blogeditor · 29 de enero de 2020
En enero de 2017, en un colegio de Monterrey, un muchacho de 15 años disparó contra su maestra y sus compañeros, acto seguido se suicidó. Este hecho nos dejó sin aliento. En enero de 2019, dentro de un colegio de Torreón, Coahuila, la historia se repitió: un niño de 11 años disparó nueve veces contra su maestra y compañeros y se suicidó; portaba dos armas propiedad de su abuelo. Estos dos hechos se tornan mediáticos porque ocurren en un entorno que aún consideramos de protección, y lo es: la escuela; sin embargo, ocultan la realidad de nuestro país con cientos (o miles) de niñas, niños y adolescentes envueltos en ambientes de extrema violencia, que son factores de riesgo que pueden conducirlos a vivir en la calle, a convertirse en sicarios o halcones y/o a cometer actos delictivos.
Las imágenes de niños y adolescentes con armas o ejerciendo actos violentos en contra de otras personas o de animales quiebran el alma, y quiebran todos nuestros paradigmas de lo que significan o deben significar estas etapas de la vida. ¿Qué hacer cuándo nos deja inermes esta realidad? ¿Llorar, enojarnos, escapar, no ver, exigir, revisar mochilas, endurecer leyes?
Estos hechos provocan toda clase de opiniones que pueblan las redes sociales: hacen emerger al padre-madre-docente-juez-psicólogo-policía que la sociedad lleva dentro, expresando una y mil razones de por qué sucedió y qué hacer con ese niño, con dicha escuela, con los padres, con la sociedad, con las políticas educativas y un largo etcétera. El suicidio y el asesinato perpetrados en el Colegio Cervantes de Torreón nos exigen transitar del sentimiento a la acción, pero hacia una acción consciente y responsable.
Tomando como punto de partida las reflexiones de Lawrence Kohlberg acerca del desarrollo del juicio moral, es muy probable que a los 11 años las personas se encuentren en la etapa preconvencional o convencional, lo que significa que aún no se ha formado cabalmente el juicio moral para la toma de decisiones. De allí la extraordinaria importancia del acompañamiento educativo pues, aunque mucha gente cree (lo constatan las redes sociales) que a dicha edad uno ya sabe lo que es bueno y malo, sólo lo sabe en tanto el ambiente lo haya formado con determinadas ideas. Aún no hay capacidad para distinguir “fuera del ambiente” lo que está bien o es correcto de lo que está mal o es incorrecto, lo cual sí es posible (no siempre sucede) cuando el juicio moral pasa a la etapa postconvencional y cuenta con más herramientas de deliberación y autonomía.
En este sentido, nuestras niñas, niños y adolescentes (digo “nuestros” por corresponsabilidad social y no como un signo de pertenencia) han sido y son víctimas de las omisiones de cuidadores, tutores, madres y padres y educadores; pero tampoco se trata de culpabilizar sin más, ya que de muchas maneras todos somos víctimas de una estructura social que no posibilita los pactos sociales y la convivencia con mínimos éticos.
Días después del suceso, el abuelo del niño del Colegio Cervantes fue detenido acusado por omisión y negligencia. Es responsable, y el Estado y la sociedad también lo somos. Recordemos que la Convención de los Derechos del Niño establece la responsabilidad de los padres y del Estado por la protección de los derechos de los menores de edad, incluyendo el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de violencia. Situación que no sucede en nuestro país y muchas partes del mundo, lamentablemente. Más allá de darle la razón a Kohlberg —pues muchos adultos tampoco llegan a deliberar racional y moralmente y realizan actos que dañan a otros—, este niño es la manifestación de una sociedad que tiene una tarea titánica en la educación y en la convivencia cotidiana. No somos ni una pálida sombra de aquella paideia griega que se concebía en sus ideales como una sociedad educadora, donde todo el ambiente formaba a los ciudadanos en ciertos valores y principios. Si bien los niños y niñas de esta edad no han formado su juicio moral, la inteligencia de sus años, expresada en su autonomía progresiva, les permite reconocer cómo funciona realmente la sociedad, y el mensaje que viven día a día es de violencia, de abuso, de pasar por encima de los demás, de falta de límites, de falta de respeto, carente de estructura moral o con estructuras morales perniciosas o ambigüas. ¿Cómo les pedimos entonces que actúen de tal o cual manera?
Creo que una buena alternativa es tomar en serio, no sólo para la educación en las escuelas sino para los pactos cívicos, una ética que ayude a reconfigurar nuestras relaciones sociales. La ética de la no-violencia —de inspiración gandhiana—, aporta núcleos mínimos de coexistencia con las y los otros que pueden brindarnos luz, pues parte de la premisa de “no hacer daño”, de renunciar a tal capacidad que tenemos todos los seres humanos y que podemos ejercer en cualquier momento en contra de cualquiera. Aunque lo anterior puede ser muy discutible a nivel filosófico o psicológico, me refiero al “no hacer daño” que demanda la racionalidad del juicio moral. Reconocer en el otro a un ser con igual valía que yo permite reconocerle también la capacidad de sufrimiento, y con ello la igualdad que surge de pertenecer a la misma comunidad humana. Es un imperativo desaprender la violencia culturalmente aprendida.
La ética de la no-violencia va más allá de no hacer daño en lo cotidiano; es una fuerza política y social que busca trabajar por el bienestar de todas y todos, es una potencia de la vida que nos encara con un deber social. Las niñas, niños y adolescentes de México (y del mundo) son de todos, pues los actos que cometemos modelan y pueden condicionar a quienes nos rodean. La ética de la no-violencia no se compone de simples e ingenuos deseos de vivir en paz, es una forma de vida que asume como postura una altura moral de gran significado que desmitifica la idea del ser humano como un ser violento por naturaleza, que empatiza con el dolor, valora la vida y reconoce las complejidades profundas de las relaciones humanas y sus conflictos inherentes, y que no sucumbe al deseo de ganar abusando. Al reconocer la conflictividad inherente, promueve actitudes como la tolerancia, el diálogo, la escucha, la empatía, la cooperación y la solidaridad, entre otras; en este contexto, la educación para la paz emerge como la plataforma de la ética de la no-violencia que se encuentra explícita en múltiples instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y también en aquellos relativos a la esfera de la educación, así como en la recientemente reformada Ley General de Educación de nuestro país.
Los nueve disparos del colegio de Torreón son la herencia de un mundo adultocéntrico, obsesionado con la “cultura del tener”, de la competición y de la violencia, herencia que han recibido nuestros niños. Invitémonos a hacer las cosas de manera distinta.
* Mónica Adriana Mendoza González es profesora de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras y del Colegio de Ciencias y Humanidades, ambos de la UNAM. También es especialista en gobernabilidad, Derechos Humanos y cultura de paz. Correo electrónico: [email protected].
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