Nuestras voces en los estados

Hoy tenemos el gusto de contar con un nuevo espacio de opinión que generosamente abre Animal Político a Nosotrxs en los estados. Este se suma a la contribución que han venido haciendo integrantes de nuestro movimiento regularmente en el blog Nuestras Voces en este medio informativo. En este nuevo espacio, que llamamos Nuestras Voces en los Estados, habremos de plasmar las expresiones y opiniones de quienes nos representan en 21 entidades de la República, así como de ciudadanas y ciudadanos que desde más de 250 colectivos luchan diariamente por causas que reclaman justicia y el ejercicio a cabalidad de los derechos que la ley les reconoce y que les han sido, les son y les siguen siendo vulnerados de manera sistemática.

El pasado 21 de marzo, Nosotrxs celebramos el quinto aniversario de la proclamación del manifiesto de primavera, documento que fue suscrito por quienes fundamos este movimiento en 2017 y que ha sido ampliamente difundido a lo largo y ancho del país. Ahí declaramos que no buscamos el poder porque este ya es nuestro, que no iremos en contra del Estado porque Nosotrxs somos el Estado, que no se trata de ir en contra de la ley sino hacerla valer y mucho menos de atacar la democracia porque esta nos pertenece. Conscientes que somos los ciudadanos los titulares de la soberanía y la vida pública, en aquel día convocamos a organizarnos e integrarnos a colectivos en todos los barrios, colonias, pueblos y ciudades para reclamar nuestro derecho a un país menos desigual, más justo y libre de corrupción.

Al cumplirse cinco años de aquel evento inaugural en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, hoy podemos sentirnos contentos de haber logrado conformar una organización ciudadana independiente, capaz de poner en la agenda pública nacional problemáticas que se han convertido en causas ciudadanas representativas de flagrantes y sistemáticas violaciones de derechos fundamentales, como lo son el derecho a la salud, el derecho al trabajo digno, el derecho a una vida sin violencia, el derecho a un ingreso vital en situaciones de emergencia en casos como la pandemia del COVID-19, el derecho a un sistema de cuidados que equilibre la sobrecarga de las labores de cuidado que hoy cubren las familias y recaen de manera desproporcionada en las mujeres.

Nos hemos transformado en un actor colectivo reconocido por la congruencia y consistencia de sus argumentos para señalar la corrupción como fenómeno sistémico y no sólo como el resultado de acciones de individuos que desde el poder cometen múltiples trapacerías y abuso de atribuciones, malgastando los impuestos que todas y todos pagamos. Son causas que hemos hecho nuestras y que desde el ámbito nacional difundimos y defendemos.  Pero no solo eso, también contribuimos con propuestas de solución a problemas concretos que subrayan las enormes desigualdades que padecemos, como es el caso de las investigaciones para acabar con el desabasto de medicamentos, la participación en el Consejo Consultivo para la Reconstrucción en la Ciudad de México, que vigila que los dineros públicos dedicados a la reconstrucción en comunidades afectadas por los sismos se utilicen de manera transparente y rindan cuentas claras; el impulso a los cambios en la Ley Federal de Trabajo para que los derechos laborales de las  trabajadoras del hogar sean reconocidos y los esfuerzos para que lo mismo suceda con los trabajadores de plataformas digitales; las acciones para fomentar una cultura de paz que nos permita vivir libres de violencias;  la exigencia para que se respete la autonomía universitaria y libertad de cátedra, así como la libertad de prensa y de pensamiento.

Sin embargo, desde una perspectiva regional o local, de poco sirve decir que se conoce y se han recorrido todos los municipios del país si de lo que se trata es de imponer una narrativa centralista que desdibuje la pluralidad de la nación. De poco sirve presumir las cifras récord de remesas recibidas del extranjero si no se entiende que estas sustituyen, de hecho, la obligación del Estado para garantizar el acceso a tratamientos médicos de calidad, o a una educación pública pertinente, o a servicios de cuidado infantil y de adultos mayores, o para la obra pública más básica de alcantarillado, pavimentación y distribución de agua en miles de comunidades. El creciente influjo de remesas que reciben las familias mexicanas ha representado, de facto, el ingreso vital de emergencia para proveer de satisfactores básicos al que deberían tener derecho quienes más lo necesitan en tiempos de una pandemia que aún está entre Nosotrxs y que ha causado desempleo y subempleo masivo.

Desde la realidad que viven los habitantes de pueblos y comunidades rurales, pero también de centros urbanos y ciudades medias, de poco sirve presumir los avances de una fallida estrategia de combate al crimen que pone en entredicho la primera obligación de la autoridad: garantizar el derecho a la vida y la seguridad de la población. Una estrategia que no ha logrado disminuir las violencias ni las muertes, sino, además, niega la tragedia de la desaparición de personas que sigue aumentando día con día y omite discutir la negligencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto del poder ejecutivo, como del legislativo y del judicial, que rehúyen a la responsabilidad de garantizar el derecho a ser buscado y encontrado.

Todo ello ha contribuido a normalizar el caos en que vivimos, a deshumanizar la tragedia en la que nos encontramos, porque no se trata de cifras ni de otros datos, se trata de vidas e historias de personas como Nosotrxs. En cientos de municipios y comunidades en donde se ha borrado la línea que separaba a las autoridades electas de los criminales, la población se pregunta de manera legítima: ¿quién es el verdadero garante de los derechos aquí?, ¿acaso se trata del surgimiento de un Estado paralelo en el que conviven autoridades y criminales? Desde hace décadas sufrimos las consecuencias de gobiernos cooptados que perdieron su capacidad para negociar la obediencia de la ley con grupos de interés dedicados a extraer rentas públicas desde las más altas esferas del poder económico. A esa grave anomalía, se agrega el sometimiento de autoridades locales por parte de delincuentes que se apropian de funciones básicas de los gobiernos municipales e incluso estatales como la seguridad, el cobro de impuestos, y la obediencia de la ley.

Desde la abrumadora narrativa que se nos impone desde el centro del país, se pretende dejar de escuchar las voces que denuncian carencias y problemáticas específicas de regiones enteras del territorio nacional como la disputa por el agua, el desorden del crecimiento urbano, el abandono en el que se encuentran escuelas y hospitales públicos, la maltrecha infraestructura de caminos y carreteras locales, el acaparamiento de productos básicos, la deforestación de bosques, la contaminación de lagos, ríos y mantos acuíferos, el tráfico, la trata y la desaparición de personas y la negligencia de autoridades para buscarlos y encontrarlos, la falta de seguridad social para miles de jornaleros y trabajadores agrícolas, el contubernio entre autoridades locales y delincuentes en las funciones de seguridad pública, procuración de justicia, asignación de obra pública y un largo etcétera de agravios que surgen de realidades locales complejas y contrastantes, que dejan en completa indefensión a sus pobladores.

Nos encontramos ante un nuevo intento de hegemonía política promovida desde los más altos círculos del poder público, que pretende negar nuestra pluralidad e imponer un pensamiento único, por más que lo quieran negar. No hay mejor antídoto para que ese propósito logre consolidarse que elevar las voces que dan cuenta de esa diversidad de pensamiento que obliga a la moderación y la tolerancia.  Nadie ha sugerido que vivir en democracia sea sencillo, como ha dicho Jesús Silva Herzog Márquez en su reciente libro titulado “La casa de la contradicción”, pero cualquier alternativa es mucho peor. No queremos habitar en un país de opresión en el que se cuarten las libertades, sea por gobernantes déspotas y autócratas o por poderes fácticos que nos imponen su voluntad. Queremos seguir construyendo un país de instituciones y leyes capaces de responder con eficacia a las múltiples necesidades y legítimas demandas de las y los mexicanos.

De todo esto y más escribiremos en este nuevo espacio que nos ofrece Animal Político. La intención es plasmar las problemáticas específicas en municipios, estados y regiones del país desde la perspectiva de que quienes ahí habitan, pero al mismo tiempo, promover la comunicación, la unión y la fuerza entre miles de colectivos de ciudadanas y ciudadanos que reclamamos, desde distintos lugares, el pleno ejercicio de los derechos que la ley nos reconoce, sabedores que la lucha por esas causas, al margen de credos, costumbres e ideologías, nos son comunes y que solo podremos lograr avances si nos seguimos organizando para ir #EnBola.

* Juan Carlos Foncerrada es representante de Nosotrxs en Michoacán (@NosotrxsMX).