Nuevo INE: los que quedan y los que se quedan

Por: Paula Sofía Vásquez (@pauletta_sofia)

Los procesos de designación de órganos del Estado son, ante todo, procesos de negociación y acuerdo político. Aunque en últimas fechas se haya tratado de acotar el reparto de cuotas o la prevalencia de los intereses de ciertos grupos (partidos políticos, poderes fácticos) a partir de mecanismos de selección que, de manera formal o informal, limiten a partir de criterios más o menos objetivos el margen de decisión de los tomadores de decisiones, lo cierto es que el último tramo de la ruta se define -como debe de ser- en  los terrenos de la política.

Ayer, después de meses de retraso, incertidumbre y cambios de último minuto, finalmente concluyó el proceso de designación del nuevo (¿o será mejorado?) Instituto Nacional de Elecciones (INE), que quedará conformado por Lorenzo Córdova Vianello como Consejero Presidente, y por los Consejeros Adriana Favela Herrera (9 años), Roberto Ruíz Saldaña (9 años), Ciro Murayama Rendón (9 años), Marco Baños Martínez (6 años), Enrique Andrade González (6 años), Alejandra San Martín Ríos y Valles (6 años), Benito Nacif Hernández (6 años), Eugenia Galindo Centeno (3 años), Arturo Sánchez Gutiérrez (3 años) y Javier Santiago Castillo (3 años).

Aunque es una verdad de Perogrullo que una designación de este tipo nunca va a dejar a todos contentos, debería tender a dejar a todos satisfechos respecto de la pulcritud del procedimiento, el apego a la ley y la transparencia en los acuerdos. Considero que en este caso los primeros dos supuestos se cumplen: el Comité de Evaluación realizó un buen trabajo de decantación cuya metodología y razonamientos fueron públicos y, a pesar de lo que afirman los eternos detractores de todo proceso que involucre negociaciones entre las esferas políticas, fue exitoso para al menos acotar la lista y limitar la elección a los más convenientes políticamente entre los mejores. También se respetaron (sorprendentemente) los plazos y etapas, aunque no faltaron quienes trataron de torcerlos en el camino. El tercer punto, la transparencia respecto de cómo se llevaron a cabo las negociaciones a partir de las cuáles surgió la lista final que se llevó al Pleno, siguen siendo desconocidas.

Mientras que algunos digan que “la luz vela el negativo del acuerdo” y consideren que las razones para no hacer públicas las propuestas apoyadas por cada partido político, los vetos y los intercambios justifican la opacidad, también es cierto que este vacío en la información abre la puerta a la especulación, a los trascendidos, a la descalificación de ciertos perfiles a partir de las filias y fobias partidistas, y genera incertidumbre respecto de las conformaciones finales. ¿Por qué quedaron éstos perfiles y no otros? Nunca lo sabremos con certeza y justo ahí, a la sombra de la duda es donde los oportunistas de siempre siembran teorías, que, llegado el momento, han sabido cosechar con mucho éxito y a costa de la legitimidad democrática de las instituciones que se conforman.

[contextly_sidebar id=”558505587a23e723eb8ed3a9a452bf3b”]En el caso que nos toca valdría la pena que, aunque sea con posterioridad, nos respondieran ¿por qué, después de un trabajo magnífico, a marchas forzadas y en circunstancias extraordinarias desde que asumió el cargo se deja fuera a María Marván? ¿Quién de las mujeres designadas cuenta con mejores credenciales que ella? ¿Por qué? O bien ¿por qué no se tomó en consideración a Edmundo Jacobo, que conoce como nadie el trabajo que realiza el Instituto Federal Electoral y ha realizado desde hace años una extraordinaria labor como Secretario Ejecutivo? De nuevo, la falta de información sólo deja espacio para aceptar que, a pesar de todos los esfuerzos y con sus muy honrosas excepciones (Lorenzo Córdova o Ciro Murayama, por ejemplo), los partidos políticos siguen buscando una integración en el Consejo General que vele y vote por sus intereses antes que impulsar la designación de perfiles con mayor autonomía y mejor preparación.

Ahora, con sus altas y sus bajas, la conformación de un nuevo Instituto Electoral es, valga otra vez la obviedad, una realidad consumada. Empieza ahora una nueva etapa que deberá –o debería- tener como brújula la responsabilidad. Responsabilidad de todos los actores involucrados en las tareas que les corresponden. Para los Consejeros Electorales, cumplir -dejando de lado otro tipo de compromiso, de haberlos- el mandato constitucional que les impone imparcialidad, autonomía e independencia entre otras cosas, así como responsabilidad para realizar los cambios necesarios para implementar las nuevas reglas de cara a los procesos electorales venideros. Para los legisladores, aprobar las nuevas leyes electorales que serán el marco de actuación del INE (y hacerse cargo de las deficiencias que resulten). Para los partidos políticos, asumir que estos nombramientos son producto de un acuerdo suscrito por ellos y que, como todo órgano de control, el INE tomará decisiones que afecten sus intereses y que ello no necesariamente implica que no esté realizando bien su trabajo. Y por último, para la ciudadanía, que deberá vigilar a todos estos actores. Todos a sus lugares, comenzamos.

* Paula Sofía Vásquez es especialista en temas electorales.