La nueva legislatura, ¿cómo empezamos y hacia dónde vamos?

La mañana del 16 de octubre, un chorro de agua empezó a filtrarse por una de las tuberías en el Senado de la República mojando las baldosas negras del Patio del Federalismo. La presión acumulada en aquel borbotón era muy parecida a la fuerza con la que el “plan C” de AMLO venía empujando desde que se supo que Morena tendría mayoría calificada en la LXVI Legislatura.

En menos de cinco meses, Morena y sus aliados lograron aprobar cambios normativos de gran calado que ahora forman parte de un nuevo proyecto de nación y que sentiremos en los años por venir.

Sin embargo, el apresurado proceder parlamentario, combinado con la falta de liderazgo y la fragmentación de la oposición, ha expuesto un desaseo procedimental que resulta difícil de borrar bajo el cómodo argumento de “es lo que el pueblo quería”.

Este primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura marcará el rumbo del sexenio tanto por la relevancia de las reformas aprobadas como por el modo en que se han implementado. Lo que está en juego trasciende una ambiciosa agenda legislativa de transformación institucional; se trata de la capacidad del oficialismo para legitimar un proyecto político bajo un discurso que ha tardado más de dos décadas en consolidarse.

En este texto presento un recuento de los episodios más representativos de este periodo legislativo, que no solo ilustran la magnitud de los cambios impulsados, sino también las grietas procesales en una transformación que, aunque ambiciosa, ha estado marcada por descuidos, improvisación y desorden. Estos eventos refuerzan la percepción de que, en la prisa por consolidar las bases jurídicas de la autodenominada 4T, el Congreso ha quedado superado por el desafío de equilibrar eficacia legislativa con la legitimidad institucional que todo nuevo régimen político requiere. Sí, incluso aquellos en los que el pueblo le da la mayoría a alguna opción política.

Una legislatura polémica desde el origen

Con el 46.49 % de los votos, Morena y sus aliados obtuvieron el 73 % de los escaños en la Cámara de Diputados, asegurando una mayoría calificada sin necesidad de acuerdos con la oposición. Aunque conforme a las reglas electorales vigentes, esta desproporción (por cierto la más abultada en el México contemporáneo) desató críticas por distorsionar la voluntad ciudadana y poner en entredicho al sistema electoral, el INE y el Tribunal Electoral. Mientras la oposición lo calificó como un “asalto al voto”, diputados oficialistas como Reginaldo Sandoval (PT) argumentaron que esta mayoría se alcanzó legítimamente bajo las reglas creadas por el sistema anterior, un punto que subraya la tensión entre legalidad formal y percepción democrática en un Congreso que inicia con controversias profundas de legitimidad originaria.

Caos en la Sala de Armas: la Reforma Judicial bajo la lupa

Apenas tres días después de su instalación, la Cámara de Diputados sesionó en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca tras un acuerdo apresurado para trasladarse debido a los bloqueos de manifestantes en San Lázaro. Aunque justificado legalmente por las autoridades legislativas, el cambio de sede con poca antelación en su aviso generó tensiones y dudas sobre la legitimidad del proceso. La sesión destinada a aprobar (no a debatir) la reforma al Poder Judicial, enfrentó acusaciones de ilegalidad, ausencia de quórum formal y procedimientos irregulares, como el registro manual de asistencia y votaciones de viva voz, sin mencionar que diputados como Sergio Mayer creían estar votando una reforma al Poder Legislativo.

Mayoría en la cuerda floja

El 10 de septiembre, un episodio inusual puso en duda uno de los principios más básicos del proceso legislativo: cuántos votos son necesarios para alcanzar la mayoría calificada en el Senado. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado declaró que 85 votos eran suficientes, redondeando los 85.33 que representan dos tercios de los 128 senadores. Sin embargo, esta interpretación chocaría con interpretaciones, casos de congreso locales y jurisprudencia que establece que los decimales deben redondearse hacia arriba, fijando el umbral en 86 votos. Aunque se intentó proceder con 85, las críticas de la oposición y de expertos obligaron a rectificar. Este episodio, sorprendente en un órgano con más de 160 años de experiencia, reflejó no solo una confusión técnica, sino también la influencia del cálculo político en un Congreso fracturado, subrayando los desafíos para garantizar la legitimidad de las decisiones parlamentarias.

Reforma Judicial: entre asaltos, alianzas y cuestionamientos

La aprobación de la reforma judicial en el Senado no fue menos dramática que en su colegisladora. El 11 de septiembre, trabajadores del Poder Judicial irrumpieron en el recinto, ocupando curules y tribunas en un episodio sin precedentes (al menos en esa sede). La reaparición de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, para votar a favor tras la licencia solicitada por su hijo, junto con la ausencia del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano, resultaron cruciales para que Morena y sus aliados lograran la mayoría calificada. La figura de Yunes, quien posteriormente asumiría un papel protagónico en Morena, intensificó las críticas por posibles pactos políticos, debilitando aún más al liderazgo opositor. Este proceso abrió un importante debate sobre la legitimidad legislativa (a la venta) y el respeto al Estado de derecho en México.

¿Congreso abierto?

El Senado de la LXVI Legislatura ha desatado críticas por decisiones que parecen contradecir los principios de un Congreso abierto. Restricciones de acceso a la prensa, quitar espacios físicos a  periodistas de la fuente por festejos, o casos como el intento de declarar privada la comparecencia de Juan Ramón de la Fuente—detenidos solo por presión pública—y así como limitaciones para entrevistas a funcionarios en comparecencia (como Rosa Icela Rodríguez), han generado preocupación al proyectar una imagen de opacidad en la cámara, cuestionando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

La piedra que no quiso rodar

La reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH en noviembre de 2024 expuso tensiones políticas y cuestionamientos sobre la independencia de la institución parlamentaria. Pese a los rumores de que Claudia Sheinbaum prefería otra candidata, la operación liderada por Adán Augusto López consolidó la influencia de Andrés Manuel López Obrador en el proceso. Denuncias de boletas premarcadas, una votación pública que rompió con la tradición de voto secreto y críticas de organizaciones civiles, como el Centro Prodh, señalaron un proceso más político que técnico. Recordando su polémica elección en 2019, este episodio reavivó dudas sobre la autonomía de la CNDH y dejó en evidencia la politización de las instituciones clave del país.

Supremacía cuestionada

La reforma de supremacía constitucional, aprobada el 30 de octubre de 2024, ha enfrentado intensos cuestionamientos por presuntas irregularidades en su proceso legislativo. Uno de los casos más polémicos fue el del diputado Pedro Haces, cuyo voto apareció registrado a favor de la reforma a pesar de su ausencia en la sesión, algo que él mismo admitió. El presidente de la Mesa Directiva atribuyó el incidente a un error técnico en el sistema de votación (similar lo que ocurriría en diciembre de 2024 con las listas de aspirantes al poder judicial, que incluían nombres repetidos o sin registro). Aunque el voto de Haces fue eliminado al día siguiente, inicialmente contribuyó a alcanzar la mayoría calificada. La controversia creció con rumores de que el diputado habría estado en Nueva York durante la final de la Serie Mundial, lo que él negó diciendo que “solo rinde cuentas a sí mismo”.

El “exprés legislativo”

La velocidad en el procesamiento de las iniciativas por parte de los congresos locales en México alcanzó nuevas alturas en este primer periodo de la LXVI Legislatura. La Reforma Energética de 2013 había sido el antecedente de procesamiento más ágil para una reforma, pues fue aprobada en un promedio de 4 horas y 30 minutos por Congreso local. Sin embargo, la reciente Reforma de Supremacía Constitucional fue aprobada en tan solo 33 minutos en promedio, alcanzando las 17 entidades necesarias en apenas 16 horas. Casos como el de Veracruz, con un debate de apenas 11 minutos, o Zacatecas, el primero en avalarla 57 minutos después de recibirla, evidencian una velocidad inédita en esta tarea. Si bien estas cifras destacan la coordinación política de Morena y sus aliados, también plantean serias dudas sobre la calidad de las reformas y el costo democrático de un modelo legislativo que prioriza la rapidez sobre la deliberación.

Descuido de las formas y el proceso

La desaparición de siete organismos autónomos, incluido el INAI, estuvo marcada por errores legislativos y cuestionamientos de especialistas. Durante la discusión, Morena utilizó un dictamen desactualizado que omitió reformas recientes, como las disposiciones sobre la “supremacía constitucional” y la Guardia Nacional, errores que intentó subsanar mediante una “fe de erratas”, lo cual constituye un error procesal fundamental. En el Senado, la falta de quórum verificado y un análisis técnico insuficiente intensificaron las críticas a un proceso que evidencia la centralización del poder y el debilitamiento de los contrapesos democráticos.

Un desliz legislativo: la prohibición constitucional de vapeadores y sus implicaciones

El 4 de diciembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que prohíbe los vapeadores, lo cual desvía la Constitución de su propósito esencial como norma suprema destinada a establecer principios fundamentales y derechos generales, no a regular productos específicos sujetos a cambios científicos y tecnológicos. Asimismo, esta medida, al carecer de flexibilidad para ajustarse a nueva evidencia, contradice resoluciones judiciales previas que declararon inconstitucionales prohibiciones similares y genera riesgos como el aumento del mercado negro, la pérdida de ingresos fiscales y el deterioro del control de calidad. Además, equiparar en el texto constitucional productos de impacto sanitario tan distinto, como los vapeadores y el fentanilo, refleja una deficiencia en la técnica legislativa, ignorando la necesidad de regulación específica y adaptable en lugar de prohibiciones rígidas.

Y lo peor. La oposición no mete ni las manos

El 5 de diciembre el Senado aprobó, con el respaldo mayoritario de la oposición, medidas que limitan significativamente el tiempo y las condiciones para la deliberación legislativa, tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias. La anticipación para convocar a comisiones se redujo de 72 a 36 horas en sesiones ordinarias y de 24 a 12 horas en extraordinarias. Además, el tiempo de intervención de las minorías al presentar votos particulares en contra de un dictamen se disminuyó de 10 a 6 minutos. Este acuerdo, aprobado con 97 votos a favor y solo uno en contra, evidencia una dinámica política que prioriza la rapidez sobre la calidad del debate.

Conclusión

Hoy tenemos un Congreso que legisla sin contrapesos efectivos, sin respeto a las normas y procedimientos, sin apertura al escrutinio de los medios, sin disposición al diálogo y con una oposición debilitada, fragmentada y que ha sido un mero testigo de los atropellos legislativos. Esto no augura un rumbo favorable para la democracia ni para el fortalecimiento institucional del país.

Durante este primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura, la autodenominada 4T ha demostrado una notable capacidad para impulsar reformas de gran calado, superando obstáculos con un dramatismo digno de telenovela. Sin embargo, el verdadero desafío no radica en reformar a cualquier costo, sino en garantizar la legitimidad de estas transformaciones a largo plazo. De no hacerlo, lo que hoy parece un triunfo legislativo celebrado por algunos defensores de la llamada 4T podría convertirse en un arma de doble filo, comprometiendo no solo la estabilidad política, sino también la credibilidad de un proyecto que prometió transformar las reglas del juego sin romperlas.

A quienes encabezan la autodenominada 4T les diría que la historia no se ha cansado de recordarnos que la legitimidad no se limita al respaldo electoral o al apoyo popular; también requiere un estricto apego a los procedimientos, pues son estos los que refuerzan la confianza en las instituciones democráticas. Sin ese equilibrio, los avances legislativos pueden debilitar el sistema en lugar de fortalecerlo. En cualquier régimen con aspiraciones mínimamente democráticas, los procedimientos parlamentarios no son simples rituales, sino pilares que garantizan que el ejercicio del poder respete la voluntad del pueblo hecha ley.

Para nuestra nueva presidenta, este inicio de administración presenta un doble desafío: por un lado, mantener el impulso reformista que define su proyecto político; por otro, asegurar que estos avances se construyan sobre bases procesales sólidas que refuercen la legitimidad democrática. Aunque la llamada 4T cuenta con una mayoría dominante en el Congreso, ese poder no garantiza estabilidad perpetua, mucho menos en el interior del movimiento. El verdadero reto será evitar que la velocidad de las decisiones desgaste al proyecto con más capital político en el México de hoy o, peor, que erosione la confianza pública en la transformación que su partido busca consolidar.

* Sergio A. Bárcena es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Actualmente profesor investigador de la escuela de humanidades del Tecnológico de Monterrey y director de la asociación civil Buró Parlamentario.