Nueva iniciativa de ley indígena, ¿ahora sí va en serio?

El XX aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) puso de nuevo el tema indígena en los medios por unos días. En esta coyuntura, Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, anunció que se está preparando una iniciativa de ley “de gran calado”, que no solamente retomará los Acuerdos de San Andrés, sino que incluirá elementos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras normativas nacionales e internacionales.

[contextly_sidebar id=”2ec6fd5b1539816232bdf63d751049d4″]Lo anterior es sin duda una buena noticia, pues desde hace tiempo es indispensable una ley de esa naturaleza que defina políticas públicas adecuadas para los pueblos indígenas, que contenga elementos que permitan realmente combatir la pobreza y el rezago en el que se encuentran, y que frene el despojo del que están siendo objeto desde hace años. Y ojalá sirva para normar temas como el de la consulta previa, libre e informada (o se haga además una ley específica para ésta) pues, si bien de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se debe realizar, hasta la fecha no hay una ley que especifique cómo llevarla a cabo.

Martínez Veloz informó que desde hace seis meses está trabajando con abogados y expertos la mencionada iniciativa. No menciona quiénes son, pero esperemos que entre ellos estén incluidos los dirigentes indígenas que llevan años trabajando el tema y que son quienes de verdad conocen la situación de los pueblos originarios de nuestro país.

Ojalá la mencionada iniciativa incluya cambios en la estructura institucional. Que transforme (¿o desaparezca?), por ejemplo, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que desde su creación no ha dado resultados (basta ver las estadísticas de marginación de las comunidades indígenas para constatarlo), o al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que no ha hecho mucho más que inventariar las lenguas “en peligro de extinción”. Que recoja, en este sentido, propuestas como las planteadas aquí por el etnólogo José del Val (quien supongo estará entre los expertos consultados), de crear una procuraduría de los derechos de los pueblos indígenas, con atribuciones que le permitan garantizar el cumplimiento de los derechos de estos pueblos, y una subprocuraduría de los territorios indígenas que asegure “la propiedad y potestad de los pueblos sobre su territorio y los proyectos que se realicen en los mismos”.

Pero más que todo, ojalá haya de verdad voluntad política del gobierno en turno, no solamente para generar la iniciativa de ley, sino para vigilar que se cumpla una vez que se apruebe y entre en vigor, ya que, hasta la fecha, la poca legislación que existe sobre los derechos de los pueblos indígenas no ha servido de mucho, pues más bien ha sido en general ignorada salvo en los casos en que los propios pueblos acuden a ella. Y que esa voluntad política lleve también a que, si se crean nuevas instituciones, sean encabezadas por personas expertas en el tema indígena, cuya trayectoria garantice que funcionen. De otra manera, la ley en cuestión no mejorará la situación de los pueblos indígenas y servirá solamente para presumirla a nivel internacional, tal vez en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas que se llevará a cabo en septiembre, en la sede de Naciones Unidas de Nueva York.

@yotlacuila