como ha sido ampliamente documentado por la academia, que se construye mediante la interacción entre la política y la violencia.

Digamos que se nos ha hecho tarde, muy tarde, para actualizar nuestras hipótesis, cuando seguimos esperando y exigiendo que el Estado actúe como si fuera posible trazar una línea que separa la violencia pública de la violencia privada, cuando lo que hay son interacciones que las retroalimentan en el territorio. Bajo esta perspectiva, las violencias son herramientas usadas por actores en relaciones que las reproducen y el Estado es uno de esos actores. Son descomunales las implicaciones de esta perspectiva.

Ahora bien, cuáles son esas violencias, cuáles son esos actores, cuáles son esas relaciones; dónde, cuándo y cómo se suceden esas violencias; cuáles son las historias de las violencias, los temores y las impunidades en los territorios, a su vez vinculadas a comportamientos de operadores del Estado que hacen o dejan de hacer lo necesario, para que no llegue la contención y la transformación del conflicto que reduce las violencias.

Si aún creemos que los poderes público y privado deben ser sometidos a control democrático, entonces tenemos que preguntarnos por dónde podemos intentarlo, como dije, en un contexto de fusibles de contrapesos y rendición de cuentas apagados.

Aquí es donde emerge la urgencia de construir lo que llamo un nuevo periodismo en seguridad ciudadana. Dije a un periodista en reciente entrevista que los medios de comunicación se han convertido en relatores de las violencias. Así quise puntualizar mi hipótesis sobre la repetición interminable, sin profundidad, sin contexto y sin las preguntas necesarias que la gran mayoría de los medios trazan día a día ante las violencias, ruta que se ve mucho más nítida justamente cuando algún medio hace lo contrario y decide no olvidar tal o cual evento, hasta desnudar una interpretación informada a profundidad.

La avanzada en el periodismo de investigación en torno a las violencias es el laboratorio ya instalado para ahí mismo experimentar con la construcción del nuevo periodismo en seguridad ciudadana (a la manera del nuevo periodismo para la justicia), orientado hacia la construcción de una comunidad de conocimiento formada por periodistas que comprendan a fondo este paradigma de seguridad, asuman la responsabilidad que les toca en su construcción y desarrollen una plataforma especializada de estándares éticos y profesionales y de protocolos idóneos.

En suma, están apagados en buena parte del país los incentivos para construir un paradigma de seguridad que le sirva y proteja a la gente, en especial a las personas en las más extremas condiciones de exclusión, porque el Estado está interactuando con las violencias de una manera diferente a la promesa formal política y legal.

Y así apagados los fusibles de contrapeso y rendición de cuentas formalmente creados para que las políticas de seguridad sirvan y protejan a la gente, la consolidación de un periodismo que haga preguntas diferentes, historias diferentes y seguimiento diferente, podría tener un impacto de alteración sistémica cuyas posibilidades y potencia acaso no la podemos esperar desde ningún otro actor formal e informal.

@ErnestoLPV