Nuestro pecado: la verdad

Tenemos que revivir las Acciones Colectivas, recursos legales que, como su nombre lo indica, facultan a grupos afectados para que autoridades omisas y oligarcas sin escrúpulos restituyan daños y eviten malas prácticas para que no se repitan. El proyecto vigente, aprobado por las dos Cámaras en 2011, es parcial, discriminatorio e insuficiente. En su actual condición, sirve muy poco o casi nada para enfrentar políticas públicas equivocadas, o impedir que se repitan tragedias evitables; tampoco para defender áreas verdes en peligro inminente de extinción, o grupos vulnerables, o para fortalecer a usuarios de bienes y servicios masivos, que abusan sistemáticamente de sus clientes con precios altos y fallas consuetudinarias.

Lamentablemente, y como suele suceder en México, no se cumplieron las expectativas porque los grandes consorcios y los tres niveles de gobierno, sus alcahuetes, son enemigos de cualquier tipo de control ciudadano o judicial. Los mecanismos de defensa que se utilizan en el resto del mundo, aquí son anatema. Queda demostrado, como si apenas hiciera falta, qué tan lejos nos hallamos de vivir en condiciones de verdadera democracia, o de un régimen político y económico que responda a las necesidades de la gente. La ‘reformas’ recién adoptadas afianzan nuestra indefensión.

Para ser exitoso, un nuevo intento por implementar mecanismos colectivos de defensa que reviertan inequidades presentes y futuras requiere de niveles de participación similares a los obtenidos cuando a partir de noviembre de 2007 se convocaron foros y reuniones con especialistas, académicos e integrantes de la burocracia que compartieron la necesidad de incorporar esta figura jurídica –aunque con varias décadas de rezago- en nuestro país.

Fueron foros y mesas de trabajo organizadas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Suprema Corte de Justicia que derivaron en propuestas concretas presentados en 2008 ante el Senado; con amplia cobertura de medios y una vertiente local que se ensayó posteriormente en la Ciudad de México en 2009, pero que también naufragó ante la negativa de Marcelo Ebrard -de su tribu y camarilla en la Asamblea, para ser más exactos- por establecer un régimen consolidado de Acciones Colectivas en el DF ante la negativa de los poderes federales y fácticos de extendernos plenos derechos a nivel nacional. Las Acciones Colectivas finalmente nacieron con el único propósito de fracasar.

Debemos replantear nuestra propuesta ciudadana, a efecto de que sectores afectados equilibren una relación desigual (la de usuarios y proveedores, o de ciudadanos hacia servidores públicos que malgobiernan sin ningún tipo de control; iniciativa que fue entregada por legisladores en bandeja a los peores intereses empresariales que al final redactaron la aberración votada hace más de tres años), que favorece escandalosamente a los empresarios y políticos de siempre.

Es preciso transformar de raíz, ampliándolo, el entorno actual de las Acciones Colectivas: llevarlas a niveles internacionales de exigibilidad, transparencia y rendición de cuentas. Modificar y revertir las facetas más graves de leyes como la de Telecomunicaciones o Energía, y las versiones estatales que violan derechos básicos garantizados por vía de tratados internacionales que han sido suscritos por el Estado Mexicano. En suma: urge involucrar de lleno a la sociedad civil, antes de que sea demasiado tarde, en la toma de decisiones fundamentales y en su eventual implementación.

Hoy, estas vitales herramientas de cambio se limitan a cuatro ámbitos específicos: consumo, servicios financieros, competencia económica y medio ambiente. Por diseño, resulta imposible demandar al Estado por sus excesos u omisiones (a excepción de aquellos servicios que actualmente proporciona, como en el caso de Pemex o CFE), o promover juicios en defensa de los Derechos Humanos. A diferencia de su uso en países similares al nuestro (Colombia, Brasil, Chile, Argentina, El Salvador), los alcances de las sentencias en donde sí podría aplicarse una sanción sólo son limitados a aquellas personas que se hubiesen inscrito específicamente en el grupo afectado (modalidad opt–in, adoptada sólo en México y uno o dos países más). Del universo de millones de personas que podrían beneficiarse, y a contracorriente de lo propuesto originalmente, se redujo el horizonte a unos cuantos obligados a navegar por trámites engorrosos y requisitos bizantinos, diseñados precisamente para diluir la efectividad de esta figura jurídica que funciona en otros lados para encauzar políticas públicas a favor del bien común.

Por supuesto no en México, excepción universal. Aquí nos mantenemos subordinados a una casta que impone sus condiciones a placer, sin equilibrios institucionales u opciones válidas de resarcimiento.

Y entonces nos preguntamos, como el coro de la canción sudafricana compartida a continuación … ¿Senzeni na?

¿Qué hemos hecho nosotros (se entiende, para merecer esto)? Coro Juvenil de Cape Town, Sudáfrica

 

La frase clave de la tonada en idioma zulu/xhosa es: Sono sethu yinyaniso.

Nuestro pecado es la Verdad. Parafraseando a George Orwell (1903-1950): la Verdad como ‘Traición, en el Imperio de las Mentiras’.

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Uno diría que se trata de pasar de las palabras huecas (que son burla a la memoria de los ausentes), a los hechos, de hacer lo correcto, aunque tarde. Tarea casi imposible para sociedades asediadas e indolentes, o regímenes mendaces como el nuestro.

Han transcurrido varias semanas desde que representantes oficiosos del gobierno federal en el DF se comprometieron a agendar una reunión de Enrique Peña Nieto con padres de la Guardería ABC. Así se evitó que Estela Báez iniciara su huelga de hambre, previsto en la Ciudad de México para el 19 de julio pasado, y que hubiese comprometido su salud; quizás, hasta su vida. Desde entonces y fiel a las costumbres nacionales, no se ha sabido más del tema. El presidente elude otra vez una responsabilidad asumida en múltiples ocasiones. Estela y su esposo Julio César Márquez, ambos padres de ‘Yeyé’, junto con otras cuarenta y ocho familias de niños fallecidos y decenas cuyos hijos e hijas sufrieron lesiones de todo tipo, siguen esperando. ¿Será hasta fin de sexenio, cuando se requieran votos para la causa del PRI en las elecciones federales, que Peña Nieto finalmente los reciba? ¿O le tocará a su sucesor lucirse ante cámaras y micrófonos, y jurar (ahora sí, créanlo), que ‘pronto’ se va a hacer justicia durante el sexenio 2018-24?

Recordemos que cuando el mexiquense era aún candidato por la presidencia, se reunió con familiares durante su gira en Ciudad Obregón, Sonora; que en esa ciudad y ante ellos, dijo que, de ser favorecido por el voto popular, el caso ABC iba a ser ‘una de las principales prioridades’ de su presidencia.

Han pasado más de dos años desde entonces; ya dentro del Peñanietato propiamente dicho, el 5 de junio de 2013 -cuarto aniversario del incendio- se nombró un subprocurador especial de la PGR que ‘investigaría la investigación’ inicial. Cero resultados. Puras declaraciones coyunturales, para salir del paso. Duró unos cuantos meses en el puesto, suficientes para que la opinión pública y la mayoría de los medios de plano se olvidaran. Dejó de laborar en la Procuraduría en enero de 2014. Su cometido quedó acéfalo, con una encargada del despacho que no da la cara, y Renato Sales Heredia fue trasladado a la Secretaría de Gobernación para fungir como zar antisecuestros. Una pieza más del ajedrez desquiciante en el que se resuelven arreglos, componendas y pleitos cupulares.

Si existiese la opción de emprender Acciones Colectivas fuertes, amplias e incluyentes (para todos los temas imaginables), quizá tendríamos la oportunidad de cerrar con éxito capítulos, hoy inconclusos: en el limbo, del cinismo y la desesperanza.

Sin procesos jurídicos sólidos que son de uso común en múltiples países, que contrapesen decisiones arbitrarias y afectaciones permanentes, México jamás superará su condición arquetípica de paria, donde el imperio real de la ley -el combate frontal a la corrupción e impunidad, y la lacerante desigualdad que acarrea perniciosas consecuencias- seguirá siendo simple buen deseo. Inalcanzable aspiración, sin esperanza alguna de cumplirse.

Nuevamente: Sono sethu yinyaniso.

 

@alconsumidor