Nueva planta de gas en Los Cabos, ¿energía para qué y para quiénes?

Mientras se construyen nuevas viviendas para el Programa de Vivienda y Regularización en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciaron la construcción de una Central de Combustión Interna a base de gas natural fósil.

Un argumento para su construcción es que la demanda energética superará a la generación actual, concentrada mayormente en la ciudad de La Paz y distribuida por líneas de transmisión. Para muchxs, esto puede ser una buena noticia: más energía para más hogares, especialmente ahora que se pretende dotar de 37,500 nuevas viviendas a la entidad. Pero hay una pregunta de fondo que aún no tiene una respuesta: ¿energía para qué, y para quiénes?

La nueva central operaría con gas natural fósil, lo que se presenta como un supuesto avance frente al uso del combustóleo en la región (34 %). El discurso oficial afirma que el gas contamina menos, y aunque esto pueda sonar razonable, en realidad se trata de una trampa técnica: el gas fósil sigue siendo tan natural y fósil como el petróleo o el carbón, pero en su cadena de producción, transporte y emisiones termina por contaminar más que el segundo.

En plena crisis climática, y cuando México se ha comprometido internacionalmente a reducir sus emisiones, construir más infraestructura fósil no es una transición, es profundizar el problema y apostarle a la adición.

Baja California Sur tiene un enorme potencial para la generación de energía a partir de fuentes renovables, pues es uno de los estados con mayor irradiación solar del país y cuenta con condiciones eólicas y geotérmicas aprovechables. Aun así, en lugar de transitar hacia un modelo energético descentralizado y limpio, el gobierno apuesta por un megaproyecto fósil anclado a las visiones del pasado.

Una realidad es que nuestro estado es una isla energética, es decir, no está conectado al sistema eléctrico nacional y dependemos totalmente de la energía que aquí mismo se produce. Sin embargo, Los Cabos no cuenta con la capacidad portuaria para recibir a los buques metaneros que transportan el requerido gas, éste tendría que ingresar por la bahía de Pichilingue, en La Paz, misma que es la puerta de entrada para decenas de especies al Golfo de California, como lo son el tiburón ballena y diversidad de mamíferos marinos.

El tráfico marítimo de buquetaques representa un altísimo riesgo para estas y otras especies, pues la contaminación acústica y los posibles derrames son una amenaza directa a su supervivencia. Todo esto queda fuera de la visión de impacto ambiental, puesto que los efectos acumulativos no forman parte de los parámetros para la revisión y posible autorización de estos megaproyectos.

Lo técnico es claro: la planta supera aproximadamente en 400 % la demanda proyectada por todas las nuevas viviendas del programa mencionado. Si se tratara solo de abastecimiento para el tan necesitado sector social que las ocupará, no sería necesaria esta sobredimensión, así que vuelve a surgir la pregunta, ¿para quién es el resto de esta energía?

Y la respuesta está en el territorio, pues esa energía podría ser la puerta de entrada para detonar nueva infraestructura turística-inmobiliaria, especialmente en la zona de Cabo del Este, una región con vocación de pesca ribereña, rural y ecológica que ha resistido hasta ahora la expansión del modelo híperextractivo de Los Cabos. Sin electricidad suficiente, dicho modelo no puede avanzar, por lo que esta central estaría abriendo la puerta.

Hablar de vivienda social es más que legítimo, pero utilizarla para justificar megaproyectos fósiles que sirven al turismo de lujo y exacerbar las desigualdades es profundamente injusto, pues se prioriza el negocio inmobiliario por encima de la salud pública, la biodiversidad y las economías locales.

El crecimiento sin control de desarrollos turísticos ya ha mostrado sus impactos en Los Cabos: inequidad de acceso a la energía —mientras las colonias donde habitan las personas que sostienen a los grandes resorts se quedan sin luz ante la sobredemanda, la infraestructura turística continúa con aires acondicionados y bombas para sus albercas funcionando 24 horas al día—, falta de agua suficiente para una vida adecuada, especulación del suelo, desplazamiento de comunidades e insuficiencia de servicios públicos. Continuar con este modelo es agravar la crisis ambiental y social.

Además, esta central duplicaría la cantidad de emisiones a la atmósfera, lo que traería consecuencias muy graves que no se limitan a la contaminación, sino más enfermedades respiratorias y la incapacidad de cumplir con las metas nacionales propuestas en acuerdos internacionales, aumentando así la crisis climática por calentamiento global. Esto resulta especialmente contradictorio, pues impulsar vivienda “digna” no debería de ser una condena para habitar un espacio tóxico.

Esta coyuntura es una oportunidad para replantear el modelo de supuesto desarrollo que sigue esta región, la Secretaría de Energía y la CFE tienen la oportunidad de proponer una solución energética realmente innovadora, como podrían ser la microgeneración distribuida a partir de fuentes renovables, lo que representa un modelo escalable, adaptado al entorno local y respetuoso con ecosistemas y comunidades.

La decisión no puede tomarse a la ligera, pues la pregunta rectora “¿energía para qué, y para quiénes?” tiene que discutirse en lo colectivo; que sean las propias comunidades las que decidan para qué necesitan más energía y cómo debería de ser generada. Algo que solo puede lograrse con la apertura al diálogo, la transparencia y la apuesta por un modelo energético que vaya de la mano de las personas, no bajo la misma dependencia tóxica en combustibles fósiles.

No permitamos los engaños. Esta central no es energía para el pueblo, es para consolidar un modelo turístico extractivista que coloniza el territorio, gentrifica la economía y depreda la biodiversidad. En su lugar, necesitamos soluciones a largo plazo para quienes vivimos aquí, para quienes dependen del mar, de la pesca, de las ballenas y de la cultura local.

Es momento de que el gobierno federal actúe congruente a su discurso, revise sus prioridades y que la política energética no sea dictada por el capital y los grandes empresarios. Es momento de que la energía sirva para sostener la vida, y no como motor para el exterminio.